No lleva una buena semana la aerolínea Plus Ultra. Al bloqueo de sus rutas ordenado por el Gobierno venezolano -que ha dejado atrapados en Madrid a cientos de pasajeros- y haber sido acusado de realizar vuelos pirata tras vender billetes con pleno conocimiento de que no podrían realizar los vuelos, se suma un segundo bloqueo: el que mantiene la Justicia española a buena parte de la ayuda pública concedida para mantenerla a flote.

Por esta razón, la dirección de la compañía aérea ha vuelto a exigir a la jueza que ha bloqueado la entrega de 34 millones -de los 53 que tiene concedidos- que restan de la ayuda pública concedida. Plus Ultra le ha recordado que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía General del Estado se han pronunciado a favor del desbloqueo. Este es un ultimatum antes de iniciar acciones legales contra la jueza si se mantiene un retraso “sin justificación” y ante “la urgencia y la necesidad” de recibir la financiación, que “deberá hacerlo constar” ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía, expresaron en un comunicado.

Plus Ultra advierte que si esos 34 millones concedidos por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) no se materializa causará “graves daños tanto a la aerolínea como a terceros”, por lo que apelará al CGPJ y la Fiscalía. En su comunicado, la aerolínea ha aclarado que, pese a haber entregado en tiempo y forma toda la información requerida, no tiene constancia de que la magistrada que instruye el caso “haya tomado aún una decisión” y no entiende por qué “se está retrasando la resolución”.

El pasado 30 de julio, la Fiscalía de Madrid instó al juzgado de instrucción número 15 de Madrid a desbloquear los 34 millones de euros pendientes al no apreciar delito y para evitar una situación de iliquidez a clientes y acreedores. “No está acreditado en modo alguno -señaló la Fiscalía- a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna”.

El juzgado madrileño suspendió el pasado 22 de julio el rescate a la aerolínea, a la espera de las alegaciones de la Fiscalía y de la justificación por la empresa de la ayuda -dos préstamos, uno participativo por 34 millones y otro ordinario por 19, éste ya desembolsado-. En opinión de la Fiscalía, “no hay peligro de incurrir en mora procesal”, ya que sólo en el momento en el que “se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución se podría producir un daño real para el erario”.

La jueza de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha estimado que “el desembolso de la cantidad de 34 millones de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento” judicial. La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a “una entrega no justificada” supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.