La automoción avisa de la pérdida de contratos por la reforma laboral

La reforma laboral recientemente aprobada con más sombras que luces está creando una gran preocupación entre los empresarios del sector del motor, especialmente entre las empresas que poseen plantas de fabricación en España. La dificultad de poder llevar a cabo flexibilidad de plantillas va a suponer un incremento de costes y acarreará una disminución masiva de los puestos de trabajo, además de poner en aprietos a las instalaciones productoras de nuestro país.

La patronal de los constructores de automóviles, Anfac, se opuso al texto de la reforma laboral y oficialmente se abstuvo en la votación promovida por la CEOE, lo que de hecho se interpretó como un voto negativo a la decisión de Antonio Garamendi. Y la principal razón para esta oposición es el apartado de la flexibilidad laboral, establecida en todas las fábricas de automóviles, que permite adecuar la plantilla en cada momento a las necesidades de producción. Sin esta flexibilidad, que por otra parte está reconocida en todos los convenios colectivos aprobados en todas las factorías entre las direcciones empresariales y los representantes sindicales, los costes laborales se dispararán.

Con ello, en opinión de diferentes directivos del sector, se reducirá la contratación de personal para contener los costes laborales si es que no se puede prescindir temporalmente del personal sobrante. Una situación especialmente delicada ya que, además, los trabajadores de las líneas de montaje deben tener una preparación profesional especializada que se consigue en cursos de bastantes horas de formación. Solo como un ejemplo pequeño, la fábrica de Mercedes Benz de Vitoria ya ha planteado un ERTE de 30 días hasta junio que afectará a 4.669 trabajadores.

Otra de las grandes preocupaciones de los empresarios del motor es el aspecto de la reforma laboral que prima los convenios sectoriales sobre los particulares de las empresas que, en opinión de los dirigentes, es malo tanto para los trabajadores como para las empresas. Para los primeros, porque el sectorial del metal tiene salarios más bajos que los del automóvil y para la empresa, porque limita las posibilidades de flexibilidad de la producción. En un momento en que las fábricas tienen que adaptarse a la demanda y el suministro de componentes, los planes de flexibilidad laboral hacen que los trabajadores puedan mantener sus puestos de trabajo que, de otra forma, pasarían directamente al paro.

El problema de incrementar estos costes laborales es que las factorías españolas perderán competitividad frente a las instalaciones de otros países en un continente como Europa que padece una fuerte sobrecapacidad de producción. Las fábricas de cada marca compiten entre sí y las decisiones de producir nuevos modelos se toman en las sedes centrales de las multinacionales, que nunca están en España, mirando únicamente los costes finales del producto. España no está bien situada en proximidad a los grandes países compradores, en especial a Alemania, que es el principal mercado y que tiene más cerca a países como Polonia, Chequia… con costes más bajos de transporte del producto final.

Por otra parte, los costes de la energía se han disparado, lo que ha perjudicado mucho a la industria del motor. Y si ahora se incrementan los costes laborales, España dejará de ser competitiva en este aspecto frente a otras instalaciones. Por ejemplo, Saarlouis en Alemania compite con Almusafes dentro de la empresa Ford. Y los grupos Renault y Stellantis tienen fábricas importantes en Francia e Italia. Como por otra parte el Gobierno no ha negociado ayudas con las multinacionales y los fondos del Perte no llegarán hasta otoño en el mejor de los casos, la posición de fábricas como Landaben, Almusafes o Martorell se colocan en desventaja frente a las plantas y ventajas de otros países europeos.