El Gobierno aprueba la Ley de Startups y afirma haber corregido las partes “ambiguas” del borrador inicial

Este viernes 10 de diciembre el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la Ley de Startups que lleva prometiendo desde hace tres años y cuyo borrador se presentó el pasado mes de julio. La exposición inicial recibió críticas por contener partes “ambiguas”, ha reconocido el propio Ejecutivo, que defiende que la norma aprobada hoy recoge varias de las demandas del tejido empresarial tras la consulta pública y establece un marco fiscal “muy favorable” para el sector, ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Aún así, el texto que ha llegado al Consejo de Ministros tampoco está libre de detractores. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha denunciado que la ley creará un “paraíso fiscal” que perjudicará a la mayoría de autónomos.

Una de las principales mejoras que demandaba el tejido empresarial era introducir mejoras en la definición de startup para que la ley no solo diese cobertura a los emprendedores con un único proyecto, sino también a los emprendedores en serie (aquellos que han creado varias empresas). El documento final de la norma que ha sido aprobado este viernes corrige esta deficiencia inicial y permite que los emprendedores en serie se puedan acoger hasta tres veces a la ley, cuya medida estrella es reducir del 25% al 15% el impuesto de Sociedades los primeros cuatro años de vida, además de introducir la posibilidad de aplazar sin intereses pagos de otros impuestos durante dos ejercicios.

Definición de startup

La Ley de Startups establece un régimen diferenciador para las startups, considerando a estas como empresas innovadoras de base tecnológica cuya condición deberá ser acreditada por Enisa (como ventanilla única) y, cuando se constituya, por la Oficina Nacional de Emprendimiento, una recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre los requisitos para que una empresa sea considerada startup estará el no haber repartido dividendo, facturar menos de cinco millones de euros, tener sede social y la mayor parte de la plantilla en España y no ser cotizada.

El texto legal llegará al Parlamento tras incorporar varias modificaciones reclamadas por el sector, como el aumento de la cantidad de ‘stock options’, planes de acciones para empleados libres de impuestos, que pasa de 12.500 a 50.000 euros, o el aplazamiento de la tributación hasta el momento de liquidarla o que se cumplan 10 años desde que las posee.

La medida aumenta también los límites de la inversión libre de impuestos hasta 100.000 euros en empresas de reciente creación (hasta 5 años de vida o 7 en el caso de las biotecnológicas, la industria y la energía) y se eleva del 30% al 50% la deducción, mientras que el borrador de junio solo contemplaba ampliar la base máxima de deducción hasta el 40%.

Otra reforma para atraer inversión es el cambio de tratamiento fiscal del sistema de remuneración de los gestores de riesgo cuando se complementa una desinversión (‘carried interest’), cuya exención de tributación aumenta hasta el 50%. Por otro lado, se mantiene la propuesta original de que los inversores no residentes en España solo necesitarán tener Número de Identificación Fiscal (NIF) y no NIE (Número de Identidad de Extranjero (NIE).

La ley también incluye un régimen especial para nómadas digitales con el que se busca atraer a españoles que lleven cinco años o más viviendo fuera y profesionales extranjeros ampliamente cualificados. Asimismo, el Ejecutivo se compromete a poner en marcha sandbox regulatorios, entornos regulados que permitan probar las innovaciones del sector, como ya ha ocurrido en el financiero, y mecanismos de contacto con el sector como el Foro Nacional de Empresas Emergentes.

Empresas en seis horas y visados para nómadas digitales

En línea con el objetivo de agilizar la creación de empresas y atraer a nómadas digitales, las startups podrán registrarse de manera digital y, con unos estatutos tipos, estar constituidas en un plazo de seis horas que se extendería, como máximo, hasta los cinco días si, por ejemplo, hicieran unos estatutos personalizados.

Asimismo, el Ejecutivo ha eliminado el requisito de renovar el sello de startup del anteproyecto y ha suprimido los aranceles notariales a estas empresas emergentes, que también estarán exentas de la obligación de ir a concurso por pérdidas.

También eximirá de la cotización como autónomo a aquellos emprendedores que trabajen por cuenta ajena en las primeras etapas de formación de la empresa para que no esté sometido a una doble cotización. En este sentido, los emprendedores que compaginen su startup con un trabajo por cuenta ajena estarán exentos de cotizar como autónomos durante tres años.

La ley también agilizará la tramitación de visados para nómadas digitales, que vengan a trabajar a una ‘startup’ española, trabajen de forma autónoma y emprendedores digitales, así como para españoles que quieran volver a España. El texto pondrá en marcha visados específicos para estos perfiles que tendrán además una fiscalidad favorable, que incluye un menor tipo impositivo.

Entrada en vigor en verano de 2022

Calviño ha encuadrado la ley en una serie de medidas económicas comprometida en el Plan de Recuperación como la ley crea y crece o como la reforma concursal. Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos han mostrado su confianza en que la ley se apruebe en 2022, antes de verano o justo después.

La ley de startups es una de las reformas prometidas a la Unión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la fecha límite de su aprobación es el último trimestre de 2022. Tras la aprobación en el consejo, deberá atravesar ahora el proceso de trámite parlamentario.

Junto a esta medida, el Gobierno tiene en marcha otros dos proyectos para mejorar el clima de negocios del país como la ya aprobada ‘ley crea y crece’, que permite crear sociedades con 1 euro, mientras que la aprobación de la ley de reforma concursal se encuentra “en ciernes”. Más ligada a las startups, el Ejecutivo está preparando el lanzamiento del fondo NextTech, que estará dotado con 4.000 millones de euros para invertir en empresas tecnológicas españolas.

Oposición a la normativa

Las modificaciones de la ley no han dejado a todos contentos. Uatae ha denunciado que la normativa creará un “paraíso fiscal” que perjudicará a la mayoría de autónomos. En un comunicado, la secretaria general de la organización, María José Landaburu, ha recalcado que las rebajas de impuestos y agilización de trámites para estas compañías “suponen un agravio para el resto de autónomos, incluidos muchos proyectos que pueden tener un valor añadido de innovación social, cultural o ambiental pero que no encajan en los requisitos confusos”. La asociación pide que la fiscalidad se base en la “progresividad” para no privilegiar a “quien menos la necesita”.

Además, el colectivo ha asegurado que la etiqueta las ‘empresas emergentes’ encubre “fácilmente” a modelos de negocio “débiles, basados en la externalización y el abaratamiento extremo de costes”. La secretaria general considera que el texto de la ley reduce la transición digital del tejido productivo y la innovación hacia grandes proyectos respaldados por inversores extranjeros.