El Gobierno aprueba la ley que permitirá crear una empresa con solo un euro desde 2022

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley “Crea y Crece”, de creación y crecimiento empresarial, que permitirá crear empresas tan solo con un euro, eliminará obstáculos para que las pymes ganen tamaño y establecerá medidas para atajar la morosidad.

Con esta propuesta, y según detallan fuentes gubernamentales, el Ejecutivo persigue la creación de un marco regulatorio que facilite la creación de empresas en España, reduciendo las trabas tanto regulatorias como financieras a las que se enfrentan los ciudadanos. De esta manera, desaparecerá el requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros para crear una empresa, permitiendo su puesta en marcha con tan solo un euro y de manera rápida y telemática en un plazo cercano a los 10 días.

Poner freno a la morosidad

La morosidad, en numerosas ocasiones, es la antesala de cierres y pérdida de puestos de trabajo. Por ello, el Ejecutivo también quiere poner freno a los impagos que sufren las empresas y que experimentaron un repunte durante la pandemia. Con el nuevo proyecto de ley, el Gobierno pretende reducir el riesgo a impagos mediante el impulso de la utilización de la factura electrónica entre empresas y autónomos y la puesta en marcha de incentivos para cumplir con los plazos de pago efectivos entre empresas. Este plazo legal, que se sitúa actualmente en los 60 días, afecta especialmente a pymes y autónomos, que normalmente se ven obligados a aceptar plazos de pago superiores a la media para asegurarse el cobro de sus facturas.

El objetivo es que las empresas españolas cambien su cultura hacia el “pronto pago”, han señalado fuentes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En este sentido, el Gobierno también pretende incluir el cumplimiento de estos plazos como requisito ineludible para acceder a las subvenciones estatales. Además, se tendrá en cuenta que el contratista pague en plazo a subcontratista a la hora de evaluar los riesgos de adjudicación de un contrato público, así como la posibilidad de resolver un contrato si no se cumplen los plazos de pago. Por otro lado, también se creará un observatorio de la morosidad para recabar información y analizar estas prácticas.

Instrumentos de financiación

El anteproyecto recoge también la ampliación del catálogo de actividades económicas que a día de hoy están exentas de licencia para la puesta en marcha de empresas. En cuanto a la financiación, se flexibilizarán mecanismos alternativos como el “crowfunding” y se llevarán a cabo otras medidas para potenciar instrumentos de financiación del crecimiento alternativos a la financiación bancaria, a la que recurren mayoritariamente las empresas. Entre los cambios, se incorporará la posibilidad de que las empresas reciban fondos a largo plazo europeos, así como permitirles invertir en fintech.

Para los inversores individuales, se limitará a 1.000 euros o el 5% de su riqueza, excluyendo fondos de pensiones y propiedades inmobiliarias, la participación en estas empresas. A partir de ahí, se podrá hacer la inversión, pero la persona recibirá una advertencia sobre el riesgo. Asimismo, cada proyecto de inversión colectiva tendrá un límite de cinco millones de euros que podrá superarse emitiendo un folleto y con el que se espera que el sector pueda expandir el alcance y la escala de las inversiones.

Con esta y otras medidas, el Gobierno de Pedro Sánchez espera que se incremente la competencia en beneficio de los consumidores y aumentar la productividad del tejido empresarial. También para mejorar las garantías de los consumidores, la Ley “Crea y Crece” contempla una optimización de las ventanillas que permitirán denunciar cualquier comportamiento que vaya contra la ley de unidad de mercado.

Aprobación a finales de 2021 o en 2022

El texto se lanza ahora a audiencia pública con el objetivo de establecer un marco adecuado para facilitar la creación de nuevas empresas y reducir las trabas a las que se enfrentan en su crecimiento, ya sean tras de origen regulatorio o financiero, han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a Europa Press. No obstante, para que entre en vigor, debe ser aprobado de nuevo por el Consejo tras la consulta pública, algo que se espera para finales de este año o comienzos del que viene, así como por el Parlamento, trámite que, fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sitúan a finales de 2022.

Esta iniciativa se enmarca en el Componente 13 de “Impulso a la Pyme”, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, con el que se pretende mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, facilitar la creación y el crecimiento de empresas, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización, atraer talento y capital y reducir incentivos a crear empresas en otros países.