El Gobierno prorroga el “escudo social” hasta el 31 de octubre

La pandemia del coronavirus y las medidas de restricción a la movilidad de la población para frenar su avance no han afectado por igual a toda la sociedad española. De hecho, con el cerrojazo dado por la economía en pleno estado de alarma el año pasado colocó de un plumazo a un millón de personas más en el umbral de la pobreza en nuestro país. Por eso, aunque la economía comienza ahora a dar señales de recuperación y en plena subida de los precios energéticos, el Consejo de Ministros prorrogó este martes una batería de medidas de ayuda a los colectivos más vulnerables, conocidas por el nombre de «escudo social», que, en principio, vencía el próximo 9 de agosto y que estarán vigentes hasta el 31 de octubre, pese a que los podemitas habían solicitado su ampliación hasta el final del presente ejercicio. En concreto, entre esta batería de medidas se garantiza los suministros básicos de agua luz y gas para usuarios vulnerables, aunque no los puedan pagar. Esta medida ha evitado unos 330.000 cortes de agua, luz o gas desde marzo del año pasado. Según el Gobierno, entre marzo y diciembre se evitaron unos 25.000 cortes mensuales de suministros básicos y desde ese mes hasta julio, unos 15.000 al mes, en muchos de los casos de los mismos usuarios.

Con el fin de garantizar el suministro de agua, electricidad y gas natural, se mantienen las medidas de protección de los consumidores vulnerables, permaneciendo en vigor temporalmente la definición ampliada de «consumidor vulnerable», a los efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción del suministro. Así, las comercializadoras no podrán cortar el suministro a los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33% o una dependiente de grado 2 o 3.

Además, se amplía hasta el final de octubre próximo el plazo de suspensión de los desahucios y de los pagos de alquileres de vivienda. Para el decreto antidesahucios, Transportes prorrogará la prohibición de expulsar de sus casas a los más vulnerables en los términos actuales, aunque el Gobierno barajó la opción de presentar un nuevo decreto que diera protección «estructural» a estos colectivos. Además, se mantiene la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual a las familias en situación de vulnerabilidad siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas y se amplía el plazo para pedir una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas y créditos.

Por otra parte, el presidente del Gobierno señaló este martes que se aprobará medidas favorables a los consumidores afectados por la subida en el precio de la factura eléctrica. Así lo anunció tras el habitual encuentro en el Palacio de Marivent con el jefe del Estado, donde repasó los datos de PIB y paro que avalan, a su juicio, la recuperación económica.