El Gobierno prepara un plan alternativo por si la reforma de las pensiones no alcanza a los babyboomers

La presión que ejercen la apretura de los tiempos en Bruselas y la negativa de la patronal a firmar un acuerdo que signifique mayores costes para las empresas no desalientan al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su afán por llegar a un acuerdo pactado en la reforma laboral. No afloja su presión en la negociación de la reforma de las pensiones y ha lanzado un nuevo reto a los empresarios: elevará aún más las cotizaciones sociales para pagar las pensiones de la «generación babyboomer». Ha hecho oídos sordos a la CEOE y ha presentado la propuesta contraria a esperada, al incrementar en una décima –del 0,5% de la semana pasada al 0,6% de ayer– la aportación extra en las cotizaciones en su nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que deber sustituir al Factor de Sostenibilidad actual.

Esto será así si logra convencer a los agentes sociales de que su teoría es la correcta para salvar el sistema de pensiones. Si no lo lograra, el Ministerio que dirige Escrivá ya baraja otras opciones no menos gravosas para empresas y trabajadores.

Si no se lograra enjugar la desviación provocada por la incorporación de cada vez más pensionistas y disminuyera el número de trabajadores en activo, una desviación superior al 0,2% obligaría al Gobierno a optar por tres opciones: reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, proceder a una elevación extra de las cotizaciones –que se sumaría a la presentada ahora– o determinar el incremento de algunos impuestos que cubran este déficit, aunque fuentes gubernamentales no concretan cuáles. Todo ello dependerá de si el Fondo de Reserva que propone Escrivá no logra asumir esa desviación con los ingresos adicionales que espera.

Lo que si reconocen dichas fuentes es que cualquier medida que se tome deberá compensar la desviación en la previsión de gasto en pensiones en el año 2050 que el Fondo de Reserva de las pensiones no haya podido cubrir con sus activos, con un límite de 5.000 millones, el 0,4% del PIB.

Esta insistencia en dar solución al sostenimiento del sistema de pensiones a largo plazo elevando las cotizaciones ha vuelto a atascar la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales. Al menos del lado de los empresarios, que se vieron sorprendidos con la propuesta ministerial, que incrementó aún más la presión sobre los costes laborales. Y esta sorpresa llegó con el incremento de una décima sobre la propuesta de la semana pasada –del 0,5% al 0,6%–y que esta subida no será equitativa entre empresa y trabajador, como esperaban los empresarios –incluso al 50%–, sino que ellos tendrán que abonar el 0,4%, por el 0,2% del empleado. «No solo no se negocia a la baja o se dan otras alternativas, sino que encima se sube».

Si la semana pasada, esta idea ya provocó malestar dentro de la CEOE, por lo que supone de mayor incremento de los costes de las empresas –ya disparados por la subida del salario mínimo y por el nuevo tipo mínimo de Sociedades–, «ahora mismo la situación está aún peor». Según criticaron ayer con dureza, «en un contexto como el que las empresas están afrontando, y que se va a prolongar durante varios años en muchos sectores por culpa de la pandemia, no tiene sentido poner más piedras en el camino de los empresarios, que ya están al límite». Y avisan al Gobierno de que «esto se reflejará a medio plazo en el empleo, porque muchos empresarios no podrán mantener sus actuales plantillas por la incapacidad de hacer frente a los gastos sociales. Y tendrán que despedir».

Para Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, «subir cotizaciones e impuestos se ha convertido en un clásico para el Gobierno y esto tendrá efectos nocivos en el empleo y asfixia aún más a autónomos y empresas».