Las tres grandes diferencias entre Madrid y España

El Partido Popular gusta de sacar pecho de que la Comunidad de Madrid sea la autonomía más liberal de España. Y aunque no haga falta mucho para ser el más liberal entre los antiliberales, es cierto que existen tres características que diferencian económicamente, y para bien, a esta región del resto de España.

En primer lugar, una fiscalidad menos agresiva que la del conjunto del país. Madrid cuenta con el IRPF más bajo de España, es además el único territorio que ha bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio y, finalmente, también disfruta de uno de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones más atractivos de entre todas las administraciones (especialmente para las transmisiones entre familiares directos).

En segundo lugar, Madrid exhibe una menor carga regulatoria en varios frentes fundamentales. Quizá el más conocido sea la libertad de horarios comerciales, esa norma de puro sentido común que permite que cada empresario abra su comercio cuando lo considere oportuno sin que los políticos y burócratas de turno se interpongan en su libertad para tratar de vender a la hora a la que así lo desee (simétrica, por cierto, a la libertad del comprador de comprar en el momento en el que lo prefiera).

Pero Madrid también disfruta de otras normativas más laxas que el resto de autonomías en varias materias que estas han terminado hiperregulando: por ejemplo, las VTC, los apartamentos turísticos o, más recientemente, la nueva Ley de Suelo que facilitará y abaratará la construcción de nueva vivienda.

Y tercero, Madrid también proporciona a sus ciudadanos una mayor libertad de elección en aquellos servicios que el imaginario colectivo adscribe preferentemente a la gestión estatal: a saber, la sanidad y la educación. No se trata solo de que sea la región con mayor penetración del seguro privado de salud o de la escuela privada o concertada de todo el país, sino que la administración autonómica permite que los ciudadanos escojan entre los distintos centros públicos y que los empresarios del sector de la sanidad y de la educación puedan instalarse en el territorio sin la oposición arbitraria y frontal de sus gobernantes.

Estos tres logros –menores impuestos, menor regulación y mayor libertad de elección en educación y sanidad– deberían ser los tres ejes vertebrales del discurso del Partido Popular no solo a nivel regional, sino también nacional. De ahí que si Díaz Ayuso siguiera en el cargo a partir del próximo 4 de mayo, su reto sería esencialmente el de continuar profundizando en estas tres cruciales líneas de actuación. A saber, continuar bajando impuestos (por ejemplo, merced a la rebaja ya prometida del IRPF o también a la de Sucesiones entre tíos y sobrinos), desregulando la actividad (verbigracia, a través de la tantas veces prometida Ley de unidad de mercado) y ampliando los términos de la libertad de elección de servicios públicos (probablemente, y por desgracia, este sea el punto en el que Ayuso ha efectuado menores propuestas de calado, pero no debería desatender proyectos tan ambiciosos como podrían ser el cheque escolar y sanitario o el «homeschooling»).

Si de verdad el Partido Popular quiere colgarse la etiqueta de liberal, como poco deberá empezar a pasar de las palabras a los hechos. Y estos tres ejes de actuación serían un excelente lugar por donde arrancar.

Madrid, locomotora laboral de España

La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2021 confirmó que Madrid está siendo la locomotora laboral del conjunto de España. Y es que, en estos primeros tres meses del año, únicamente tres autonomías crearon empleo: Madrid, Cataluña y Cantabria. Pero la autonomía central fue con diferencia la que demostró un mayor dinamismo, ampliando así su diferencial con el resto del país. Si desde finales de 2019 hasta la actualidad, la ocupación en España se ha contraído un 3,8%, en Madrid lo ha hecho solamente en un 2%. La brecha, además, es muy probablemente superior a la apuntada, puesto que los trabajadores en ERTE se contabilizan como ocupados y la Comunidad de Madrid contiene proporcionalmente menos ciudadanos que se acogen a este programa.

Contracción del PIB

El PIB de España volvió a contraerse entre enero y marzo: lo hizo en un 0,5%, como consecuencia de los efectos de la tercera ola. Dado que la mayoría de autonomías apostó por contrarrestar esta nueva amenaza pandémica por los métodos tradicionales de decretar un confinamiento «de facto» sobre sus poblaciones (restricción absoluta de las actividades de consumo social, incluyendo el cierre de la hostelería, más toque de queda combinado con cierres perimetrales), los daños han sido mayores de los que ya habría ocasionado el virus por sí solo. Resulta absurdo que, contando con un ejemplo dentro del país sobre cómo se puede contener la pandemia con medidas de distanciamiento social más moderadas (a saber, la Comunidad de Madrid), se siga apostando por maximizar, sin necesidad, las restricciones a la movilidad social.

Insolidaridad intergeneracional

De acuerdo con el plan de reformas que ha remitido el Gobierno a Bruselas, no se prevé ninguna congelación ni de las pensiones ni de los sueldos públicos durante los próximos años. Parecería que España no se encuentra en serias dificultades económicas y financieras por el mero hecho de que, por el momento, sigamos siendo capaces de emitir deuda y de refinanciar el vencimiento de nuestros pasivos. Pero cada euro que añadimos de nuevo endeudamiento es un euro que pesará sobre las espaldas de las generaciones futuras: no hoy, pero sí mañana. De modo que seguir echando mano del déficit con un propósito meramente electoralista (maximizar la probabilidad de voto al PSOE por parte de pensionistas y de empleados públicos) es algo profundamente irresponsable.