Calviño achaca ahora a “una errata” su decisión de eliminar la reducción en las declaraciones conjuntas del IRPF

En los últimos días, el Gobierno muestra un cierto desasosiego en sus comparecencias públicas. De hecho, intenta deshacer entuertos sin mucho éxito en aquellas materias más sensibles para la ciudadanía, como los impuestos, las pensiones y el mercado laboral, en las que previamente ha desatado el mismo la polémica, como con su intención de suprimir la reducción de 3.400 euros de la base imponible del IRPF en las declaraciones conjuntas con el pretexto de que fomenta la desigualdad y que hay mujeres que renuncian a un puesto de trabajo por una reducción de 3.400 euros al año en el impuesto de la renta. De hecho, incluyó la eliminación de esta reducción en su Plan de Recuperación que envío el viernes a Bruselas. Pero ya se sabe que en 323 páginas es normal que se pueda producir “una errata”. Y eso es al parecer lo que ocurrió, según explicó hoy la vicepresidenta económica del Gobierno en una rueda de prensa convocada ayer mismo, después de comprobar el aluvión de críticas que generó esta medida.

Nadia Calviño esperó hoy al turno de preguntas de los periodistas para intentar remediar el desaguisado. Hasta entonces, los asistentes al encuentro online no se explicaban muy bien el motivo de la convocatoria por no aportar ni medio dato nuevo a lo ya dicho hasta la fecha. Fue en el turno de preguntas cuando se refirió a la eliminación de esta reducción como “una errata” no prevista en la ficha de reforma fiscal, sino de igualdad de género. Según el relato de Calviño, en la mente del Ejecutivo no está eliminar esta reducción de la declaración conjunta, a la que se acogen más mujeres que hombres por representar la renta más baja.

Esta supresión es una propuesta que realizó en su día la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su informe sobre la revisión de los beneficios fiscales y, por ende, del gasto público. Según la vicepresidenta, el grupo de experto que estudiará la modernización del sistema fiscal española tendrá en cuenta esta propuesta, pero eso no significa que el Gobierno vaya a decidir su eliminación.

En cualquier caso, lo que sí parece claro es que el Ejecutivo pospondrá su decisión de implantar una nueva reforma fiscal que suba los impuestos cedidos de Patrimonio y Sucesiones, así como del Impuesto de Sociedades., el diésel, acabe con las beneficios fiscales del IRPF obsoletos y persiga el fraude fiscal Esta decisión se produce después de observar el varapalo sufrido por los socialistas en Madrid, que en plena campaña anunciaban su intención de no subir impuestos, mientras las ministra de Hacienda se vanagloriaba de su intención de armonizar Patrimonio y Sucesiones, bonificado en Madrid en un 99%.

Al final, la vicepresidenta económica ha aclarado que el grupo de expertos tendrá diseñada su nueva arquitectura fiscal en febrero de 2022, tres meses después de lo que preveía Hacienda, y que, por tanto, en ese ejercicio no dará tiempo legalmente a que comience su andadura. En este escenario, el Ejecutivo esperará a 2023 para implantar su reforma fiscal, aunque fuentes consultadas por este diario consideran que lo más plausible será esperar a que pasen las elecciones generales. “Si entonces se consigue revalidar una mayoría para gobernar el país será el momento para imponer una reforma fiscal”, en la que unos impuestos subirán, otros desaparecerán y en la que en la práctica inmensa mayoría de bonificaciones sociales se tocarán.

Mientras tanto, Calviño espera que los primeros 9.000 millones de los fondos europeos lleguen a España en junio próximo, una vez el Ecofin apruebe el Plan de Recuperación español, los restantes 16.000 millones llegarán durante el segundo semestre de esta año. Con estas dos partidas, España recibirá 25.000 millones del anticipo previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 de los 70.000 millones de euros que le corresponde de subvenciones a fondo perdido del plan de recuperación de Bruselas postcovid-19.

Reforma urgente para estrenar 2022

Calviño aseguró hoy que existen tres reformas estructurales sin decidir y condicionadas a la negociación co los agentes sociales. Al contrario que la reforma fiscal, que todo parece indicar que se pospondrá, consideró hoy urgente la reforma del mercado de trabajo para apuntalar la recuperación económica con empleo de calidad. Por eso estará lista para estrenarse en 2022. Para eso, el Ejecutivo, junto con los agentes sociales, auspiciarán un mercado de trabajo con sólo tres tipo de contrato (fijo, temporal y en prácticas), en el que se modernice la negociación colectiva, con una “adecuada” regulación de las subcontratas, la revisión de las bonificaciones a la contratación y la puesta en marcha de un mecanismo de estabilidad en el empleo a partir de la experiencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en la pandemia.

Aunque “no se puede prejuzgar” el resultado de la mesa de diálogo social sobre el mercado laboral, señaló que los cambios en esta materia comprenderían cómo articular los convenios y sus distintos niveles de negociación y el tratamiento de la ultraactividad, cuestiones “que ya se vienen trabajando” con los agentes sociales. Precisamente, estas materias supondrían modificar la reforma laboral de 2012 con el objetivo de no limitar la ‘ultraactividad’ y de que el convenio de empresa no tenga preferencia sobre el convenio sectorial.

Estas cuatro o cinco reformas de calado mencionadas por Calviño se negociarán con sindicatos y empresarios y se desarrollarán en paralelo a otras medidas que ha adoptado el Ejecutivo o que tiene previsto adoptar próximamente, como la regulación del teletrabajo, la modernización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la llamada ‘Ley de Riders’, de la que ha dicho que próximamente se llevará al Consejo de Ministros tras haberse pactado con los agentes sociales. La transformación en pensiones pasa por culminar la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social; aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal; asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y diseñar un sistema de cotización de autónomos en función de sus ingresos reales para su entrada en vigor en 2022. En 2022, la reforma del sistema prevé el acceso de las parejas de hecho a la pensión de viudedad; el impulso a los sistemas complementarios de pensiones; la reforma de la base y la pensión máxima, y la adaptación del periodo de cómputo de las pensiones “a las nuevas realidades del mercado laboral”.