Opinión

César Augusto y las pensiones del Imperio

El primer sistema de pensiones conocido lo implantó el emperador César Augusto para los soldados romanos, que recibían 13 años de sueldo tras 25 de servicio en las legiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (d), tiene la misión de reformar el sistema de pensiones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (d), tiene la misión de reformar el sistema de pensiones.Carlos LujánEuropa Press

Edward Gibbon (1737-1794), en su monumental «Decadencia y caída del Imperio Romano», todavía hoy un texto de referencia, abordaba algunos asuntos económicos, pero quizá no con el detalle necesario. Explica, no obstante –no hay nada nuevo–, que ya en tiempos de Constantino (272-337), cuando los ingresos del Imperio excedían a los ingresos, algo bastante habitual, se recurría a la «superindicción», es decir, a un impuesto extraordinario. Gibbon, a pesar de su minuciosidad, omite que lo que podría ser el primer sistema de pensiones de la historia, casi dos mil años antes de que Otto von Bismark (1815-1898) las aplicara de forma generalizada en 1889, lo puso en marcha el primer emperador romano, César Augusto (63 A.C.-14.D.C).

Merryn Sommerset Webb, editora de la revista semanal «Money Review» del «Financial Times», acaba de escribir que los soldados romanos se beneficiaron desde el año 13 A.C. de lo que habría sido el primer plan de pensiones de la historia, vigente varios siglos. César Augusto, un gobernante hábil y preocupado por mantener el poder, impulsó un sistema, financiado con impuestos –claro– que pagaba a los soldados que se retiraban tras 25 años de servicio –el periodo sobre el que se calcula ahora la pensión en España– una suma equivalente a trece años de salario, a la que se añadían bonificaciones según las campañas en las que hubieran luchado, algo que también tendría su correlato actual. La gran diferencia es que la esperanza de vida en Roma era de 41 años y la de un soldado bastante menor, lo que hacía que el número de los que alcanzaban los 25 años de cotización –perdón, de servicio en las legiones– no era muy elevado.

La esperanza de vida había aumentado mucho cuando Bismark instauró su sistema de pensiones, a cuyas percepciones se accedía a los 70 años, edad rebajada luego a los 65. Sin embargo, a finales del siglo XIX tampoco era muy numerosa la población que llegaba a las siete décadas, lo que aseguraba la solvencia del sistema. Pocos pensionistas y mucha población joven que contribuía. Europa y España, avanzado ya el siglo XXI, se enfrentan al problema contrario, pocos cotizantes y ejércitos inmensos de pensionistas. En España hay ya casi diez millones de perceptores de las distintas pensiones de jubilación que, además, tampoco son demasiado generosas, aunque algunas doblen muchos salarios de trabajadores en activo.

La reforma del sistema es una especie de nuevo mito de Sísifo, condenado a empujar una piedra hasta lo alto de la montaña y que, cuando estaba a punto de alcanzarla, rodaba otra vez hasta la base y así, una y otra vez. La penúltima reforma, la de Rajoy y Báñez, que era impopular, no llegó a entrar en vigor porque la tumbó el Gobierno de Sánchez. Ahora, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha iniciado las conversaciones con los agentes sociales para pergeñar la enésima reforma, exigida además por Bruselas. Sobre la mesa, el aumento de la edad de jubilación y de los años necesarios de cotización para obtener la prestación, ahora 25, pero que si fueran 35, la pensión disminuiría un promedio del 8% según un informe del Banco de España. Los sindicatos no quieren ni oír hablar de asunto y los empresarios tampoco de aumentar o destopar cotizaciones, otra posibilidad. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez se ha comprometido –y Yolanda Díaz lo recuerda con frecuencia– a subir este año las pensiones en la misma proporción que la inflación media, que puede ser un 9%, algo que provocará exigencias similares de empleados públicos y de esa «clase media trabajadora» que el presidente tiene ahora en la boca todo el día en su maratoniana campaña electoral.

El problema es que las cuentas no acaban de cuadrar, ni para los pensionistas ni para la Seguridad Social. Todas las reformas, de manera más o menos taimada, buscan controlar el gasto hasta que alguien se rebela, genera un conflicto social o político, y vuelta a empezar. Merryn Sommerset apela al historiador económico George Maher, y apunta que las pensiones de 13 años de salario de los soldados romanos fueron «parte del principio del fin de Roma».

Escribe que Septimio Severo, antes de morir, en el 211 D.C., adoctrinó a su hijo Caracalla (188-217) para que «enriqueciera a los soldados». Ni corto ni perezoso aumentó los salarios de los militares un 50%, lo que significó que las sumas que recibían al jubilarse subieron un 66% al pasar de unos 3.000 a 5.000 denarios, lo que añadió unos 9.000 millones de euros anuales al coste del ejército. Aquello supuso la erosión de la moneda y contribuyó al principio del fin del Imperio, aunque Gibbon no dé los detalles. No es evidente que la historia se repita, pero es útil conocerla.

Nueva vuelta de tuerca monetaria en USA contra una inflación que no cede

La inflación en Estados Unidos alcanzó el 8,3% interanual en el mes de agosto, algo por encima de lo previsto, pero que ha vuelto a disparar las alarmas, porque se esperaba una cierta contención. Ahora, los mercados y los expertos no descartan que la Reserva Federal, que preside Jerome Powell, vuelva a subir los tipos de interés la próxima semana hasta 100 puntos básicos y que más pronto que tarde lleguen al 3 o 3,5%. La situación en Europa es diferente, pero todo repercute.

Reservas al máximo pero sin garantías de que sean suficientes en el invierno

La práctica totalidad de los países de la eurozona, incluido España, han acumulado reservas de gas cerca del límite de su capacidad y superiores en cualquier caso al 80% del espacio de almacenamiento. Sin embargo, esas cantidades, por grandes que parezcan, solo suponen, en el mejor de los casos, alrededor del 10% del consumo anual, lo que significa que la prioridad sería reponer cuanto antes el almacenamiento si empieza a tener que ser utilizado en el invierno.