El Gobierno de España se encuentra ultimando los detalles de una de las reformas laborales más relevantes de los últimos años: la implantación de un nuevo sistema digital de control horario. Esta medida tiene como propósito modernizar el registro de jornada, aumentar la transparencia en las horas trabajadas y reforzar la supervisión por parte de la Inspección de Trabajo, que podrá acceder a los datos en tiempo real.

El nuevo sistema requerirá que el tiempo laboral se registre mediante códigos digitales verificables, lo que implicará una transformación en la manera en la que las empresas gestionan los horarios de sus empleados. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la medida se aprobará antes de finalizar el año.

Un registro inalterable y digital

Una vez que la normativa entre en vigor, quedarán eliminados los registros en papel o en formatos que puedan manipularse, ya que el nuevo sistema exigirá que todo fichaje se realice por medios digitales, seguros e inalterables. Cada registro quedará almacenado con una especie de “huella digital”, que identificará quién lo modificó, cuándo y bajo qué circunstancias. Cualquier cambio en la información solo podrá hacerse con la autorización conjunta del trabajador y la empresa.

Además, el fichaje será personal e intransferible, por lo que desaparecerán las prácticas de registrar la jornada en nombre de otro compañero. La identificación se hará mediante métodos digitales individuales.

Qué datos recogerá el nuevo sistema

El sistema recopilará información detallada como:

• Hora de entrada y salida.
• Pausas y descansos no considerados tiempo de trabajo.
• Modalidad laboral (presencial o en remoto).
• Horas ordinarias, extraordinarias o complementarias, diferenciando las que se pagan de las que se compensan con descanso.
• Tiempos de disponibilidad, interrupciones por desconexión digital y horas vinculadas a la conciliación o flexibilidad laboral.

Sanciones por incumplimiento

Las empresas que no cumplan con esta normativa se enfrentarán a multas que oscilan entre los 751 y los 7.500 euros por trabajador afectado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

No obstante, desde el Ejecutivo recalcan que el objetivo principal no es sancionar, sino reducir los conflictos laborales y garantizar los derechos de los trabajadores frente a jornadas irregulares o excesivas.