Los peajes, otra carga fiscal de hasta 192 euros al año para las familias

El coste de implantar el pago por uso en las autovías oscilaría entre los 165 y 192, euros, según lo avanzado por el ministro de Transportes

Cartel de la R3
Cartel de la R3Jesus G. FeriaLa Razón

Aunque desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana repitan que no hay un plan definido sobre cómo se aplicarían los peajes en las autovías ahora de libre acceso si los planes enviados a Bruselas cristalizan, lo cierto es que desde el Departamento no hacen más que deslizar comentarios que dan a entender que los trabajos están mucho más avanzados de lo que se defiende en público. La semana pasada, el titular de la cartera, José Luis Ábalos, aprovechó una pregunta en su comparecencia para explicar el destino de los 20.000 millones de euros que Transportes gestionará del Plan de Resiliencia para hacer una larga exposición sobre los peajes. Y además de volver a sacar argumentos en favor del pago por uso, aprovechó sus críticas al PP para deslizar pistas sobre el importe que podrían suponer: hasta 192 euros anuales en el caso de los vehículos ligeros que utilizan las familias.

El ministro aseguró que “nosotros, si hemos pensado en algo, sería como mínimo un tercio más barato que ellos”. Con ese «ellos», Ábalos se refería al PP, que cuando gobernaba hizo estudios para la posible implantación de los peajes que, según el ministro, son la fuente de los cálculos que están difundiendo los populares sobre el coste que tendría la medida. Un informe que realizó en 2018 la compañía de ingeniería pública Ineco, con Mariano Rajoy en La Moncloa, para la hipotética aplicación de peajes a partir del año 2021 calculaba una horquilla de entre 246 y 287 euros a pagar por los vehículos ligeros por esta tasa según el escenario elegido, que oscilaba entre los 1,9 y 2,2 céntimos por kilómetro. En caso de que, como recoge el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, saliese adelante la opción de aplicar peajes a partir 2024 en los términos que esbozó Ábalos, el pago oscilaría entre los 165 y los 192 euros anuales para los vehículos ligeros. Aunque la cantidad podría ser menor porque ese, según Ábalos, es el mínimo del que partirían.

En el caso de los vehículos pesados, los dos escenarios contemplados por el plan de Ineco apuntan a un coste anual que oscila entre los 4.632 y los 7.066 euros, según el elegido. Una rebaja en un tercio supondría dejarlos en 3.243 o 4.947 euros, según la hipótesis manejada. No obstante, desde Transportes aseguran que, en caso de que se diese el paso para aplicar los peajes, se buscarían fórmulas para que este sector no pagase peajes. Tanto la patronal Fenadismer como hace unos días también la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) han advertido de que la aplicación del pago por uso en el caso del transporte provocaría que el coste se acabara trasladando al producto, lo que no sólo encarecería los precios a nivel nacional sino que también afectaría a las exportaciones al provocarles pérdida de competitividad.

Necesidad de conservación

Insistiendo en los argumentos esgrimidos por Ábalos la pasada semana en favor del pago por uso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que “hay una realidad” y es que “Europa está poniendo mucho dinero para la construcción de infraestructuras y exige, como es lógico, que haya un plan de sostenibilidad de esta infraestructura en el medio plazo”, recordando que es un debate que “siempre ha tenido España con los gobiernos del PP o con los gobiernos del Partido Socialista”.

Montero reparó una vez más en que “existen más de 23 países de la Unión Europea con un modelo de pago por uso”, asegurando que el Gobierno lo ha incluido en el plan enviado a Bruselas porque “lo que queremos construir es un diálogo a partir de esta cuestión que permita realmente que el mantenimiento de nuestra carretera en el futuro” teniendo en cuenta tanto los factores de calidad medioambiental como la siniestralidad o los accidentes. “Tenemos que homologarnos con Europa también en esta materia. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Bajo qué precepto? ¿Quiénes son los colectivos beneficiados? Todas estas cuestiones están por dialogar, por hablar”, aseguró.