La UE topa los pagos en efectivo a 10.000 euros y a 1.000 euros en criptomonedas

Los Estados de la Unión Europea (UE) llegaron este miércoles a un acuerdo para limitar a un máximo de 10.000 euros los pagos en efectivo con el fin de luchar contra el blanqueo de capitales, aunque los Estados miembros tendrán flexibilidad para imponer un límite máximo inferior si lo desean, como ocurre en el caso de España, donde el límite ya es de 1.000 euros. También se ha acordado aplicar a las transacciones con criptoactivos las normas anti-blanqueo que ya se aplican a otros sectores.

“Los pagos en efectivo de más de 10.000 euros serán imposibles. Permanecer anónimo al comprar o vender criptoactivos será mucho más difícil. Esconderse tras varias capas de propiedad de empresas ya no funcionará. Será aún más difícil lavar dinero sucio con joyas u orfebrería”, resumió el ministro checo de Finanzas, Zbynek Stanjur, ministro de Finanzas de República Checa, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre.

El acuerdo de los ministros sentará la base para negociar con el Parlamento Europeo la nueva directiva y regulación de lucha contra el blanqueo de capitales (AMLD6), que entrará en vigor una vez hayan aprobado el texto definitivo ambas partes.

Además del límite a los pagos en efectivo, las normas prevén extender los controles antiblanqueo que ya existen en la UE al sector de los criptoactivos, de modo que los proveedores de estos servicios tendrán que llevar a cabo verificaciones sobre sus clientes a la hora de efectuar transacciones por valor de 1.000 euros o más.

Deberán asimismo adoptar medidas para mitigar los riesgos en las transacciones con los llamados monederos no alojados y habrá medidas de verificación reforzadas para las relaciones transfronterizas entre los proveedores de servicios de criptoactivos, según la posición adoptada por los Estados.

También pasarán a estar sujetas a la regulación contra el blanqueo los joyeros, relojeros y orfebres, así como las personas que comercian con metales y piedras preciosas y bienes culturales, indicaron en un comunicado.

Dentro de este paquete de medidas, propuesto por la Comisión Europea en julio de 2021, los Estados prevén además hacer “más transparentes y armonizadas” las normas sobre los beneficiarios reales de las empresas, en concreto, clarificando que para determinar quien es este beneficiario real habrá que tener en cuenta tanto quién es propietario como quien controla la entidad.

Se aclara, asimismo, como identificar y verificar la identidad de los propietarios reales de diferentes tipos de entidades, incluidas las no comunitarias, y en los casos en que estas tengan estructuras con varias capas de control y propiedad. “Se espera que esto haga el trabajo de las autoridades competentes más fácil y rápido”, dijo el Consejo.