Macroeconomía

El déficit público se reduce un 31% hasta el 4,5% del PIB

La buena marcha de los ingresos en los ocho primeros meses del año lo deja en 54.950 millones

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i), y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i), y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús MonteroGustavo ValienteEuropa Press

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en 54.950 millones de euros hasta agosto, lo que supone restar 24.571 millones a la cifra registrada un año antes, un 30,9% menos, por lo que desciende al 4,54% del PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda. En lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de septiembre, el dato se sitúa en el 4,46% del PIB, y desciende un 5,7% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 53.949 millones de euros. Este resultado se debe a un incremento más robusto de los ingresos no financieros del 16,2%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un menor ritmo del 9,6%.

“La evolución hasta septiembre muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada a partir del mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia de la reactivación económica por el avance del proceso de vacunación”, ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero.

Esta progresiva reducción del déficit, derivada en parte de la mejora de la situación sanitaria y las menores restricciones a la actividad económica, es el resultado de un fuerte aumento de los ingresos, de casi el 10% entre enero y agosto, cuando los gastos crecieron menos de un 1%.

Como es habitual, la Administración Central concentraba la mayor parte del déficit -51.425 millones, un 16,4% menos-, ya que asume buena parte del impacto de la pandemia. El déficit del subsector equivale al 4,25 % del PIB, cuando su objetivo anual es del 6,3%. También los Fondos de la Seguridad Social redujeron su déficit -un 67,3 %, hasta los 6.358 millones- gracias a la buena marcha de las cotizaciones sociales, con lo que cerraron agosto en el 0,53 % del PIB, con margen hasta el 1,5 % del PIB que tienen como referencia.

Por su parte, las comunidades autónomas duplicaron su superávit animadas por un aumento de los ingresos por impuestos, transferencias del Estado y recursos europeos, que les permitieron lograr un desfase positivo de 2.833 millones, un 0,23 % del PIB (su referencia anual es un déficit del 0,7 % del PIB). Solo seis comunidades autónomas registraron déficit en esos ocho meses -Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y País Vasco- mientras que Baleares y Canarias se anotaron superávit por encima del 3 % de su PIB.

Hacienda también ha publicado los datos de ejecución presupuestaria del Estado de los nueve primeros meses del año, cuando acumuló un déficit de 53.949 millones de euros, un 5,7% menos que en el mismo periodo de 2020 y equivalente al 4,46% del PIB. La mejora de la situación sanitaria permitió incrementar los ingresos un 16,2%, sobre todo gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria, que se situó en 127.936 millones, un 17,6% más que en 2020 y un 0,8% más que en 2019.

La recaudación de todos los grandes impuestos creció con fuerza -el IRPF, un 28,3%; el IVA, un 16,4%, y el impuesto de sociedades, un 12%-, al igual que la del impuesto sobre primas de seguro (un 32,1%, gracias al aumento de tipos) o de hidrocarburos (un 10,6%). En cambio, los nuevos impuestos de transacciones financieras y digital recaudaron 209 y 93 millones, respectivamente, muy lejos de las previsiones anuales de 850 y 968 millones, que el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ya consideró esta semana fruto de un cálculo erróneo.

Los gastos estatales aumentaron en esos nueve meses un 9,6%, sobre todo por las mayores transferencias a otras administraciones públicas, tanto las comunidades autónomas (para sufragar la pandemia) como la Seguridad Social (por mayor dotación para dependencia o ingreso mínimo vital). También se incrementó el gasto en remuneración de asalariados (un 4,4 %), en consumos intermedios (un 25,9 %, por la dotación para vacunas) y los intereses de la deuda (un 0,9 %).