El fracaso del Plan Moves envejece hasta los 14 años el parque móvil español

La edad media del parque de automóviles en España volvió a aumentar durante el presente año pasado y cerrará el ejercicio en 13,9 años, lo que nos sitúa en el segundo lugar de la Unión Europea, tras Grecia, por vejez de los coches que circulan por nuestras carreteras. Una situación que es consecuencia directa de dos factores principales: la crisis económica que no permite adquirir coches nuevos y la falta de incentivos para cambiar automóviles viajes por otros nuevos sin distinción de tecnología tras el fracaso del Plan Moves, por el que solo hay dinero para los eléctricos, aunque la realidad es que no hay estructuras de recarga para poder planificar con seguridad un viaje de largo recorrido que necesite reponer la energía en las baterías de los eléctricos puros.

A esta circunstancia se ha unido además, durante los dos últimos años, la crisis de los semiconductores, que ha provocado que los fabricantes de las marcas generalistas no tengan «stock» suficiente para poder atender una demanda embalsada que puede calcularse en alrededor de un cuarto de millón de clientes, que están a la espera de recibir su automóvil nuevo, con frecuencia ya pedido y señalado en el concesionario.

Todos estos factores juntos han provocado que la vejez de nuestro parque rodante se sitúe en aproximadamente dos años y medio por encima de la media de la UE, que se encuentra en 11,5 años. Es cierto que la crisis de los microchips no ha permitido responder a toda la demanda de vehículos nuevos, pero esta circunstancia también la han sufrido el resto e los mercados europeos. Por ello, para la mayoría de los analistas del sector del motor, son las malas perspectivas económicas que se vislumbran a corto y medio plazo las que están condicionando la adquisición de nuevos automóviles. Ante la incertidumbre económica y social que vive España, muchos compradores se decantan por los coches de segunda mano y, dentro de este mercado, por las opciones más baratas.

Algo que se demuestra por el hecho de que, comparando los datos de matriculaciones de coches nuevos con el de transferencias de automóviles de segunda mano, se venden más del doble de estas últimos. Y lo que es peor, más del 60% de los coches del mercado de VO corresponde a ventas de vehículos con más de diez años, según los datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Automóviles, (Ancore). En total, hasta el cierre de noviembre, se vendieron en España un total de 739.469 automóviles nuevos, con un descenso del 4,4% respecto al mismo periodo del año pasado. En contraste, el mercado de VO, aunque descendió un 5,24%, registró un total de 1.692.953 transacciones. Y de estos, los que se negociaron con más de diez años de antigüedad fueron 1.031.279 unidades. Es decir, se vendieron aproximadamente un coche y medio con más de diez años por cada coche nuevo. Los coches que, por su antigüedad, no tienen ningún tipo de etiqueta representan un tercio del total del parque automovilístico. Estos vehículos son los causantes del 91,4% de las emisiones contaminantes de NOx y el 92,7% de las emisiones de partículas. Esto implica que se mantienen en circulación vehículos que no incorporan los últimos avances tecnológicos tanto en materia de sostenibilidad y reducción de emisiones como de seguridad. En este sentido, en materia de achatarramiento, en 2021 se dieron de baja 765.064 vehículos de más de 10 años de antigüedad sobre un parque que supera los veinte millones de unidades.

Es evidente que esta situación del mercado orientado hacia los coches más viejos y, por tanto, más baratos, obedece tanto a las actual situación económica de la sociedad española y las malas perspectivas de futuro –que hacen que los compradores se orienten hacia las opciones más baratas ante la falta de recursos– como por la orientación de las ayudas en exclusiva a los coches eléctricos, más caros y sin un futuro definido, situación que está retrasando aún más la renovación del parque y lastrando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea.

Por tanto, la falta de ayudas para la adquisición de un automóvil nuevo cuando se achatarra el antiguo complica la renovación del parque móvil. En los planes de anteriores gobiernos, los Prever establecían ayudas importantes para la renovación del parque canalizadas a través de las redes de concesionarios y complementadas por las propias marcas, sin distinción de la motorización empleada, en la certeza de que el coche nuevo en circulación contaminaría la décima parte que el antiguo con más de diez años. Pero estas ayudas han sido ahora restringidas en el Plan Moves a coches eléctricos, anulando las ayudas a quienes adquieran motores de combustión, ya sea gasolina, diésel o híbridos. Y las ayudas del Moves además computan como ingresos en el IRPF.

Unas ayudas que no han logrado convencer a una parte mayoritaria de la sociedad, que sigue desconfiando de la tecnología eléctrica no por su efectividad, sino por la falta de una eficaz infraestructura de recarga. Y es que los planes del Gobierno en este aspecto están enormemente retrasados, con solo 17.000 instalaciones en servicio, cuando se calcula que al final de este año deberían estar en funcionamiento 54.000 y, según los planes del Gobierno, se debería llegar a 340.000 puntos de recarga al final de esta década. Una cifra que ya nadie se cree. Y con potencia de al menos 50kw, cuando la media actual se sitúa en torno a los 22kw. Algo que retrasa y entorpece las operaciones de recarga a los usuarios de estos vehículos.

Pese a ello, las matriculaciones de vehículos alternativos (etiqueta 0 y ECO) representa casi un 40% de la cuota total de mercado de este año, pero la gran mayoría de estas ventas son de coches híbridos enchufables (Phev) y no únicamente eléctricos (Bev) dadas las dificultades de recarga en viajes de mediana distancia. Por tanto, la incidencia de los eléctricos puros dentro del conjunto del parque español es de alrededor del 2%.

Unas cifras raquíticas si las comparamos no solo con los países más desarrollados, sino incluso con los países de nuestro entorno, mucho mejor preparados para la electrificación del parque al tener, como es el caso de Portugal, una infraestructura de recarga mucho más extensa y eficaz que la nuestra, por lo que los los fabricantes reclaman al Gobierno medidas concretas para acelerar la implantación del vehículo electrificado e impulsar el necesario desarrollo de la infraestructura de recarga pública. Pero la maraña administrativa de papeleos y permisos con la que se enfrenta un empresario que quiera instalar puntos de recarga hacen que su proyecto se retrase aproximadamente año y medio, lo que va a impedir cumplir con el objetivo 2050.