Si no tenía bastantes frente abiertos la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ahora ha visto sobre su mesa una nueva declaración de guerra, la de los inspectores de Hacienda, que en una carta personal le reclaman que no cumpla el acuerdo recién firmado con los sindicatos (CSIF, CC OO y UGT) para flexibilizar los criterios de promoción interna porque «van a destrozar la Función Pública».

«Bajo el paraguas de la modernización, de la democratización y de la agilidad de las pruebas se atisba un ansia desmedida manifestada hace años por colonizar la Administración y sumar afiliados en puestos relevantes, con el sólo objetivo de recuperar un peso sindical que veían peligrar en los últimos años». Esta gravísima acusación ha llegado desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que ha enviado cartas a diferentes estamentos del Gobierno y de Hacienda, incluida la propia ministra Montero, en las que han cargado contra esta nueva normativa porque «supondrá el destrozo y la muerte de la Administración Pública altamente cualificada, independiente y profesional».

El acuerdo rubricado la semana pasada entre el Gobierno y los representantes sindicales revisa los criterios en los procesos de mejora profesional de los empleados públicos, que implica que los exámenes para la promoción interna serán tipo test, serán válidos los ejercicios anteriores aprobados, se unificarán ejercicios y reducirán el temario y los requisitos. Acuerdo que la IHE califica de «disparate» y de «incoherente», además de denunciare «la falta de diálogo y la unilateralidad que han presidido este acuerdo», pues que no ha tenido en cuenta todo el espectro de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), «sino sólo una parte de ellos» y «ni siquiera se han atendido las peticiones de participación de los cuerpos superiores en este proceso. Por eso, el acuerdo conculca los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

No se detienen aquí en sus críticas y hablan directamente de una «evidente discriminación y un absoluto desprecio por el esfuerzo del candidato, llegando a degradar hasta puntos insospechados la exigencia en la preparación técnica del futuro funcionario».

El propio presidente de esta asociación, Ransés Pérez Boga, en declaraciones a LA RAZÓN, acusó directamente al Gobierno de «querer una Administración de enchufados, con un acuerdo absolutamente tendencioso, poco transparente y contraproducente», tanto para la calidad de la propia Administración como para la propio condición de empleado público, sobre todo porque «ahora priman más los elementos subjetivos y de antigüedad, frente al prestigio y la objetividad de que gozan los actuales sistemas de selección», incidió Pérez Bogas.

A su juicio, los firmado con los sindicatos «solo provocará rebajar el nivel de preparación técnica» con la única intención de cumplir con su «desaforada obsesión por cubrir las vacantes existentes y les da igual si los candidatos tienen el nivel suficiente o no». Palabras ratificadas por la propia asociación en sus escritos, al señalar que el Gobierno quiere «primar la cantidad frente a la calidad», lo que redundará en un «peor servicio público que, en el ámbito de la Agencia Tributaria, se traducirá, sin duda, en una minoración de los ingresos públicos».

Argumenta también que el acuerdo no soluciona el doble problema de reducir la edad media del funcionario y aumentar la plantilla de la AGE y, además, «subjetiviza en su mayor parte la valoración de la promoción hasta en un 60%», apostilla Pérez Boga. Pese a haber solicitado un reunión urgente con los responsables del Ministerio y de la Agencia Tributaria para exigir la ruptura de ese acuerdo, los inspectores siguen esperando una respuesta en silencio administrativo.