Jubilación
Cómo afecta a las pensiones la subida del salario mínimo a 1.080 euros mensuales
El incremento del SMI también elevará las bases mínimas de cotización, lo que determinará en el futuro una mayor base reguladora con la que se calcula la pensión de jubilación
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube un 8%, hasta los 1.080 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas, una medida que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Con esta subida, el SMI se acerca al 60% del salario medio en España y supone un incremento del 36% desde los 735 euros al mes de 2018 hasta los 1.000 euros de 2022, que ahora crece a 1.080 euros. Pero la subida del SMI no solo beneficia a los trabajadores, sino también a los futuros jubilados y a los solicitantes de determinadas ayudas.
¿Cómo cambia el salario mínimo en 2023?
Los nuevos importes, que serán de aplicación con efecto retroactivo al 1 de enero de 2023, son los siguientes: 1.080 euros al mes (14 pagas), 1.260 euros al mes (12 pagas), 15.120 euros al año y 36 euros al día con 14 pagas (1.080 euros) o 42 euros al día 12 pagas (1.260 euros). Por otro lado, el SMI para los contratos eventuales y temporeros será de 51,51 euros al día y el SMI por hora para las empleadas del hogar, de 8,45 euros. En cambio, en 2022 las cuantías del SMI eran: 1.000 al mes (12 pagar), 1.166,67 euros al mes (14 pagas), 14.000 euros al año y 33,33 euros al día con 14 pagas (1.000 euros) o 38,88 euros al día con 12 pagas (1.166,67 euros).
¿A qué trabajadores beneficia la subida del SMI?
El incremento del salario mínimo interprofesional, en primer lugar, afecta a los trabajadores que están fuera de convenio, ya que habitualmente los convenios colectivos suelen establecer salarios superiores al SMI. En el caso de que el trabajador cobre menos de 15.120 euros brutos anuales tras sumar al salario base los complementos comunes a todos los empleados de la empresa, el SMI se debe incrementar hasta llegar a dicha cifra. No obstante, aquellos trabajadores cuyo sueldo esté por encima de esta cifra anual no notarán ningún cambio directamente, aunque la medida incrementará los límites de salarios e indemnizaciones que abone el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) o la cantidad de salario protegido frente a un embargo. En el caso de los contratos a tiempo parcial, el salario mínimo se reducirá en proporción a las horas trabajadas, explica BBVA. En este enlace puede consultar cómo quedará su salario en función de las horas que trabaje según su tipo de contrato parcial.
¿Cómo afecta a las bases de cotización y a la pensión futura?
El Instituto BBVA de pensiones explica que “las bases mínimas de cotización se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional y supondrá, por tanto, el incremento de la cuota mínima de cotización”. Lo anterior determinará un aumento de la recaudación de cotizaciones sociales y un incremento de las prestaciones futuras de aquellos trabajadores que coticen por la base mínima.
En definitiva, a mayor salario, mayor base de cotización, lo que determinará en el futuro una mayor base reguladora con la que se calcula la pensión de jubilación, y por lo tanto una mayor pensión (por ejemplo, de jubilación, incapacidad, etc.).
Otras prestaciones
Esta subida no solo repercute en los salarios y en las pensiones, sino que también amplía el acceso a determinadas prestaciones, como por ejemplo, al subsidio para mayores de 52 años o la Renta de Inserción Activa (RAI). Uno de los principales requisitos para acceder a estas dos ayudas es "carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario mínimo, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias". Esto implica que el límite de rentas para acceder a esta prestación ha aumentado desde los 750 euros mensuales (cuando el salario mínimo era de 1.000 euros), hasta los 810 euros (ahora que el SMI será de 1.080 euros). Con este incremento de 60 euros habrá más potenciales beneficiarios.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional afectará también a las normas vigentes de las comunidades autónomas y de las Administraciones locales que utilicen el SMI como indicador o referencia del nivel de renta para determinar el importe de determinadas prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos.
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