Presupuestos 2022: 8.000 millones más para pensionistas y funcionarios

El Gobierno ya ha dado el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que pretende remitir a la Cámara Baja para su tramitación antes del 31 de septiembre. Como no podía ser de otra manera, para que puedan entrar en vigor en tiempo y forma el próximo día 1 de enero de 2022 y, por tanto, sacarlos adelante en el Parlamento, cuenta con el respaldo de sus aliados de legislatura ERC, tras abonar el peaje de los indultos de los implicados en el procès, y PNV. Además, a estos apoyos suma los de su socio de Gobierno Unidas Podemos. De hecho, fuentes gubernamentales aseguran a este diario que no habrá excesivos problemas en la negociación de las cuentas que vienen. Estos serán sus segundos Presupuestos, después de prorrogar los de 2018 de Rajoy en varias ocasiones. Ahora la pesada maquinaria del Estado se ha puesto ya en marcha, con la elaboración del techo de gasto, cuya cifra deberá estar lista antes del próximo día 1 de agosto.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, encargada de perfilar el cuadro macroeconómico, que servirá de cimientos de estos Presupuestos, baraja que el PIB en el próximo año supere su previsión del 7%, modificada a la baja el pasado día 9 de abril. Fuentes de su Departamento confirman a LA RAZÓN que no es descartable que aumente el alza estimada del PIB, gracias a los efectos beneficiosos que tendrán sobre la economía española con mayor intensidad los fondos europeos en el próximo ejercicio, que en el presente, en el que ya se da por hecho que no llegarán hasta bien entrado el mes de septiembre. Este mayor impacto en el crecimiento del PIB tendrá su fiel reflejo en la reducción de la tasa de paro hasta el 14,1% de la población activa y en la creación de empleo, que podría superar los 350.000 puestos.

53.000 millones menos

Con estos mimbres, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prepara unos Presupuestos con una previsión de deuda pública del 115,1% del PIB y déficit público del 5% del PIB, 3,4 puntos porcentuales inferior al desfase que registrarán las cuentas en el presente ejercicio. Esta reducción será fruto de unos ingresos estimados de 477.528 millones y de unos gastos de 537.810 millones. Es decir que espera que la evolución de los ingresos no varíe respecto a este año y, sin embargo, el gasto público aminore su tendencia alcista registrada en 2020 y en 2021. La velocidad de crucero alcanzada por el proceso de vacunación anticovid-19 conllevará el fin de las restricciones a la movilidad de la población y con ella a la apertura de nuevo de las puertas del sector servicios, especialmente afectado por la pandemia. Este escenario permitirá a Hacienda recortar el gasto público el próximo año en 53.190 millones respecto al actual, situado en un montante global de 591.000 millones.

La mitad de esta caída en el gasto corresponderá al ahorro que supondrá para el Estado el fin de las subvenciones a los ERTE y cese de actividad de autónomos por más de 21.500 millones, otros 7.700 millones por el fin de exoneraciones de ERTE y autónomos y otros 8.000 millones en subvenciones anticovid a autonomías.

Pensiones y funcionarios

Esta rebaja del gasto público no afectará a las nóminas de los pensionistas y de los empleados públicos, que subirán el año que viene unos 8.000 millones. Esta cuantía recoge la revalorización de sus retribuciones en función del IPC previsto, para el que ahora se baraja una horquilla de entre el 0,9% y el 1,2%, a tenor del ritmo alcista de los precios, así como la entrada de nuevos pensionistas al sistema. Además, incluye una partida de 900 millones para compensar a los mayores en una única paga la desviación al alza del IPC de este año, previsto inicialmente en el 0,9%. El Ejecutivo baraja que se rebase este objetivo en cinco décimas, lo que supondrá habilitar 643 millones para la paga extra por la compensación del IPC en 2021. No obstante, no descarta que la desviación pueda superar esas cinco décimas. De ahí la partida de 900 millones.

Además de volver a revalorizar las nóminas de pensionistas y funcionarios en función del IPC para 2022, la vicepresidenta tercera del Gobierno forzará la situación para subir en dos momentos el salario mínimo interprofesional. En una primera etapa, antes de las vacaciones estivales y, en una segunda, en los Presupuestos de 2022. En este contexto, Calviño dará la batalla para que se apruebe un alza sólo en enero próximo de alrededor del 0,9%, lo que supondría para los empresarios un desembolso extra cercano a los 240 millones, según confirman a LA RAZÓN fuentes de Economía. Además, Yolanda Díaz espera estrenar su reforma laboral en enero, que evidentemente retocará los Presupuestos. No obstante, Calviño no está dispuesta a transigir en esta cuestión y apuesta por la no derogación de esta reforma, sino por seguir las recomendaciones de Bruselas, que pide el fin de la dualidad del mercado, pero desde la flexibilidad.

¿Fusión de carteras?

Sin embargo, Yolanda Díaz confía en que, al final, la vicepresidenta segunda se avenga a razones y se derogue la reforma del mercado de trabajo del Ejecutivo de Rajoy de 2012. A cambio, Díaz está dispuesta a pactar un retoque en el número de carteras del Gabinete de Sánchez. Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 11 de enero, fuentes monclovitas dejan una puerta abierta a que Manuel Castells abandone el Ejecutivo. El ministro de Universidades ha mantenido en los últimos tiempos posiciones muy próximas a los socialistas y, por tanto, alejadas de los suyos, de los podemitas. Por eso Díaz no se rasgaría las vestiduras si, al final, el jefe del Ejecutivo decide amortizar a Castells fusionando de nuevo Universidades con Educación. Evidentemente, esta fusión deberá quedar reflejada en los Presupuestos del próximo año.

Esta unión de carteras sería aplaudida por la oposición, que cree insostenible un Gobierno con 26 ministerios, cuatro vicepresidencias y una presidencia. Y, desde luego, sería también recibida como un gesto de buena voluntad por Bruselas, que contribuirá a la reconstrucción de España con 140.000 millones de fondos europeos, de los que 70.000 millones serán subvenciones a fondo perdido. De esta cuantía, los Presupuestos de 2021 incluyen una partida de 27.000 millones de anticipo, cifra similar se incorporará también en las cuentas de 2022. Además, Montero no descarta introducir algún retoque impositivo, propuesto por el Comité de Expertos, aunque el grueso de la reforma fiscal se aplazará hasta 2023, una vez se confirme una recuperación estable.