El Gobierno actual está haciendo celebre la frase de «donde dije digo, digo Diego» o lo que es lo mismo un día apuesta por una cosa y a la siguiente mañana, por su contraria. Desde que comenzó la legislatura, son ya celebres sus tiras y aflojas a la hora de adoptar sus decisiones. Por eso su comportamiento indeciso y de bandazos no iba a ser diferente en la reforma fiscal que prepara, con la que pretende recaudar más de 6.000 millones de euros y que afectará, sobre todo, a los bolsillos de las rentas medias y bajas. En este contexto, un mes antes de las elecciones generales de 2015, Pedro Sánchez avaló un documento del Partido Socialista en el que se recogía una batería de medidas para la conciliación laboral y personal. Entre este paquete destacaba la supresión de la ya famosa reducción de 3.400 euros de la base imponible del IRPF por declaración conjunta.

Concretamente, el documento apostaba por la «revisión del sistema de tributación conjunta en el IRPF para incentivar la incorporación de las mujeres» al mercado de trabajo, en su enumeración de medidas a acometer en el punto 29, referido a la fiscalidad y la igualdad de género. Ahora, casi seis años después, en su Plan de Recuperación, que remitió a Bruselas el pasado viernes 30 de abril y que abrirá a España las puertas a recibir 140.000 millones de fondos europeos para la reconstrucción postcovid-19, también ha incluido esta medida, es decir, la eliminación de la reducción en la base imponible de 3.400 euros en las declaraciones conjuntas por considerar que no incentiva por parte de la mujer la búsqueda activa de empleo.

Reniega de la paternidad

Sin embargo, en estos momentos reniega de su paternidad y la achaca a expertos independientes. Según el Ejecutivo, esta es una propuesta de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y no del Gobierno. No obstante, la estudiará el grupo de expertos constituido por Hacienda para elaborar la reforma fiscal y que se pondrá en marcha a partir de 2023. De hecho, así se recoge en la componente correspondiente del Plan de Recuperación. Efectivamente, esta supresión es una propuesta que realizó, en su día, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su informe sobre la revisión de los beneficios fiscales y, por ende, del gasto público. Pero también es una propuesta efectuada con anterioridad por el Partido Socialista, tal y como recoge en su documento denominado ‘Conciliación y corresponsabilidad. De vivir para trabajar a trabajar para vivir’, fechado en noviembre de 2015.

En la actualidad, después de comprobar la polémica desatada tras su publicidad, el Gobierno, por boca de su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, restó importancia la semana pasada a esta medida y achacó su redacción a «una errata» propia de un documento tan extenso, como es el caso del informe del Plan de Recuperación de 348 páginas, en el que se incluye como una medida a propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, fuentes de la Vicepresidencia económica del Gobierno aseguran a LA RAZÓN que ese documento donde figura esa «errata», como formulada por el Gobierno y no por la AIReF, no ha sido remitido, en ningún momento, a Bruselas. Este documento de una extensión de 348 páginas, incluidos los anexos, es un resumen del Plan de Recuperación, que está integrado por más de 2.000 páginas, que permite buscar y moverse por el mismo con mayor exactitud. Pese a que facilita la comprensión y la agilidad a la hora de localizar cualquier materia por las más de 2.000 páginas que integran el Plan, jamás ha sido enviado a Bruselas, según estas fuentes.

Aunque nunca ha sido remitido a la Comisión Europea tanto la vicepresidenta económica como la ministra de Hacienda han omitido públicamente este hecho en todas sus comparecencias y han preferido, la primera, hablar de «erratas» para renegar de la paternidad de la medida y, la segunda, insistir en que es una medida de la AIReF. Sin ir más lejos, ayer mismo en rueda de prensa para explicar las componentes 27, 28 y 29 que afectan a su Departamento, optó por recordar que se trata de una propuesta de la AIReF y que revisar no significa eliminar. Días atrás incluso descartó que el Gobierno tuviera que rectificar nada ante Bruselas de la redacción de este documento, pero, en ningún instante, aclaró que no obraba en poder de la Comisión Europea. De hecho, el informe está fechado el 30 de abril pasado, jornada en la que se remitió el Plan a Bruselas. Mientras, las 2.000 páginas de las fichas/componentes se subieron hasta el martes pasado a la plataforma creada a tal efecto por la Comisión Europea.

La realidad es que la eliminación de esta reducción reportaría a las arcas públicas 2.393 millones más por IRPF, la misma cuantía que saldría de los bolsillos de los matrimonios que optan por la declaración conjunta bien porque uno de los cónyuges no tiene ingresos o bien porque son ínfimos. Es decir, afectaría a los hogares en los que sólo hay un cónyuge trabajando. Eso si, esta reducción se eliminaría paulatinamente, como siempre ocurre con los beneficios fiscales. En principio, desaparecería para las futuras declaraciones conjuntas, una vez que entrara en vigor.