Los ERTE son cada vez menos eficaces

Efectiva en el corto plazo, esta herramienta termina subsidiando empleos sin futuro en el largo

A cierre de 2020, el 4,7% de todos los asalariados permanecían en régimen de ERTE
A cierre de 2020, el 4,7% de todos los asalariados permanecían en régimen de ERTECristina Bejarano

El Banco de España acaba de publicar el primer análisis pormenorizado sobre la política laboral estrella de 2020 (y, de momento, también de 2021): los ERTE. Esta suspensión (o reducción de jornada) de las relaciones laborales subsidiada por el Estado ha sido la principal herramienta de mantenimiento de los puestos de trabajo durante la pandemia, de modo que conviene detenerse a analizar cuáles han sido sus principales efectos.

Primero, a cierre de 2020, el 4,7% de todos los asalariados permanecían en régimen de ERTE: una cifra sustancialmente más baja que el 21,9% del segundo trimestre (los tres meses de confinamiento domiciliario) pero que, en todo caso, está muy por encima de lo acaecido en otros momentos históricos, incluso durante crisis pasadas.

Segundo, y por concretar la última afirmación: frente al 4,7% de trabajadores que seguían en ERTE a finales de 2020, solo el 0,5% del total lo estuvieron entre 2009 y 2012. La razón de esta diferencia resulta bastante obvia: la presente crisis tiene una naturaleza totalmente exógena a las empresas (no ha sido provocada por sus malas inversiones) y además se le reputa un carácter transitorio, de modo que tiene más sentido recurrir a herramientas dirigidas a mantener en suspenso el empleo en lugar de despedir definitivamente al personal (algo que tiende a suceder cuando el modelo de negocio se considera inviable en el largo plazo).

Tercero, justamente por la naturaleza exógena y transitoria de la crisis, el 70% de los trabajadores incluidos en un ERTE en el segundo trimestre de 2020 ya se habían reincorporado a un puesto de trabajo en el tercer trimestre. El otro 20% se mantuvo en ERTE y solo el 10% engrosó las listas de desempleados.

Cuarto, las proporciones anteriores son apreciablemente mejores que las experimentadas por los trabajadores que, en lugar de acogerse a un ERTE durante el segundo trimestre del año, fueron despedidos en ese mismo período. Y es que solo el 40% de quienes fueron despedidos entre abril y junio encontró empleo entre julio y septiembre (frente al 70% de quienes entraron en un ERTE). O, dicho de otro modo, el 60% permaneció desempleado (frente a solo el 10% de quienes estaban en ERTE).

Quinto, el aparente éxito que ilustrarían los resultados anteriores se ve enormemente difuminado conforme alargamos el horizonte temporal de los ERTE. Así, la probabilidad de reincorporarse a un empleo entre los trabajadores que se mantuvieron en ERTE durante el tercer y cuarto trimestre del año ya no difería de un modo tan apreciable respecto a las personas que permanecieron desempleadas durante ese mismo periodo de tiempo. Este dato probablemente se deba en parte a que la pandemia se recrudeció durante esas fechas, pero también a que la suspensión

implantada en los ERTE fue cronificándose con el paso de los meses.

Este conjunto de observaciones debería llevarnos a sus conclusiones. Por un lado, que los ERTE pueden ser una herramienta eficaz para minimizar la destrucción laboral en aquellos casos de crisis transitorias donde la sostenibilidad a largo plazo de la empresa no se vea afectada. Por otro, que prolongar durante mucho tiempo los ERTE puede terminar subsidiando puestos de trabajo que deberían desaparecer dentro de empresas que ya no son viables. O dicho de otra forma, el relativo éxito de los ERTE en 2020 no debería llevarnos a considerarlos la panacea frente a todos los males ni tampoco a extenderlos indefinidamente. Y, por desgracia, el actual Gobierno parece que apuesta por este último curso de acción.

Deuda pública 120%

El conjunto de las administraciones públicas españolas cerraron 2020 con una deuda del 120% del PIB. Después de que Bruselas nos haya obligado a computar los pasivos de la Sareb avalados por el Estado como deuda del propio Estado, nuestras obligaciones financieras totales han alcanzado tan disparatada cifra. De momento, parece que no nos enfrentamos a serios problemas de solvencia dado que los tipos de interés de nuestra deuda se hallan a unos niveles razonablemente bajos. Pero no deberíamos confundirnos: ese moderado coste de financiación se debe al apoyo directo a indirecto que nos proporciona Bruselas. Si éste desaparece, sufriremos serios problemas a menos que ejecutemos un ajuste presupuestario profundo: algo que, por cierto, la propia Bruselas nos terminará reclamando tarde o temprano para seguir brindándonos su apoyo.

Caída del PIB

De acuerdo con la AIReF, la estimación adelantada del PIB durante el primer trimestre de 2021 apunta a que éste podría haberse contraído un 1,6%. Es decir, que de momento la recuperación no solo no ha llegado sino que seguimos cayendo. Ya hemos explicado en numerosas ocasiones, que mientras la pandemia no sea controlada, la economía no podrá recuperar todo su vigor, y entre enero y marzo hemos experimentado una muy dura tercera ola que paralizó la mayor parte del país. Convendría, en este sentido, estar preparados para una posible cuarta ola que no solo tendría efectos muy dañinos en la salud de todos aquellos que terminaran viéndose infectados, sino que también continuaría lacerando a la ya muy debilitada economía española. Todavía seguimos expuestos a la amenaza del coronavirus.

Nueva Zelanda

Esta semana hemos conocido que Nueva Zelanda pretende aumentar los impuestos a las rentas más altas, lo cual ha llevado a la izquierda española a reclamar políticas similares para nuestro país. En realidad, sin embargo, el aumento impositivo todavía dejará el IRPF neozelandés significativamente por debajo del español. En particular, el tipo marginal máximo en Nueva Zelanda se elevará del 33% al 39%, cuando en España se ubica en el 47%. Incluso en la Comunidad Autónoma de Madrid, supuesto paraíso fiscal dentro de España según la izquierda, exhibe un tipo marginal máximo del 45,5%. Por no hablar de otras autonomías, como la Comunidad Valenciana, donde el tipo marginal máximo es del 54%. Copiar a Nueva Zelanda, incluso tras su subida de impuestos, implicaría rebajar nuestro IRPF a las rentas más altas.