La bonificación a la salida de trabajadores del ERTE enfrenta a agentes sociales y Gobierno

Primero fue el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, luego la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ayer volvió a reiterarlo la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño: la nueva prórroga de los ERTE llevará implícita una bonificación que favorezca la vuelta de los trabajadores a sus puestos, en detrimento de la actual política de protección de los que permanecen suspendidos. Está claro que el Gobierno quiere dar un golpe de timón a la política de protección del empleo durante lo que resta de pandemia y pretende centrarse en favorecer la reactivación de la actividad laboral previa a la crisis, algo que la patronal ve inviable en las actuales circunstancias, mientras que los sindicatos temen un paso atrás en la protección sectorial. «Lo que tenemos que hacer ahora es ajustar los parámetros y estimular la reactivación, para favorecer la reincorporación de los empleados a sus empresas», manifestó ayer la ministra en declaraciones a RNE.

Si en la última prórroga lo que interesó fue mantener la protección sectorial, en la que empezarán a negociar agentes sociales y Gobierno a principios del mes que viene el objetivo gubernamental es otro: que los mayores incentivos se dirijan ahora hacia la reactivación, más que a la protección, como hasta ahora. La idea del Ejecutivo es bonificar en mayor medida la cotización de los trabajadores que vuelvan a su puesto anterior para acelerar la recuperación.

Pero tanto patronal como sindicatos ya han mostrado sus reticencias y auguran una dura negociación de la próxima prórroga de los ERTE cuando se sienten a la mesa. Empresarios y representantes sindicales coinciden en que todos los recursos deben centrarse en sostener a los empleados que se mantienen expedientados. La patronal va más allá e insiste en que solo es viable la opción que plantea el Gobierno «si las condiciones y la mejora económica se consolida y es real».

Durante la última negociación de esta extensión de los ERTE, los representantes del Gobierno ya trataron de imponer su idea, pero el rotundo rechazo obtenido y la premura de los tiempos les decidió a dejarlo para más adelante. Y no quieren esperar más y plantearán una propuesta basada en igualar las bonificaciones de todos trabajadores reactivados a las de los sectores ultraprotegidos –los únicos con las máximas exenciones–, es decir, que todos los empleados que sean recuperados de su suspensión de empleo tendrán una bonificación del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para el resto.

Por tanto, las exenciones para las empresas se concentrarán en bonificar la vuelta a la actividad, pero no así sobre las cuotas generales de quienes continúen inmersos en los ajustes de empleo, que seguirán teniendo una bonificación inferior. Tres meses después, esta fórmula sigue sin convencer a sindicatos y empresarios, que continúan defendiendo que las ayudas se centren en los que continúen acogidos a los ERTE en vigor.

El Ministerio de Escrivá va a esperar a ver la evolución económica de las próximas semanas para plantear una postura más o menos rígida. Pero las previsiones no le favorecen. La vicepresidenta Calviño le echó ayer un jarro de agua fría al reconocer que su departamento ya se plantea empeorar las previsiones de crecimiento. «El impacto de la tercera ola está siendo más duro que el de la segunda, con unos datos de paro no muy positivos, lo que nos obligará, como al resto de organismos internacionales, a una revisión a la baja».