Los tres deberes que nos ha puesto la OCDE

Hace unas semanas, la OCDE publicó un estudio sobre el Impuesto de Sucesiones en el que, de manera genérica, recomendaba a los distintos gobiernos miembros que usaran más intensivamente esta figura tributaria. Muy pronto, muchos medios de comunicación alineados con la ideología y los intereses del Gobierno de coalición empezaron a amplificar esta consigna para justificar la armonización tributaria que PSOE y Podemos pretenden imponerle a la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, esta misma semana la OCDE ha publicado su “Panorama económico de España”en el que efectúa diversas recomendaciones que han sido mucho menos amplificadas por esos mismos medios de comunicación, acaso porque atentan contra la agenda política del Gobierno de coalición. En particular, las principales sugerencias han sido tres.

En primer lugar, “mantener un mercado laboral flexible que permita que las empresas se adapten a la cambiantes condiciones económicas, incluyendo la prioridad de la negociación colectiva dentro de cada empresa sobre los convenios sectoriales o regionales”. En esencia, lo que está pidiendo la OCDE es que no deroguemos la reforma laboral del año 2012, uno de cuyo pilares fundamentales fue, precisamente, establecer esa prioridad de los convenios de empresa (negociados entre el empresario y los representantes de los trabajadores de cada compañía) sobre los sectoriales o regionales (negociados entre sindicatos y patronales). Al respecto, recordemos que el Gobierno de PSOE-Podemos ya ha manifestado su intención de derogar este apartado de la reforma laboral, lo que desajustaría la situación real de cada empresa y los acuerdos laborales que se le impongan desde arriba.

En segundo lugar, “cuando la recuperación esté consolidada, anunciar una estrategia multianual de consolidación fiscal que afecte a todos los niveles de la administración pública”. Nuestro país va a terminar la pandemia con un endeudamiento de entre el 115%-120% del PIB: unas cifras demasiado elevadas, especialmente teniendo en cuenta las complicaciones demográficas que se avecinan (y que, de acuerdo con la AIReF, la Seguridad Social podría terminar acumulando otros 50 puntos del PIB en deuda durante los próximos 30 años, lo que colocaría contra las cuerdas la solvencia del Reino de España). De ahí que, en efecto, sea urgente elaborar un plan a medio plazo para ir reduciendo nuestro desequilibrio presupuestario: el plan no sólo es importante para imponernos un itinerario por el que transitar, sino también para enviar un mensaje de confianza y tranquilidad a los mercados.

Y tercero, “tomar medidas adecuadas y socialmente aceptables para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones. En particular, ligar la edad legal de jubilación con la esperanza de vida en el momento de jubilarse, desincentivando la jubilación anticipada, por ejemplo incrementando el número de años de cotización necesarios para obtener una pensión completa”. Esta última recomendación parecería estar en línea con la reforma de las pensiones que está planteando el ministro Escrivá pero, en realidad, la OCDE reclama mucha más ambición. Por ejemplo, el incremento del número de años cotizados necesarios para acceder a una pensión completa es una medida que este Gobierno se ha negado a adoptar pese a que contribuiría a moderar el aumento futuro de los gastos de la Seguridad Social.

En definitiva, la OCDE nos ha efectuado tres recomendaciones que nuestro Gobierno debería seguir: no porque las haya verbalizado la OCDE, sino porque son de sentido común. Un sentido común que en demasiadas ocasiones escasea dentro de este Gobierno.

Prórroga de los ERTE

Finalmente el Gobierno y los agentes sociales acordaron prorrogar los ERTE hasta el mes de septiembre: después de un cierto postureo negociador por parte de la patronal, todas las partes alcanzaron una (discutible) posición común de mantener en funcionamiento este mecanismo laboral. De este modo, este instrumento extraordinario de socialización de costes empresariales habrá estado vigente en nuestra economía durante casi año y medio. Ojalá no vuelva a prorrogarse más después del verano: si el ritmo de vacunación avanza al ritmo actual y si las restricciones a la movilidad social desaparecen en su práctica totalidad, las justificaciones para mantener los ERTE se esfumarán por entero. Habrá llegado la hora de que las empresas se readapten a los nuevos tiempos post-pandemia.

Asalto a las empresas públicas

El parcialmente fallido asalto del Gobierno a Indra, colocando como presidente (finalmente no ejecutivo) a Marc Murtra (ex jefe de Gabinete del socialista Joan Clos) es sólo el enésimo abordaje del Ejecutivo socialista al entramado de empresas públicas propiedad o participadas por la SEPI. Al contrario de lo que va a suceder en Italia, donde Mario Draghi acaba de anunciar que piensa reemplazar a los gestores-políticos de las empresas públicas por gestores profesionales, en España el PSOE ha tomado un control absoluto de los puestos directivos de estas compañías (Hispasat, Red Eléctrica de España, Navantia, Enusa, Aena, Correos, Enresa, Enagás…). Pillaje político del patrimonio estatal para repartirlo entre los correligionarios en perjuicio de la calidad del servicio público que esas compañías supuestamente deberían estar proporcionando a los ciudadanos.

La inflación sigue subiendo

El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) ha repuntado en EEUU hasta el 3,6% durante el pasado mes de abril, la cifra más elevada desde el año 2008. Si excluimos los elementos más volátiles del total de gastos personales (alimentos y energía), la tasa de variación interanual sigue siendo muy alta, en concreto, del 3,1%: la más elevada desde 1992. El PCE es el índice de precios que sigue la Fed con mayor detenimiento, de modo que si la inflación se prolonga durante varios meses más y no muestra signos de remitir, la Reserva Federal podría terminar elevando los tipos de interés, lo que añadiría presión a que el Banco Central Europeo hiciera lo propio y, en suma, a que tuviéramos que anticipar nuestros ajustes presupuestarios.