Rechazo

Los chilenos han rechazado masivamente su propuesta de nueva constitución. El 62% de la población ha declinado apoyar un texto que únicamente buscaba acrecentar el intervencionismo del Estado (es decir, de los políticos) sobre la sociedad. El riesgo de degeneración institucional con esta nueva Carta Magna era enorme: en esencia, porque habilitaba a los políticos a que hicieran y deshicieran a su gusto (todo lo contrario de lo que debería hacer una constitución, que no es alimentar el poder político sino limitarlo). No obstante, y por contundente que haya sido la derrota del bando del Apruebo, los riesgos institucionales sigue sobrevolando sobre la que hasta 2006 había sido uno de los más claros ejemplos de estabilidad institucional y crecimiento en Hispanoamérica. A la postre, la casta política chilena sigue empeñada en aprobar una nueva constitución y, tras esta contundente derrota, el presiente Boric no ha tardado ni siquiera unas pocas horas en reiterar que relanzará el proceso constituyente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que el pueblo desfallezca y vote lo que ellos necesitan que vote para ampliar peligrosamente sus potestades? Después de tres años de enorme incertidumbre institucional, no es responsable mantener al país abierto en canal durante otros tantos años.

¿Cómo lanzarse a invertir a largo plazo en un país del que se desconoce cuál va a ser su diseño institucional básico a tres años vista? Existe en todo este proceso constituyente un poderoso malentendido que sólo puede conducir a la frustración y al desengaño social: a saber, que los problemas económicos y sociales que padece Chile desde hace quince años son atribuibles a la Constitución de 1980, es decir, son atribuibles a que la casta política chilena no cuenta con poder suficiente como para multiplicar el tamaño del Estado hasta cifras similares a las europeas. Como si el modelo social europeo no fuera a su vez un modelo esclerotizado y repleto de fracasos especialmente en aquellos países que, como España o Italia, pueden ser culturalmente más cercanos a Chile. No, los problemas de este país andino tienen mucho que ver con haberse ido acercando a la socialdemocracia lustro tras lustro (especialmente, tras el primer gobierno de Bachelet) y, por tanto, con el progresivo debilitamiento de su crecimiento y generación de riqueza. La Constitución de 1980 permitió la mayor etapa de prosperidad inclusiva de la historia del país: no parece especialmente responsable dar un salto institucional al vacío por la mera ambición arribista de su casta política.