El Gobierno defiende a la Agencia Tributaria frente a las acusaciones de que vulnera los derechos de los contribuyentes

El Gobierno ha salido en defensa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tras las acusaciones del asesor fiscal británico Christopher Wales, quien denunció en una entrevista publicada por LA RAZÓN que el sistema tributario español “vulnera derechos fundamentales”, que la Agencia Tributaria actúa con intimidación y opacidad y que la Justicia ayuda a encubrir su engranaje de abusos a los contribuyentes.

La polémica ha llegado al Senado, donde el Grupo Popular ha solicitado explicaciones al Ejecutivo sobre las medidas previstas para “reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión tributaria y en los procedimientos de inspección”. En su pregunta, el PP hace referencia directa a las declaraciones de Wales -antiguo asesor fiscal de los ex primeros ministros británicos Tony Blair y Gordon Brown y coautor del libro blanco "Hacienda contra el Pueblo" presentado en mayo por el bufete Amsterdam & Partners-, quien en la entrevista concedida este verano a LA RAZÓN afirmaba que “todos en España viven con miedo a la Agencia Tributaria” y pedía una “reforma muy sustancial" en la administración tributaria española porque el sistema fiscal español "está fuera de control".

"No conozco ningún otro lugar del mundo donde la gente se sienta tan intimidada para pagar lo que no debe", añadía, en relación a la estrategia de acoso y violaciones de derechos a la que están sometidos por parte de la Agencia Tributaria tanto contribuyentes nacionales como extranjeros, estos últimos atrapados en la Ley Beckham. En la entrevista, Wales denunciaba que los mecanismos de control de la Agencia Tributaria se usan de forma intimidatoria, generando miedo generalizado, y que los tribunales carecen de independencia para corregir posibles excesos. Además, criticaba que el modelo español de bonificaciones a los inspectores por perseguir el fraude se aparta de las prácticas habituales en otros países de la OCDE y solo tiene una finalidad recaudatoria.

Respuesta del Gobierno: “La Agencia Tributaria actúa con pleno sometimiento a la ley”

En su respuesta oficial, el Ejecutivo ha defendido el trabajo de la Agencia Tributaria, subrayando que “desarrolla su labor con pleno sometimiento a la legislación vigente” y que “se respeta en todo momento [...] el derecho fundamental (de los contribuyentes) de igualdad ante la ley", recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, así como los derechos reconocidos en el artículo 34 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003).

El Gobierno sostiene que la Agencia Tributaria respeta escrupulosamente sus obligaciones legales, como la protección de los datos fiscales, la obligación de informar sobre los procedimientos iniciados y la prohibición de actuar de manera discrecional. “El respeto de esos derechos por parte de la Administración tributaria es la mayor garantía de transparencia y rendición de cuentas”, señala el texto remitido al Senado. Asimismo, el Ejecutivo recuerda que los contribuyentes disponen de cauces administrativos y judiciales para impugnar actuaciones que consideren contrarias a la ley, “en el marco de un Estado de Derecho con tribunales de justicia independientes”.

La respuesta del Gobierno enumera además varios instrumentos de supervisión interna y externa que, a su juicio, garantizan la rendición de cuentas de la Agencia Tributaria. Entre ellos, destaca el Consejo para la Defensa del Contribuyente, órgano integrado en el Ministerio de Hacienda que “vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios”, atendiendo las quejas que se producen por la aplicación del sistema tributario y formulando “sugerencias y propuestas” cuando detecta disfunciones en la aplicación del sistema fiscal.

El Ejecutivo también apunta a los mecanismos previstos en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que permiten a los ciudadanos solicitar información sobre actuaciones tributarias, así como a las publicaciones periódicas en la sede electrónica de la AEAT, donde se difunden planes de objetivos, informes de cumplimiento y memorias de actividad. También a través de la Sede electrónica los contribuyentes pueden seguir el estado de tramitación de los procedimientos en los que intervengan.

“Existe un compromiso claro de la Agencia Tributaria con la transparencia en estos momentos”, concluye el Gobierno, aunque admite que “se seguirán desarrollando acciones en este sentido que permitan clarificar ante los ciudadanos las tareas realizadas en ejercicio de sus funciones”.

Sin evidencia de las acusaciones

Finalmente, el Ejecutivo rechaza las afirmaciones de Wales y del PP, asegurando que “no hay evidencia de la certeza de las declaraciones que sirven como antecedente de las preguntas”. En su respuesta, insiste en que “España es un Estado de Derecho donde las actuaciones de la Administración están sometidas al control judicial” y reitera que “la AEAT vela primordialmente por el cumplimiento del principio de transparencia en el desarrollo de sus actuaciones”.