Los fondos de la UE, pendientes de la reforma laboral y las pensiones

La economía española ha intentado curar las heridas infligidas por la pandemia durante este 2021 y para ello su principal cicatrizante ha sido poder contar con la salvaguarda de los fondos europeos de recuperación Next Generation. En total, nuestro país espera recibir 69.509 millones de euros a lo largo de seis años (2021-2026), de los cuales llegó un anticipo de 9.000 millones en agosto y a principios de diciembre se recibió el visto bueno de Bruselas para ingresar en las arcas del Estado el primer tramo de 10.000 millones, que pueden llegar antes de las campanadas. Estas cantidades apenas representan el 27% del paquete de dinero que le corresponde a España y el acceso al resto de las ayudas está condicionado a medidas como la nueva reforma laboral que lleve a cabo modificaciones sobre la de 2012 aprobada por el PP y a una profunda reforma del sistema de pensiones español que modere el gasto en esta partida, el cual supone un 12% del PIB.

Con la reforma laboral y de las pensiones el Gobierno se juega el segundo tramo de los fondos, el de mayor cuantía, alrededor de 12.000 millones a entregar en el primer semestre de 2022. A lo largo de 2021 se han ido perfilando los puntos clave que PSOE y Podemos pretendían derogar o modificar de la reforma laboral del PP, aunque fue durante los días previos a Nochebuena cuando se llegó a un acuerdo con los agentes sociales sobre las condiciones finales.

Entrada en vigor y control de la temporalidad tardíos

La reforma o derogación se llevaría a cabo “en los términos del acuerdo de coalición (2019) y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (abril de 2021)”, defendió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de noviembre. En octubre se inauguraron las reuniones sobre la reforma laboral, con el objetivo de tener un acuerdo antes de fin de año, según el calendario la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mientras que la patronal y los sindicatos pedían que se tomase el tiempo necesario para cerrar un acuerdo sólido, aunque este tuviese que alcanzar terminado el tiempo de descuento establecido por el Gobierno, ya que la UE se mostró abierta a flexibilizar el plazo.

Finalmente, el 23 de diciembre hubo fumata blanca. CEOE, UGT y CC OO pactaron con el Gobierno una reforma laboral que reequilibra las fuerzas en el mundo laboral, pero no deroga la de Mariano Rajoy. Y para muestra un botón. Se estableció que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: el estructural (por seis meses ampliables a 12) y el formativo. Las partes también acordaron reducir a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente. Se reinstaurará la ultraactividad, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos; se retomará la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa; los contratos de refuerzo solo se podrán usar un máximo de 90 días en el año natural y nunca seguidos; y el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo permitirá a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo, que tendrán prioridad sobre el despido. El Consejo de Ministros dio luz verde al texto el 28 de diciembre y entrará en vigor este 30, un día después de lo previsto, con una «vacatio legis» de tres meses para adaptar los contratos temporales.

Las pensiones en 2022

En materia de pensiones, el grueso de la reforma llegó al Congreso en septiembre tras ser acordada en julio tanto con los sindicatos como con la patronal, y a principios de diciembre el pleno del Congreso aprobó la ley. Los pilares de la primera parte de la reforma del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, son la revalorización de las pensiones con la inflación (un 2,5% para 2022) y una modificación de los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas, que pasan a ser mensuales frente al cálculo trimestral actual y se aplican directamente sobre la pensión. También se establecen nuevos incentivos para atrasar la jubilaciónmás allá de la edad ordinaria que consistirán en una subida de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o una mezcla de ambos. De igual manera, se incluye un plus de compensación para los jubilados anticipados con más de 44,5 años de cotización que podría oscilar entre los 4,5 y los 82 euros mensuales.

La ley incorporó mediante una enmienda el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para sustituir al derogado factor de sostenibilidad de las pensiones. Frente a esta medida, que recortaba la cuantía inicial de la pensión en función del aumento de la esperanza de vida, la propuesta del Gobierno avalada por el Congreso supone aumentar 0,6 puntos las cotizaciones durante 10 años años, entre 2023 y 2032, para llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y enfrentar la jubilación de los ‘baby boomers’.

En 2022, el Gobierno tiene previsto adoptar nuevas medidas como la adecuación de las carreras de cotización para evitar lagunas que afecten la pensión, el destope de las cotizaciones a nuevos tramos, la mejora de las pensiones mínimas y la reforma de los planes de pensiones de empresa. La Comisión Europea también reclama que la segunda parte de la reforma alargue el periodo de cómputo de las pensiones, algo que el Gobierno deberá cumplir en la segunda mitad de 2022 si quiere recibir otro tramo de 10.000 millones a principios de 2023. Por otro lado, la activación del fondo público de pensiones y la implantación del sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos condicionarán la llegada de 6.000 millones de euros para la segunda mitad del año que entra, unos trabajadores que en el 66% de los casos aún no se han recuperado de la crisis y que en el 47% no prevén hacerlo hasta 2023.