Carme Trilla, economista, habla sobre el alquiler de habitaciones en Barcelona: “Es una válvula de escape”

Bruselas ha decidido tomar cartas en el asunto de la vivienda. Por primera vez, una Cumbre del Consejo Europeo ha situado la crisis inmobiliaria como una prioridad en la agenda comunitaria, y la maquinaria institucional ya se ha puesto en marcha con la preparación de un paquete de propuestas legislativas de envergadura. El objetivo es claro: desatascar un mercado que asfixia a millones de ciudadanos. Entre las ideas que se barajan, destacan la simplificación burocrática para que las licencias de obra puedan obtenerse en un plazo máximo de 60 días y una notable rebaja del IVA tanto para la construcción nueva como para la rehabilitación.

Asimismo, el plan europeo no se olvida de uno de los pilares más debilitados del sistema: la vivienda protegida. Se pretende fomentar el impulso a la vivienda social mediante financiación directa de la Unión Europea y la creación de ventajas fiscales para las organizaciones del tercer sector que se dediquen a promover este tipo de proyectos. La colaboración entre el sector público y el privado se perfila, por tanto, como la fórmula clave que Bruselas quiere incentivar para atajar el problema de raíz.

De hecho, esta reacción desde las instituciones europeas no es casual. Responde a una realidad alarmante que recorre todo el continente, con cifras que hablan por sí solas. En los últimos ocho años, el precio medio de la vivienda en la Unión Europea se ha disparado un 48%, mientras que los alquileres han subido un 18%, generando una presión económica insostenible para un número creciente de familias.

España, un reflejo agudizado de la crisis continental

Por su parte, el caso de España resulta especialmente preocupante, ya que al problema general se suman factores propios que lo agravan. El fuerte crecimiento demográfico de los últimos años ha chocado frontalmente con la parálisis en la construcción pública, que acumula más de tres lustros de estancamiento. Este desequilibrio entre una demanda que no deja de crecer y una oferta que apenas se mueve alimenta una espiral de precios que ya expulsa a los ciudadanos de las grandes urbes, como demuestra la caída del 10% en el inicio de nuevas viviendas en la provincia de Barcelona.

Ante esta asfixia residencial, surgen fenómenos que los expertos no dudan en calificar con dureza. Carme Trilla, de la fundación Hàbitat3, define el alquiler de habitaciones como una nueva forma de "barraquismo" y considera que los alquileres de temporada son un verdadero "fraude de ley", al eludir las regulaciones pensadas para la vivienda habitual. Para Trilla, esta modalidad es simplemente "una válvula de escape" que no hace sino distorsionar todavía más un mercado ya de por sí tensionado y precario.