Las Administraciones Públicas, bajo sospecha por prácticas irregulares para maquillar los plazos de pago a proveedores

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha destapado posibles prácticas irregulares por parte de las Administraciones Públicas que estarían encubriendo sistemáticamente el retraso en los pagos a sus proveedores. Aunque los datos oficiales sugieren un cumplimiento casi escrupuloso de los plazos legales -con pagos medios en torno a los 22 días según el Ministerio de Hacienda-, las cifras recabadas por la propia PMcM y otras entidades independientes como Intrum, muestran una realidad muy distinta: el 78% de los proveedores de las comunidades autónomas asegura sufrir retrasos más allá del límite legal de 30 días.

Lejos de tratarse de simples desajustes estadísticos, la PMcM apunta a maniobras premeditadas por parte de las Administraciones para maquillar los datos. Entre ellas, se denuncia el retraso intencionado en el registro oficial de las facturas, lo que permitiría aplazar los pagos sin que legalmente se infrinjan los plazos legales. Esta triquiñuela deja fuera de cómputo días, e incluso semanas, fundamentales para las empresas, que ven mermada su liquidez sin posibilidad de reclamar. Esta mala praxis se ha detectado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Lugo, que, "presuntamente, retrasó de manera intencionada la inscripción de facturas en el registro, haciendo que el plazo de pago comenzara a contar mucho después de lo que legalmente correspondería", denuncia PMcM.

Este tipo de prácticas, calificadas por la PMcM como "pago desleal", altera significativamente los tiempos de pago sin que queden reflejados en los registros oficiales. Además, si este comportamiento se replica en otras administraciones, estaríamos hablando de un problema sistémico de gran envergadura.

“Somos conscientes de que los datos no tienen por qué coincidir, ya que nuestras muestras son más pequeñas y los Gobiernos disponen de información completa. Es normal que existan ciertas diferencias debido al tamaño y origen de las muestras. Sin embargo, la discrepancia entre ambos resultados es significativa, y no solo lo hemos detectado desde la PMcM, sino que también ha sido confirmada por el Observatorio de Pagos de la UE”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

En su informe anual, el Observatorio de Pagos de la UE constata que la información proporcionada por las Administraciones Públicas españolas no coincide con la recogida por entidades especializadas. Atribuye estas diferencias a las limitaciones de datos de las entidades especializadas frente a los organismos gubernamentales, a sus diferencias metodológicas y a cuándo empieza a contar el tiempo, que en el caso de los gobiernos y en base a la directiva europea sobre morosidad, es después de que se haya verificado y aprobado una factura, y se haya entregado el bien o servicio. No obstante, también habla de un mecanismo que podrían estar detrás de buena parte de esta brecha en los datos de los plazos de pago.

El Observatorio de Pagos de la UE pone el foco en la constante reemisión de facturas debido a errores. Como el cómputo del plazo de pago comienza con la emisión definitiva de la factura, este procedimiento reinicia el conteo cada vez que se remite una nueva versión. “Con esta artimaña se consigue alargar los plazos de pago sin consecuencias legales, ya que el periodo anterior a la emisión definitiva no se considera”, señala Cañete.

Ante estas sospechas, la PMcM insta a las autoridades competentes a que "investiguen estas prácticas y actúen con la mayor celeridad posible, ya que de ello depende, en gran medida, la viabilidad y competitividad de nuestras empresas". "Es urgente poner fin a estas prácticas, ya que todas las Administraciones Públicas están obligadas a cumplir la ley”, advierte Cañete, quien también solicita “la implementación de modificaciones en el sistema de facturación electrónica (FACe) que impidan repetir este tipo de acciones".