No ve con optimismo el panorama económico el Banco de España en el corto y medio plazo, al augurar una "evidente ralentización" de la economía española, marcada por la incertidumbre geopolítica y la guerra arancelaria. Así los constatan los analistas del supervisor bancario en el informe macroeconómico del primer trimestre de 2025, el último presentado por el dimisionario Ángel Gavilán.

En su presentación, Gavilán recordó las cifras que 24 horas antes había adelantado en su comparecencia en el Congreso el propio gobernador, José Luis Escrivá, vaciando en parte de contenido su despedida. Apuntó la bajada de tres décimas la previsión de crecimiento económico del país para 2025, hasta el 2,4%, y una décima la de 2026, al 1,8% por la incertidumbre geopolítica y la guerra arancelaria; la inflación media se situaría en el 2,4% en 2025, una décima por debajo de la anterior estimación, mientras que para 2026 se mantiene la desaceleración ya prevista al 1,7%; la tasa de paro se mantiene en dos dígitos este año, en el 10,5%, y el que viene, 10,2%, tasa que ha elevado dos décimas respecto a su anterior su proyección; y se mantiene en el 2,8% y en el 2,6% las estimaciones de déficit público en 2025 y en 2026; y en la deuda pública, el Banco de España ha elevado en una décima su previsión para 2025, hasta el 101,4% el PIB, porcentaje que se mantendría también en 2026.

Tras estas cifras, el informe cuenta con una letra pequeña que alerta de grandes sombras que asedian la economía española, con unas veladas críticas a algunas decisiones y actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. La primera de ellas por la "considerable incertidumbre acerca de la magnitud y composición de los fondos europeos" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del gasto en defensa, que se ejecutarán en la economía española en los próximos años, con un oscuro "impacto macroeconómico" en el medio plazo.

En el escenario central de estas proyecciones, el Banco de España sigue asumiendo una "ejecución plena" de todas las transferencias del MRR asignadas a la economía española. Sin embargo, alerta de que el cercano final de este programa europeo "exigirá una aceleración en el despliegue de dichos fondos en 2025 y 2026". Para el supervisor bancario, el volumen de ejecución de los fondos del MRR en nuestro país ha sido "inferior al esperado" y el grueso de la inversión no llegará hasta los ejercicios 2027 y 2028.

Por otro lado, ve que el efecto multiplicador sobre la actividad económica española del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado en abril, "sería mayor que el contemplado en el escenario central de estas proyecciones si el gasto asociado a dicho plan se concentrara, en mayor medida de lo habitual en el pasado, en bienes de inversión de origen nacional". Pero el informe señala su preocupación por la falta de información ofrecida por el Ejecutivo.

Recuerda que han sido ya 16 países los que han aprobado la activación temporal -entre 2025 y 2028- de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para poder "acomodar un mayor gasto en defensa en los presupuestos nacionales". La activación de esta cláusula podría generar un espacio fiscal de unos 650.000 millones de euros en cuatro años -en torno al 3,6% del PIB de la UE-. Según señalan, a principios de junio, la Comisión Europea, tras recibir una petición formal de once países de la UEM (Alemania, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Portugal) y cinco extra-UEM (Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Polonia y República Checa), propuso al Consejo Europeo la recomendación de activar dicha cláusula, decisión que está pendiente de adopción.

Debido al limitado espacio fiscal y a los elevados niveles de deuda pública de algunos países, el plan ReArmar Europa cubriría, "al menos en parte", las nuevas necesidades de gasto en defensa de la UE mientras se definen estrategias fiscales a largo plazo -tanto nacionales como conjuntas- para financiar un aumento permanente de dicho gasto. Sin embargo, el Banco de España afea al Gobierno que, más allá del volumen de fondos que finalmente se ejecute, el impacto de este plan sobre la actividad dependerá de la composición de dicho gasto, aspecto sobre el que "aún no se dispone de suficiente grado de detalle".

Así, de acuerdo con los supuestos fiscales y con la evolución macroeconómica prevista en este ejercicio de proyecciones, el informe apunta que el gasto neto computable -variable sobre la que gravitan las nuevas reglas fiscales europeas- aumentaría un 4,8% en 2025, 0,3 puntos más de lo anticipado en marzo, debido, entre otros factores, al incremento del gasto en defensa. Esta cifra se sitúa por encima del 4,1% contemplado por el Gobierno y del límite del 3,7% establecido en el plan fiscal. No obstante alerta de la existencia de "una elevada incertidumbre" con respecto al cálculo de esta variable por la negativa del Gobierno español a solicitar a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape asociada al incremento del gasto en defensa, "que permitiría un mayor grado de flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos del plan fiscal".

En este sentido, y a partir de la información disponible en el plan y de la evidencia histórica sobre la distribución sectorial del gasto en defensa en España, el escenario central de las actuales proyecciones asume un avance en el PIB entre 0,5 y 0,6 puntos porcentuales, que podría llegar hasta el 1% este año "si el estímulo se concentrara, en mayor medida de lo habitual en el pasado, en bienes de inversión de origen interno". Sin embargo, también advierte de que este gasto en defensa va a impactar en la deuda y el déficit, y puede financiarse con una subida de impuestos.

En términos globales y en el primer trimestre de 2025, el PIB de la economía española avanzó un 0,6%, tasa que se sitúa "una décima por debajo de la observada en el trimestre precedente y en la parte baja del rango de crecimiento previsto en el ejercicio de proyecciones del Banco de España de marzo -entre el 0,6% y el 0,7%-". En esta evolución de la actividad destaca el informe la ralentización que experimentaron tanto el consumo como la inversión. De cara a los próximos trimestres, en un escenario central con un mayor nivel de aranceles y de incertidumbre que el contemplado en el ejercicio de proyecciones de marzo, se espera que "la desaceleración gradual de la economía española continúe a pesar del impulso para la actividad que podría suponer un mayor gasto en defensa e infraestructuras en la UE". En concreto, se proyecta que el crecimiento del PIB español pase del 3,2% en 2024 al 2,4% en 2025, y que se sitúe por debajo del 2% en el bienio siguiente -en el 1,8% en 2026 y en el 1,7% en 2027-.

Estas cifras "podrían implicar una nueva ralentización del ritmo de crecimiento" y una "pérdida de dinamismo de la actividad" en el segundo trimestre. En particular, los indicadores PMI han disminuido en España de manera continuada durante los últimos meses, tanto en los servicios como en las manufacturas.

En cuanto al empleo, en mayo la afiliación a la Seguridad Social redujo su ritmo de crecimiento hasta el 0,1% en tasa mensual desestacionalizada lo que, en parte, podría estar reflejando el efecto de la Semana Santa. Para el conjunto del segundo trimestre, el regulador cree que esta evolución anticiparía un "comportamiento del empleo menos dinámico" que el observado en los dos trimestres previos. La tasa de paro continuaría decreciendo en el horizonte 2025-2027, si bien "a una velocidad inferior" a la observada en años anteriores. Se contempla, asimismo, una cierta desaceleración en el incremento de la población activa -variable muy influida por la evolución prevista para los flujos migratorios-, por lo que la tasa de paro no bajaría de los dos dígitos al menos hasta 2027 (9,7%).

En el texto también se refleja el récord de ingresos de las arcas públicas, que han crecido a tasas interanuales superiores al 8% tanto en los meses finales de 2024 como en los tres primeros meses de este año, en niveles históricos, aunque los gastos también se aceleraron en los meses finales de 2024, aunque se moderaron ligeramente a comienzos de este año. Con todo, se estima que el déficit de las AAPP acumulado a doce meses se habría situado en el 3,15% del PIB en marzo, por encima del límite marcado por la Comisión Europea. Pero mantiene la previsión de un déficit público del 2,8% del PIB en 2025 y de un 2,6% en el bienio 2026-2027.

En cuanto a la deuda pública, los economistas del banco central español ven una reducción marginal desde el 101,8% del PIB en 2024 al 101,3% en 2027, pero esta reducción la considera "relativamente modesta" y se debería, en parte, al "impacto al alza sobre la deuda ocasionado por algunos ajustes déficit-deuda previstos para los próximos años", asociados fundamentalmente a las "operaciones ligadas a los préstamos del MRR" y, en menor medida, a los "dos planes recientemente aprobados para hacer frente al aumento de los aranceles por parte de Estados Unidos y para incrementar el gasto en seguridad y defensa".