Análisis

Cuatro preguntas clave sobre el precio de la luz

El coste de la generación supone el 35% de la factura; el de la distribución, el 15%; el de la política energética, el 25%, y el de la carga fiscal, el 20%

El precio de la luz en el mercado mayorista alcanza nuevos máximos históricos. En apenas unas semanas, el anuncio estrella del Ejecutivo, la rebaja del IVA desde el 21% al 10%, se ha diluido por entero y el alivio que podría haber alcanzado a la mayoría de usuarios ya ha sido más que compensado por las nuevas marcas registradas en el coste de generación eléctrica. En las siguientes líneas, vamos a intentar responder a cuatro preguntas clave sobre esta polémica.

¿Cuáles son los componentes del precio de la luz? El precio de la electricidad está conformado por cuatro componentes: el coste de generación, el coste del transporte y la distribución, los costes de la política energética (deuda tarifaria acumulada y primas a las renovables) e impuestos (IVA e Impuesto Especial a la electricidad). Aunque los porcentajes de estos cuatro componentes van cambiando, orientativamente podemos señalar que el coste de generación supone el 35% de la factura eléctrica, los costes de transporte y distribución representan el 15%, los costes de la política energética constituyen el 25% y los impuestos, el 20%.

¿Qué componentes de la factura eléctrica se han encarecido? De los cuatro componentes anteriores, tres los fija el Gobierno central a través del Boletín Oficial del Estado y el otro lo fija parcialmente el mercado. En particular, el único coste que se determina en el mercado es el de generación eléctrica, que es el que está subiendo durante los últimos meses. Como efecto colateral, los impuestos también aumentan (puesto que son un porcentaje del precio total, de modo que si éste sube, también lo hará la factura fiscal). Por tanto, aunque el 65% del precio de la luz esté controlado por los políticos, el otro 35% es el que, en estos momentos, el que está subiendo.

¿Por qué se está incrementando el coste de generación? Esta semana el Banco de España ha publicado un detallado análisis sobre los motivos que hay detrás del alza del coste de generación en el mercado mayorista. Y esencialmente los motivos son dos. Por un lado, el 50% de la subida es explicable por el aumento de los precios internacionales del gas. Y, por otro, el 20% de su aumento se debe al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2. La primera circunstancia es una circunstancia que se explica por la recuperación de la economía mundial y la mayor demanda de combustibles fósiles. Mientras, la segunda es consecuencia directa de la política energética de Bruselas, la cual busca encarecer el CO2 para desincentivar su consumo y emisión. Se trata de un fenómeno que, en mayor o menor medida, está sucediendo en toda Europa.

¿Qué puede hacerse para abaratar el precio de la electricidad? El Gobierno de Sánchez no controla ninguno de los dos factores que ahora mismo explican el alza de precios: ni controla los precios internacionales del gas ni controla el precio de los derechos de emisión de CO2 (aunque sí se beneficia de toda su recaudación). Por consiguiente, no puede abaratar directamente la factura. A corto plazo, la única solución que le queda es bajar los impuestos o asumir presupuestariamente parte de los gastos que componen el otro 65% de la factura (receta planteada por el líder de los populares Pablo Casado, pero que sólo contribuye a trasladar los sobrecostes de los consumidores a los contribuyentes). A largo plazo, debería permitirse la instalación de centrales eléctricas no emisoras de CO2: no sólo solar o eólica, sino también hidroeléctrica o nuclear (cuya construcción se halla actualmente bloqueada).

La Ley Rider entra en vigor

Esta semana ha entrado en vigor la Ley Rider, mediante la que el Gobierno pretende convertir en personal asalariado a los casi 30.000 repartidores que operan en España a través de distintas plataformas. De momento, sin embargo, no queda claro que la medida esté dando sus frutos. Una de las plataformas que operaba hasta el momento en nuestro país, Deliveroo, ya ha anunciado que se marcha, dejando sin ocupación a los casi 4.000 riders a los que daba empleo. Otra plataforma, Glovo, ya ha comunicado que sólo piensa contratar a 2.000 de los 10.000 riders con los que mantiene relaciones comerciales, de modo que los 8.000 seguirán siendo trabajadores autónomos. Y, por último, la tercera gran plataforma en discordia, Uber Eats, ha informado que operará a través de subcontratas, de modo que su personal seguirá caracterizado por la temporalidad.

Madrid, la comunidad más «solidaria»

Pese a las reiteradas críticas sobre su presunta insolidaridad que ha recibido la Comunidad de Madrid desde ciertas baronías socialistas, es bien sabido que esta región es la que más contribuye cada año para el fondo de solidaridad interregional. Recientemente, el economista Ángel de la Fuente ha publicado los resultados definitivos de la liquidación de aportaciones a este fondo para el año 2019, y los resultados son incontestables: Madrid se desprendió durante ese ejercicio de 6.000 millones de euros (casi 1.000 euros por madrileño) que fueron a parar a otros gobiernos autonómicos. Sólo otras dos autonomías, Cataluña y Baleares, son contribuyentes netas a este fondo, si bien a mucha distancia de Madrid. Queda claro, por tanto, el nulo fundamento de las graves acusaciones vertidas recientemente por el presidente valenciano, Ximo Puig.

La inflación se mantiene elevada

La inflación en EEUU durante el pasado mes de julio se mantuvo estable en una tasa interanual del 5,4%: la más elevada desde 2008. Por primera vez en los últimos meses, sin embargo, la aceleración de los precios podría estar dando algunos síntomas de enfriarse. Por un lado, la tasa intermensual de inflación se redujo desde el 0,9% de junio al 0,5% de julio. Por otro lado, la tasa de inflación subyacente en términos interanuales se redujo desde el 4,4% de junio al 4,2% de julio. Con todo, todavía es pronto para extraer conclusiones precipitadas, ya que la inflación se mantiene en niveles anormalmente altos. En este escenario, consecuentemente, continúa muy presente el riesgo de que termine penetrando en las expectativas de los interlocutores sociales y, por tanto, enquistándose en la economía de nuestro país.