La crisis económica presiona a las familias en todos los frentes

El Gobierno anunció de forma triunfal la llegada de los fondos europeos para la recuperación de la economía nacional, tras los estragos causados por el coronavirus, que impulsarían la recuperación económica. Sin embargo, en el último año ha crecido la preocupación de los españoles por la situación de la economía. En especial preocupa el desempleo, que en doce meses ha pasado de ser el principal problema para el 27,9% de la ciudadanía, a escalar hasta el 38,1%.

Así, en estos momentos, preocupan más los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo que los efectos de ésta sobre la salud, cuando hace un año era al revés. En aquel momento se imponía la salud con el 46,6% sobre la economía y el empleo con tan solo el 16,3%. Hoy, en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mismo mes de febrero, la economía y el empleo preocupan al 39,1%, porcentaje superior al de la salud, que baja al 33,6%.

Otro medidor del deterioro económico en España es la inflación, que en el periodo comprendido enero 2021y enero 2022 se situó en el 6,1%. Hay que remontarse dos décadas, a 1992, a las puertas de la depresión económica de 1993-1994, para encontrar un incremento de precios de esta magnitud. Además, hay que tener muy presente que este índice excluye la energía y los alimentos frescos.

En cuanto a la economía diaria de los hogares, la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuantifica en 26.996 euros el presupuesto familiar medio en España, siendo el menor desde 2006, es decir, se ha reducido el gasto medio. Los mayores descensos de este gasto medio por hogar fueron en restaurantes y hoteles, ocio y cultura, transporte y vestido, mientras que los únicos grupos donde aumentó el gasto medio por hogar fueron los de alimentación y vivienda, de lo que se extrae que, en término medio, los hogares españoles tienen que hacer economías para equilibrar sus presupuestos familiares.

Pero no sólo por las subidas en la cesta de la compra, sino por el incremento, muy acusado, de los precios de la energía. Con las alzas del gas, los carburantes y la electricidad, las familias españolas tendrán que dedicar un 10,6% de su gasto a estos consumos.

Y es que el gas ha experimentado una subida anual del 12,1%, antes incluso de iniciarse la crisis de Ucrania, duplicando el índice de precios de consumo (IPC).

Con respecto a la gasolina, usando como ejemplo la más consumida, la de 95 octanos, ha pasado en un año de 1,26€ a 1,59€ el litro. La subida es del 26,2%, que cuadruplica el IPC.

Otro ejemplo de la carestía de la vida, que supera con creces el índice oficial del 6,1%, es el precio de la electricidad. Tomando como referencia la tarifa regulada PVPC para un hogar medio (con 4,6 kW de potencia contratada y 292 kWh de consumo mensual) el precio es de 111,64 euros. Cuando hace un año era de 79,60€. El aumento ha sido del 40,3%. Casi 7 veces el IPC.

Obviamente, únicamente un gobierno nacional sometido a las exigencias de sus rescatadores del FMI podría permitir estos abusos en los precios de la energía, que podemos catalogar de consumo básico, para hogares y empresas. Con su falta de sensibilidad las autoridades españolas, al no eliminar los impuestos y tasas que las gravan, están expandiendo la pobreza energética a su pueblo. Es de las pocas voces en Europa que irresponsablemente se oponen a la energía nuclear. Son los nuevos talibanes de la energía. Apóstoles de las renovables, que bienvenidas sean, pero insuficientes para nuestro sostenimiento.

La Comisión Europea, el gobierno de la Unión, comienza el 2022 clasificando a la energía atómica y al gas como fuentes de energía necesarias para la transición hacia una generación sin emisiones de CO₂ allá por el 2050.

Países europeos ya han anunciado que se vuelven atrás en sus planes de desnuclearización. Alemania, que tenía previsto cerrar sus seis plantas nucleares, tan solo ha cerrado tres. Otros públicamente declaran que van a construir plantas nucleares, como Francia e incluso, como es el caso de Países Bajos, con los fondos europeos.

Con ello se combate el cambio climático y se lucha contra los combustibles fósiles, fundamentalmente el carbón y el petróleo. Pero además se cumplen dos objetivos más, garantizar la autonomía energética de Europa frente a las dictaduras gasísticas o petroleras, y el más importante, asegurar a los ciudadanos europeos el acceso a una energía limpia, abundante y económica.