Cataluña busca no pagar su deuda para evitar 2.412 millones de intereses en tres años

En plena negociación para la conformación de un Gobierno tras las últimas elecciones generales, la condonación de la deuda contraída por Cataluña con el Estado se antoja fundamental para que Pedro Sánchez logre el apoyo imprescindible de las dos fuerzas independentistas catalanas, Junts y ERC. Aunque todavía no lo han hecho público de manera oficial, sí que han presentado de forma indirecta que se les exima de tener que devolver el dinero prestado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por una cantidad que supera los 72.000 millones de euros. Algo a lo que el Gobierno en funciones no se ha negado. Es más, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya alumbró que esta posibilidad podría ser factible dentro del marco de la reforma del sistema de financiación autonómica.

Una reforma que lleva pendiente desde el año 2014 y que en estos momentos en los que los tipos de interés están en plena ascenso por el cambio de política monetaria emprendido por el Banco Central Europeo (BCE), una condonación de la deuda –ya fuera parcial o total– tendría que ajustarse al máximo, teniendo en cuenta que su coste en intereses se va a disparar durante los próximos tres años.

Según los cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su informe «Estimación del gasto futuro en intereses de la deuda pública de las CC AA», las regiones aumentarán su deuda pública en 8.645 millones hasta 2026, aunque su peso sobre el PIB se reduciría en 3,6 puntos porcentuales, gracias únicamente al crecimiento del PIB previsto por el Gobierno, no por una rebaja del agujero público.

Cataluña será la comunidad que tenga un mayor incremento del gasto en intereses vinculado a la deuda pública. Pasará de pagar 1.029 millones este año a abonar 2.412 millones en 2026, un 134% más. Esta estimación se ha hecho tomando como referencia las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los objetivos de referencia para el déficit público recogidas en la Actualización del Programa de Estabilidad, la vida media y los plazos de la deuda actualmente en circulación, y los tipos de interés existentes desde 2014.

Mientras que a lo largo del periodo 2014-2021, el tipo de interés medio para la deuda ha sido del 0,529%, en la actualidad supera el 3%. En este sentido, las estimaciones del diferencial entre el tipo de interés de la deuda emitida en años anteriores y el tipo de interés al que se emite en estos momentos se sitúan en el 2,6%. El tipo medio en 2022 fue del 1,1% y ascendería hasta el 2,7% en 2026. Por eso Fedea pronostica que las regiones que tienen parte de su deuda en manos del Estado a través del FLA presentarían aumentos entre el 1,6% y el 1,8%, mientras que las tres que no se están financiando a través de estos mecanismos extraordinarios (Navarra, País Vasco y Madrid) experimentarían un aumento de solo el 0,9%.

Además de Cataluña –con 1.383 millones de euros de variación en su gasto por intereses–, los mayores incrementos corresponderían a la Comunidad Valenciana (985), Andalucía (633) y Madrid (343). En porcentaje, La Rioja se situaría a la cabeza, con un 580% más -al pasar de solo 5 millones en 2022 a 34, aunque la cifra nominal será la más baja en 2026–, seguida de la Comunidad Valenciana (272,85%), Castilla-La Mancha (264,71%), Murcia (232,98%), Canarias (230,61%) y Galicia (200%), mientras que muy por debajo de la media (139,94%) quedarían Madrid (45%), Navarra (48,39%) y País Vasco (63,41%), las tres que no dependen del FLA.

La fundación alerta de que solo con que los gobiernos regionales emitiesen deuda para satisfacer los vencimientos de la que ya tienen en circulación, su gasto en intereses se elevaría en 5.051 millones en 2026. Esto significaría multiplicar por 2,4 los recursos dedicados ahora a satisfacer los gastos financieros de la deuda autonómica. Es decir, que el aumento del gasto en intereses que afrontarían los gobiernos autónomos sería equivalente a casi el 60% del incremento de la deuda hasta 2026. Además, «como todas las administraciones» -señala- las autonomías «han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, puede dañar la sostenibilidad de sus finanzas». Es decir, que el aumento del gasto en intereses sería equivalente a casi el 60% del incremento de la deuda hasta 2026. Todo ello, en una simulación "en cierta medida optimista" que pasa por que las comunidades autónomas cumplan con las reglas fiscales y las previsiones de crecimiento económico del Gobierno se materialicen.

Fedea hace esta advertencia teniendo en cuenta dos factores principales ya señalados: el primero es la reforma de las reglas fiscales, que previsiblemente se reactivarán en 2024 y someterá a los gobiernos a restricciones presupuestarias "menos laxas», obligando así a esfuerzos de consolidación presupuestaria «más intensos» para reducir el endeudamiento relativo. El segundo es el incremento de los gastos en intereses por la deuda emitida en los próximos años, como consecuencia de las subidas de los tipos de interés.