La gran banca se blinda con 4.048 millones ante posibles litigios

La gran banca española se ha blindado ante los distintos litigios en las que está inmersa y ante otros eventuales conflictos que puedan surgir con una provisión de fondos superior a los 4.000 millones de euros de enero a junio de este año. En concreto, los principales bancos españoles contaban a final del primer semestre con 4.048 millones de euros en provisiones para litigios, un 0,73% menos que en el mismo periodo de 2020, según se refleja en los informes financieros correspondientes a la actividad de las entidades en los seis primeros meses del año. En total, en 2020 la banca tenía unas provisiones por un total de 4.078,171 millones de euros, incluyendo las de Bankia, todavía no fusionada con CaixaBank. En general, si bien Santander y BBVA muestran una tendencia a la baja en esta partida de provisiones, Bankinter, Sabadell y, sobre todo, CaixaBank, han decidido aumentar sus provisiones destinadas a cuestiones procesales en el primer semestre del año.

En concreto, la entidad presidida por Ana Botín tiene unas provisiones para litigios de 2.169 millones de euros, un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2020. Entre algunos de los conflictos legales reconocidos por la entidad en sus cuentas está el de las hipotecas multidivisas en Polonia y Digital Consumer Bank, para el que ha destinado 154 millones de euros en el primer semestre del año. De hecho, destaca que el beneficio ordinario en Polonia se redujo un 24% por las mayores provisiones (no deducibles) relacionadas con las reclamaciones de clientes al respecto de los préstamos denominados e indexados en francos suizos.

Por su parte, BBVA redujo de 738 millones a 580 millones de euros sus provisiones para litigios, lo que supone un 21,4% menos que en el primer semestre de 2020. De esta cifra, 535 millones de euros corresponden a contingencias legales y 44 millones, a contingencias fiscales. La entidad señala en su informe de resultados del primer semestre que el sector financiero está expuesto a una “creciente presión regulatoria y litigiosidad” y que el grupo bancario forma parte de procedimientos judiciales derivados de su actividad, así como de otros procesos e investigaciones gubernamentales relativos a la defensa de la competencia o la protección de los consumidores.

El grupo presidido por Carlos Torres apunta, entre otras cuestiones, a los litigios relacionados con las tarjetas de crédito y los préstamos hipotecarios, que han llevado a un aumento de la litigiosidad en los últimos años, tendencia que “podría mantenerse en el futuro”. Además, la memoria de BBVA asegura que es “difícil” anticipar el resultado de estos procedimientos legales y regulatorios, tanto los actuales como los que puedan surgir en el futuro, sin descartar los procesos que puedan afectar a antiguas filiales del grupo bancario o respecto a los que el grupo pueda tener obligaciones de indemnización.

Como riegos concretos, la entidad reconoce en su memoria financiera la posibilidad de litigios como consecuencia de la transición del índice Íbor a los índices de referencia libre de riesgos, un cambio “complejo” que afecta al grupo “en distintas áreas geográficas y líneas de negocio, así como en multitud de productos, sistemas y procesos”. En este sentido, apunta a riesgos de litigios relacionados con los productos y servicios ofrecidos; riesgos legales derivados de los cambios en la documentación requerida para las operaciones existentes; y riesgos de conducta derivados del impacto potencial de las comunicaciones con clientes durante el periodo de transición, que podrían dar lugar a quejas de clientes, sanciones regulatorias o impacto en la reputación. Por otro lado, menciona la investigación de las actividades del Centro Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt), relacionado con el ex comisario José Manuel Villarejo, incluyendo la prestación de servicios de esta empresa a BBVA. Al respecto, recuerda que el proceso se encuentra en fase de instrucción, “por lo que no es posible predecir en este momento su ámbito o duración ni todos sus posibles resultados o implicaciones para el grupo, incluyendo potenciales multas y daños o perjuicios a la reputación” de la entidad.

Por su parte, CaixaBank tiene unas provisiones para litigios de 1.075 millones de euros, un 69,3% más si se compara con la ‘hucha’ que tenía en el mismo periodo de 2020. Si se tienen en cuenta las provisiones de Bankia en los primeros seis meses de 2020, el aumento sería del 30,3%. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri destaca que el banco mantiene las “provisiones necesarias” para hacer frente a litigios por condiciones generales, normalmente vinculadas a la concesión de préstamos hipotecarios a consumidores, como son las cláusulas suelo, hipotecas multidivisas, gastos hipotecarios, etc. También recoge entre los riesgos por litigios aquellos asociados a las tarjetas ‘revolving’, así como los relacionados con BPI, Novo Banco y el Fondo de Resolución Portugués. Asimismo, señala que cuenta con provisiones para hacer frente a los procedimientos civiles en materia de nulidad de suscripción de acciones por la salida a Bolsa de Bankia en 2011.

Bankinter ha aumentado su hucha para litigios en un 37,8%, hasta casi los 104 millones de euros en el primer semestre. En su informe, la entidad destaca que son provisiones destinadas a cubrir las “eventuales pérdidas” por las demandas pendientes de resolución sobre hipotecas multidivisas, así como por las pérdidas que se deriven de demandas por tarjetas ‘revolving’. En cuanto a Sabadell, ha aumentado sus provisiones a este respecto casi un 19% más, pasando de 100,876 millones de euros en el primer semestre de 2020 a 120,017 millones de euros en los primeros seis meses de 2021.