ACS abre “una nueva etapa” de inversiones tras reordenar su cúpula con Juan Santamaría

ACS afronta oficialmente desde hoy una “nueva etapa” de la compañía, con Juan Santamaría en la máxima dirección del grupo -fue aprobada su elección como nuevo consejero ejecutivo- para que lleve las riendas de “los nuevos retos estratégicos de la empresa”. Así lo explicó en la Junta de Accionistas el presidente de ACS, Florentino Pérez, que adelantó en su discurso cuáles serán algunos de estos retos: incrementar el peso de la actividad concesional -a través de Iridium y Abertis-, simplificar su estructura corporativa -con Santamaría en el vértice- y reinvertir los cerca de 3.000 millones de euros de plusvalía obtenidos por la venta del negocio industrial a Vinci, principalmente a través del 50% que controla en Abertis junto con su socio italiano Atlantia.

Dentro de esta nueva etapa, se consolidará la reordenación de los negocios con Hochtief, por lo que se agrupará su participación del 50% de Abertis en ACS “para concentrar recursos en el desarrollo de empresas de Hochtief” como Turner y Cimic, confirmó Pérez.

Pérez aseguró que apostará por la opción de lanzar una nueva oferta por el negocio de autopistas -o parte de él- de Abertis -así como por otros activos en Latinoamérica-, además de barajar ya “nuevas oportunidades” concesionales de autopistas en Estados Unidos, cuyo resultado será “próximamente” anunciado. “Prevemos una demanda creciente que ofrecerá muchas oportunidades de inversión”, reiteró Pérez ante los accionistas, aunque sin citar en ningún momento que este camino lo haya tomado tras la negativa de sus socios italianos -con la familia Benetton a la cabeza- de aceptar una posible compra Atlantia por parte de ACS.

En una conversación con periodistas al término de la junta, el presidente de ACS confirmó que no tiene intención de presentar una OPA por Atlantia, pero sí que apostará fuerte por Abertis. “Esa es la que nos interesa”, subrayó. La familia Benetton y el fondo de inversión Blackstone -socios mayoritarios en Atlantia- presentaron una contraoferta de 12.700 millones de euros -23 euros por acción- para tomar el control total de la compañía y contrarrestar la apuesta no vinculante lanzada previamente por la constructora española junto a los fondos GIP y Brookfield.

El presidente de ACS ni siquiera ha mencionado este asunto en su intervención ante los accionistas y ha insistido en que los 5.000 millones de euros obtenidos con la venta de la actividad industrial al grupo francés Vinci se invertirán en nuevos proyectos de concesiones de infraestructuras, ya sea a través de Iridium o de Abertis.

Todas estas nuevas operaciones, con “implicaciones de envergadura para el futuro”, se pondrán en marcha gracias a la ventaja otorgada por la venta del área de servicios industriales a Vinci, por un valor total de 5.580 millones, en un acuerdo que incluyó la creación de una sociedad conjunta para el desarrollo de la cartera de renovables, que ACS -con el 49 % del capital- y el grupo galo van a afrontar en los próximos años. Esto ha abierto para la constructora española “una importante oportunidad” de inversión para desarrollar una cartera de activos de energías renovables de al menos 15 GW durante durante los próximos diez años, unos derechos de cobro de 600 millones -unos 40 millones por cada GW construido-.

El presidente de ACS también ha avanzado que las ampliaciones de capital aprobadas en la junta -por un valor máximo de 600 millones de euros- permitirán el reparto de un dividendo para este ejercicio de dos euros por acción, lo que representa un incremento del 16% respecto al del año pasado. El dividendo se abonará en la modalidad de dividendo flexible, por la que el accionista puede optar por recibirlo en efectivo o en acciones. Para afrontar este desembolso, ACS acometerá una primera ampliación de 460 millones de euros y, en el primer trimestre de 2023, una segunda que no excederá de 140 millones de euros en los próximos tres meses.

Los accionistas han respaldado la totalidad de las propuesta sin apenas oposición. Además del nombramiento de Santamaría, aprobado con casi el 98% de apoyo, y la incorporación de María José García Beato -Banco Sabadell- como consejera independiente, se aprobaron casi por unanimidad las cuentas, la gestión del último ejercicio, la fijación en 15 del número de miembros del consejo de administración, las remuneraciones de los consejeros -con un incremento del 4% en la retribución fija-, el aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y a la reducción a fin de amortizar acciones propias, así como a la modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a la ley de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Finalmente, se ha aprobado que sea KPMG el auditor de las cuentas del ejercicio 2022.