El coste del absentismo laboral se dispara un 74% en cinco años y alcanza un nuevo récord: 25.300 millones de euros

Las altas tasas de absentismo laboral registradas durante la pandemia no se han disipado con la vuelta a la normalidad. Al contrario, el problema ha pasado de ser coyuntural a estructural por las largas listas de espera en el sistema sanitario público, el uso indebido de estas prestaciones y el laberinto burocrático conformado por las entidades gestoras, la Seguridad Social y las mutuas. ¿El resultado? 1,45 millones de trabajadores españoles no acudieron a su puesto ningún día del año en 2023, el 7% del total de empleados, según un análisis elaborado por la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

El año pasado se produjeron más de 8 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales (11,34% más que en 2022), con una duración media de 39,87 días. Con el aumento del número de trabajadores de baja, también se dispara el coste de la Seguridad Social y de las empresas hasta niveles récord: 25.326 millones de euros, un 17,6% más que en 2022 (21.527 millones), un 44% más que en 2020, en plena pandemia (17.553 millones) y un 74% más hace cinco años, cuando en 2018 el coste ascendía a 14.561 millones de euros.

"Todo ha cambiado a peor desde 2018. El aumento del 74% no es normal. En consecuencia, la salud de los trabajadores se ve perjudicada, la carga del sistema público de salud aumenta, se merma la competitividad de las empresas y supone un pesado lastre para la creación de empleo y para el crecimiento económico de España”, subraya Pedro Pablo Sanz Casado, director gerente de AMAT.

Desglosado el gasto total (25.326 millones), el coste en prestaciones supone 13.081 millones de euros (16,18% más que en 2022 y un 73,95% más que hace cinco años) y el coste para las empresas asciende a 12.245 millones de euros (19,6% más que hace un año y un 73,91% más que en 2018). Con todo ello, el absentismo representa en coste económico el 1,4% del PIB español.

Los procesos en vigor de incapacidad temporal de más de 365 días a nivel nacional se situaron en 35.408 en marzo de 2019 y alcanzaron los 100.756 en diciembre de 2023. La brecha también ha aumentado en los procesos de más de 545 días e inferiores a 730 días y destaca el caso de las procesos en vigor de más de 730 días (dos años), que no deberían existir y han pasado de 3.585 en septiembre de 2023 a 4.309 en enero de 2024.

Por edades, el tramo de 41 a 50 años concentra la mayor parte del absentismo (751.976 bajas). Por sectores, los que registran mayores tasas de incidencia de absentismo son las actividades de oficina, las actividades sanitarias, los servicios a edificios y jardinería y los servicios de comidas y bebidas. Distribuido por días de la semana, 1,52 millones de personas faltan a su trabajo los lunes, frente a alrededor de un millón los martes y los miércoles, la cifra baja a 922.603 los jueves y a 736.166 los viernes. Por comunidades, Extremadura (79,27 días), Galicia (78,53 días) y Asturias (67,47 días) registran las duraciones medias de incapacidad temporal más altas, mientras que Navarra (26,12 días), Madrid (30,98 días) y La Rioja (34,72 días), las más bajas. Por su parte, las enfermedades que acaparan la mayor parte del gasto generado por las incapacidades temporales son las del sistema osteo-mioarticular (31,36%) y los trastornos mentales (17,32%), una problemática que ha ido ganando peso.

Para atajar las ineficiencias en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC), las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social reclaman mayor margen de actuación. En concreto, piden poder ofrecer asistencia integral en la ITCC en patologías traumatológicas y osteoarticulares; poder dar el alta médica; realizar pruebas diagnósticas simplemente con el consentimiento del trabajador, sin necesidad de convenios con las entidades gestoras; y poder llevar a cabo el tratamiento de rehabilitación tras el alta en patologías traumatológicas. Además, las mutuas reclaman que se suscriban convenios en el marco del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC), que les permitan tener cobertura legal, recursos propios suficientes y un contrato donde imputar el gasto cuando se necesiten medios de terceros sin que suponga un incumplimiento de los gastos plurianuales.

Con la implementación de la asistencia integral y el alta en los procesos traumatológicos se podría recuperar 26 días antes (ahora 67,8 días) la salud de los 1,26 millones trabajadores diagnosticados con estas patologías, ayudaría a reducir las listas de espera de los servicios públicos de salud y reduciría un gasto innecesario de más de 2.630 millones de euros en España, de los cuales 1.650 millones de euros son con cargos a las cuentas públicas de la Seguridad Social y otros 980 millones con cargo directo a empresas. La población protegida por las mutuas en el ejercicio 2023 para España fue de 15,5 millones de trabajadores, un 2,63% más que en 2022. "No tenemos cuernos ni rabo. Trabajamos de forma profesional. Queremos poner a disposición nuestros recursos y reducir el absentismo", señaló el director gerente de Amat.

“Hay una permisividad con el absentismo que hay que atajar. Afecta a la solidaridad de los propios trabajadores y a la organización de las empresas en un contexto de un desmesurado número de ausencias. No estamos proponiendo una desprotección, queremos que los recursos sanitarios y económicos se destinen de forma eficiente a paliar las enfermedades reales”, dijo el presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva. En este sentido, el presidente de AMAT, Fernando Casado Juan, denunció la falta de proactividad de las administraciones y advirtió de que si no se adoptan medidas a la mayor brevedad, el coste del absentismo en España seguirá aumentando hasta rozar los 30.000 millones de euros.