Hachazo a la pensión tras 40 años de trabajo: “Escrivá ha venido a rentabilizar el dinero sin pensar en las personas”

Las versiones y posturas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, han cambiado radicalmente en apenas un año, pero la precaria realidad de los jubilados que han cotizado más de 40 años y tienen una pensión penalizada por retirarse anticipadamente sigue siendo la misma. En marzo de 2020, Escrivá reconocía que esta era una situación «intrínsecamente injusta». En abril de 2021, cuestionó que más de 40 años de trabajo fuesen una larga carrera de cotización y dejó un recado a los afectados: «Tengo que mirar a los 10 millones de pensionistas y no solo a los que se movilizan más». Tras haber perdido de media un cuarto de su pensión por la aplicación de coeficientes reductores, más de medio millón de jubilados siguen luchando para romper los muros que les impiden acceder al 100% de su pensión: «Escrivá ha venido a rentabilizar el dinero sin pensar en las personas», denuncia Kike, afectado y socio de Asjubi40.

Trabajo infantil, despidos a una avanzada edad sin posibilidad de reincorporarse al mercado laboral y agotamiento físico y mental. De esto van las largas carreras de cotización, explican Laura, Kike, Manuel y Santiago Menchero, este último portavoz de la asociación Asjubi40, a LA RAZÓN. El patrón es similar entre los afectados. Adolescentes que en los años sesenta y setenta entraron a trabajar con 12,13 y 14 años y que perdieron su juventud para cubrir las necesidades familiares. «En aquella época los sueldos que se cobraban eran muy bajos y hacía falta llevar a casa un salario más para poder acabar el mes y comer. La única solución era que los hijos empezaran a trabajar antes, dejando incluso los estudios», declara Menchero. «Trabajamos 12 horas al día, incluso los sábados, y éramos niños», añade.

Esas criaturas que ya sufrieron la condena de tener que renunciar a su infancia, a sus estudios y, en muchos casos, a sus sueños para «levantar la España que conocemos hoy en día», defiende Santiago Menchero, afrontan sus últimos años de vida bajo la sombra de una nueva condena, en este caso, de una «cadena perpetua»: cobrar una pensión mermada por haberse jubilado anticipadamente de manera forzosa pese a haber cotizado más de 40 años. En su caso, pese a tener una carrera de cotización de 47 años (12 más de los que exigía la ley para jubilarse), su pensión quedó mermada en un 24% por jubilarse anticipadamente a los 61 años.

«No se puede castigar a los pensionistas por contribuir más», se queja Laura. En el caso de esta diseñadora gráfica retirada, tras 44 años cotizados, su pensión se vio reducida en un 26% (unos 5.600 euros menos al año) al jubilarse de forma anticipada a los 61 años, tras ser despedida dos años antes durante la crisis. «En dos años no me llamaron de ningún trabajo y cuando me jubilé ya no tenía casi ahorros», denuncia. «Es un robo», deja bien claro, y «es una petición de justicia que nos escuchen». Estos jubilados penalizados señalan que sobre sus pensiones recortadas recae también la precaria situación de los jóvenes, añade Laura: «El Gobierno no tiene en cuenta que con nuestra pensión estamos ayudando y manteniendo a nuestros hijos, a los jóvenes que se han quedado sin trabajo en esta pandemia». Por ello, las peticiones de Asjubi40 y de todos los afectados son claras y sencillas: que se eliminen los coeficientes reductores cuando se haya trabajado 40 años o más, que sea con carácter retroactivo y que se normalice para futuros pensionistas, aunque sea de forma progresiva.

Manuel, jubilado de 63 años con 45,5 años cotizados, fue despedido a los 57. Tras sufrir en sus carnes la lacra del «edadismo», fue encadenando el paro con el subsidio de mayores de 55 años hasta que pudo jubilarse anticipadamente a los 61, no por placer, sino ante la imposibilidad de encontrar un nuevo trabajo. Con una pensión reducida en un 24%, Manuel mantiene a uno de sus hijos, con incapacidad absoluta, y colabora con su otra hija, que actualmente se encuentra en paro. «Hay muchos agujeros que tapar, no quiero el dinero para irme de vacaciones al Caribe», aclara. Esta penalización se siente aún más pesada y dañina cuando echa la vista atrás y recuerda inicios laborales. «Me cogieron antes de acabar los estudios. Me guardaron el puesto y en cuanto acabé el curso a los 14 años empecé a trabajar. Llegaba a casa reventado y le decía a mi madre que no volvía al trabajo, pero ella me contestaba que había que aguantar lo que fuera», explica.

«Es una mezquindad que después de todo ese esfuerzo te quiten un trozo de tu tarta de jubilación de por vida», critica Kike, que ha perdido el 26% de su pensión tras haber cotizado 43,5 años. El castigo no solo es económico, sino también moral: «Te despiden habiéndolo dado todo por el trabajo para que ahora venga esto. Te sientes impotente y con rabia». «Nos tratan como basura», decía en esta línea otra afectada durante la entrega en el Congreso de los Diputados de 40 testimonios de afectados con largas carreras de cotización.

Representantes de todos los partidos políticos, excepto Vox, mostraron su apoyo a la causa escuchando sus peticiones frente al Congreso. Pese a contar también con el apoyo de 16 comunidades autónomas que han aprobado proposiciones no de ley (PNL) para que se despenalicen estas prejubilaciones, la respuesta del ministro de Seguridad Social es decepcionante. Se ha pasado del apoyo al cuestionamiento y al rechazo. «Señor ministro, detrás de cada hoja de excel hay personas», le espeta Kike.

A raíz de una pregunta realizada por el PNV, el ministro aprovechó para decir que «nuestro sistema no es de capitalización, es de un elemento de solidaridad muy fuerte y hay que pagar pensiones a huérfanos y a personas que están en situaciones de discapacidad sobrevenida». Sin embargo, Escrivá no parece tener en cuenta el estado en el que muchos de los mayores se ven obligados a retirarse anticipadamente: «Algunas historias acaban con un “es que ya no puedo más, los huesos no me aguantan, psicológicamente estoy agotado”», relató Menchu Vila, miembro de Asjubi40, frente al Congreso. “Estas historias nos muestran una cosa más. Lo tremendamente elitista que es ese futuro premio que el actual gobierno promete dar a aquellos que se queden unos años más”, haciendo referencia a la propuesta de pagar 12.000 euros por cada año que los pensionistas retrasen su retiro. “Solo será para esos profesionales cuyos trabajos son creativos y gratificantes, y que descansan sobre cómodos sillones”, añadió.

Por el momento, la revisión de los coeficientes reductores aplicados a las prejubilaciones forzosas y a las carreras largas de cotización queda pospuesta a 2022. Además, se han incumplido los plazos establecidos por el Pacto de Toledo sobre la presentación de un informe de la situación de la jubilación anticipada, que ya lleva cuatro meses de retraso. La espera no solo mantiene prisionera parte de su pensión, sino que también condena de por vida a parte de los afectados. “Ya no somos niños, mucha gente se va a quedar por el camino”, sentencia Kike.