Los “riders” ya pueden trabajar como autónomos para Uber Eats: la plataforma lanza el piloto de su nuevo modelo

Las advertencias de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo no han frenado a Uber Eats en su carrera para recuperar a los “riders” autónomos. El pasado 8 de agosto la plataforma envió un correo a sus antiguos repartidores informándoles de que podrán volver a operar como autónomos próximamente. En un principio, los operadores del soporte de Uber indicaron a los “riders” que podrían volver a trabajar por cuenta propia después del verano, pero la empresa no tardó en rectificar y afirmar que aún no tenía fijada una fecha de aplicación, ya que el nuevo modelo estaba solo “en fase de prueba”. Sin embargo, hoy mismo la firma ha informado a algunos “riders” de que ya pueden trabajar como autónomos. Esta funcionalidad disponible desde este lunes 29 de agosto solo entra en funcionamiento en cinco ciudades de España -Castellón, Jerez de la Frontera, Granada, Albacete y Lérida- a modo de piloto para testar su nuevo modelo diseñado exclusivamente para España y para cumplir con la “Ley Rider”.

“Hoy hemos lanzado un piloto en algunas ciudades españolas para todos aquellos repartidores que quieren trabajar como autónomos en cumplimiento de la regulación vigente. Este nuevo modelo incluye importantes cambios que le ofrecen al repartidor mayor control sobre su actividad, como por ejemplo la posibilidad de establecer su tarifa libremente”, explican fuentes de Uber Eats a LA RAZÓN.

Tarifa libre y adiós a las valoraciones

El cambio más importante con el que Uber Eats pretende garantizar la independencia de los “riders” y esquivar la presunción de laboralidad de la “Ley Rider” es que el repartidor autónomo pueda fijar el precio de los repartos. Los “riders” incluidos en este piloto podrán “determinar el precio mínimo por kilómetro en cada pedido y recibir únicamente ofertas que sean iguales o superiores a la tarifa elegida”, detalla la firma de las mochilas verdes en un post de su blog. Además, los repartidores podrán cambiar esta tarifa en cualquier momento y tantas veces como quieran, a diferencia de lo que ocurre con el multiplicador de Glovo. Por otro lado, los “riders” también tendrán acceso a sus ingresos cada vez que completen una entrega y podrán elegir si cobrar semanal o diariamente con Flex Pay. Adicionalmente, podrán decidir si aceptan pedidos en efectivo o solo a través de la app.

En el nuevo modelo autónomo de Uber Eats, los “riders” podrán ver toda la información de un pedido antes de confirmarlo, para poder elegir con libertad si quieren aceptarlo o rechazarlo o ignorarlo, en tal caso, no se penalizará de ninguna manera. Entre la información que se les aportará, se encuentran los puntos de recogida y entrega, así como la distancia a recorrer.

Para refutar la presunción de laboralidad recogida en la “Ley Rider”, Uber Eats también ha eliminado las valoraciones. Los repartidores no podrán ser evaluados de ninguna forma. Ni clientes ni restaurantes podrán calificar su servicio dando una valoración positiva o negativa. Y la última novedad introducida en la app de Uber Eats es que los repartidores autónomos con una cuenta activa podrán elegir a un sustituto o delegado para que entregue pedidos en su lugar. “Los repartidores autónomos pueden sustituir a otros siempre que ambos tengan una cuenta activa en Uber Eats”, detalla la compañía en el post.

Gobierno y sindicatos se preparan para actuar

Las plataformas competidoras llevan un año denunciando la desventaja competitiva generada por Glovo, que ha ido ganando cuota de mercado debido a los menores costes laborales que conlleva trabajar con autónomos y a la capacidad de atraer a “riders” de otras empresas como Uber Eats, Just Eat, Stuart o Getir. Por este motivo, el pasado mes de marzo la directora general de Uber Eats en España, Courtney Tims, envió una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la que acusaba a Glovo de seguir operando con trabajadores autónomos pese a que estaba prohibido por la ley. En la misiva, la directora general de Uber Eats acusó de competencia desleal a Glovo, reclamó la actuación del Gobierno y planteó la posibilidad de volver a trabajar con “riders” autónomos para “competir en igualdad de condiciones” con la firma de las mochilas amarillas.

Tras darse a conocer la intención de Uber Eats de recuperar a los “riders” autónomos, desde el Gobierno, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, advirtió que van a ser “implacables con el cumplimiento de la ley” y para ello usarán “todos los recursos” que tengan a su disposición, en respuesta a preguntas de LA RAZÓN. El 12 de agosto, cuando se cumplió un año de la entrada en vigor efectiva de la “Ley Rider”, Pérez Rey fue incluso más contundente en sus advertencias. “No hay atajo ni posibilidad de burlar” la norma, ha avisado, y Trabajo no descarta que las empresas digitales tengan que asumir también “responsabilidades penales”. Cuando las plataformas se sitúan deliberadamente fuera de la ley, primero se afrontan “responsabilidades administrativas” y luego pueden llegar a ser “penales”, declaró Pérez Rey en RNE.

El Ministerio de Trabajo lanzó otra advertencia cuando Uber Eats dio a conocer su intención de recuperar a los autónomos: el departamento de Díaz abre la puerta “incluso a exigir responsabilidades a aquellos que hacen uso de un sistema de reparto que vulnera la ley”, es decir, a los restaurantes, supermercados, comercios y otros establecimientos que recurran a vías de reparto ilegales según la normativa actual. Estos se convertirían en “eventuales responsables de lo que suceda con esos trabajadores”, aseguró Joaquín Pérez Rey. Trabajo avisa así no solo a las compañías digitales de reparto sino también a los negocios que las utilicen.

Tanto CC OO como UGT se han posicionado en contra de la decisión que Uber Eats, que consideran un anuncio de incumplimiento de la “Ley Rider”. CC OO fue más allá y afirmó que “no solo tiene que haber una actuación contundente de la Inspección de Trabajo, sino también de la Fiscalía”. “Anunciar que se va a incumplir una ley está tipificado”, advirtió Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría confederal de Acción Sindical y Empleo de CC OO. “Probablemente en septiembre instaremos al Gobierno a que ponga a la Fiscalía a trabajar o bien la instaremos nosotros. Lo tenemos que analizar”, adelantó en declaraciones a este medio.