Navidad caliente contra el Gobierno: el malestar social crece con la movilización del campo contra Sánchez

La conflictividad laboral y el descontento social se acrecientan a medida que la economía se ralentiza, la tensión empresarial se acelera como una bomba de relojería –cuya onda expansiva puede llevarse por delante miles de empleos– y por una inflación que no da tregua y ha colocado a sectores esenciales al borde del desastre. El Gobierno intenta atajar los focos de descontento con reuniones que las partes implicadas dan por «inútiles» incluso antes de celebrarse, por la «inoperancia» y la «tardanza en reaccionar» ante situaciones tan previsibles ya desde hace meses, como el despegue de los precios energéticos y de los carburantes o las subidas impositivas y el aumento de las cargas sociales, que «están poniendo contra las cuerdas la creación de empleo y la solvencia financiera de empresas y autónomos», explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales.

Los últimos en estallar y en «tirar por la calle de enmedio ante la dejadez del Gobierno» ha sido el sector agrario y ganadero. El campo no puede más y ha decidido iniciar protestas y movilizaciones ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones. Las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) confirmaron ayer oficialmente que se unirán a los transportistas en diciembre en sus movilizaciones –«no sabemos si serán conjuntas o independientes», explicaron a este periódico fuentes de ambas partes– para dar solución a los problemas que atraviesa el sector, como el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad agraria. Exigen al Gobierno que se articulen «medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción» de alimentos en España.

Las protestas se celebrarán en distintos puntos del territorio nacional y se está preparando una gran manifestación en Madrid con el objetivo de denunciar que la supervivencia de los productores y del medio rural español está en serio peligro «por una confluencia de motivos» a los que no se da solución por parte de la Administración, según denuncian las organizaciones. Bajo el lema #SOSrural preparan ya un calendario de protestas, cuyas fechas coincidirán con el paro de los transportistas, previsto del 20 al 22 de diciembre.

Agricultores y ganaderos explicaron a LA RAZÓN que las causas por las que se han visto forzados a tomar «esta decisión tan drástica» han sido por la falta de respuesta del Gobierno al «inasumible» incremento de los costes de producción «a niveles nunca vistos», después de que la energía eléctrica se haya encarecido un 270% en el último año y el gasóleo agrario que usan los tractores, un 73%. A esto hay que unir las subidas continuas de suministros esenciales, como los piensos para el ganado, de un 30%; los abonos, un 48%; los plásticos para invernaderos, un 46%; el agua, un 33%; o las semillas, un 20%.

Según denuncian los productores, los distribuidores están cargando esta subida de forma directa a los consumidores en el precio final de los alimentos, mientras que en el campo siguen sin cubrir sus costes y «vendiendo a pérdidas», por lo que han reclamado un reparto «más justo» del valor de los alimentos en la cadena alimentaria. «El Gobierno no tiene excusa para no actuar en esto porque ahí sí que tiene capacidad para decidir y no lo hace».

Asimismo, exigen que el Gobierno «dé la cara» y convoque a una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y un apoyo «firme» de las administraciones a todos los niveles, con la puesta en marcha de un plan que «salve al sector primario» y la «articulación de medidas fiscales, económicas y políticas que protejan la producción de alimentos». Ayer mismo, organizaciones agrarias del sector lácteo ya bloquearon carreteras en Asturias para reclamar precios justos para la leche.

El campo se unirá a los transportistas, que ya han convocado un paro patronal durante tres días justo antes de Navidad, entre el 20 y el 22 de diciembre, en protesta por el «estado de abandono» por parte del Gobierno al sector y por la inacción en sus reivindicaciones principales, que pasan por acabar con la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la no implantación de euroviñeta y los peajes, la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible y la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales. «Nuestra paciencia se ha agotado», defienden.

A transportistas y agricultores se podrían sumar en las movilizaciones los controladores aéreos. El principal sindicato de este colectivo, Usca, dio a Enaire un plazo en octubre que está próximo a expirar para que solucione lo que consideran jubilaciones forzosas de algunos de estos profesionales. El sindicato asegura que los trabajadores que llegan a los 65 años en Enaire se encuentran en un limbo jurídico y salen en ocasiones forzosamente, en lo que consideran un despido, sin pensión ni indemnización. Si la empresa pública no arregla pronto el problema, el sindicato ya advirtió de que no descarta someter a la consideración de sus afiliados medidas de presión.

También amenazan con acciones «más drásticas» los funcionarios públicos, que se reunirán el próximo día 23 con el Ejecutivo para negociar una subida salarial del 3,5% y una jornada de 35 horas, algo a lo que el Ejecutivo ya ha anunciado que no «será posible». Los Presupuestos de 2022 solo contemplan una subida del 2% y no se tiene prevista ninguna compensación para cubrir la desviación por la inflación.