El Black Friday está a la vuelta de la esquina y la Confederación Española de Comercio (CEC) solicita al Ministerio de Consumo una mayor transparencia y sanciones para las prácticas fraudulentas.

Pone el punto de mira, precisamente, en las grandes plataformas de venta online que operan en España y suelen recurrir a prácticas habituales de publicidad engañosa y de supuestos descuentos que no son del todo reales.

Desde la confederación consideran que los negocios locales están "compitiendo en condiciones desiguales" frente a los gigantes de la venta por internet.

Reclaman que continúe el seguimiento realizado durante la campaña del año 2023, "que demuestra que existen prácticas contrarias a los derechos de los consumidores que distorsionan el mercado y perjudican gravemente al pequeño comercio".

Como medida principal, solicitan la publicación de los nombres de las empresas o comercios infractores. "Entendemos que la información clara y accesible es fundamental para que los consumidores puedan tomar decisiones responsables y conscientes".

Además, recuerdan que la ley de protección de datos no limita la publicidad de los nombres de las compañías sancionadas. La sentencia nº 547/2023 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo establece la doctrina de que las personas jurídicas no tienen derecho a la protección de datos personales, pues está únicamente reconocido para las personas físicas.

Reclaman una actuación similar a la que tiene lugar en otros sectores como la telefonía, la energía y el turismo, donde las listas de sancionados son algo más habitual. Además, piden incluir el motivo de la infracción y la cuantía a la que ascendía la multa.

"Resulta incomprensible que, en plena campaña del Black Friday, los consumidores no puedan conocer qué empresas han vulnerado sus derechos", recalca la CEC.