Finanzas

El Defensor del Pueblo reitera al Gobierno sus recomendaciones sobre inclusión financiera

Aconseja que se declaren servicios económicos de interés general determinados servicios bancarios

AMP.- El Defensor del Pueblo recibió 34.926 quejas ciudadanas en 2023, 3.849 más que en 2022
Ángel Gabilondo, Defensor del PuebloEuropa Press

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asistido este lunes a una reunión con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y con representantes de las patronales bancarias, asociaciones de usuarios financieros y la Plataforma de Mayores.

El encuentro, celebrado en la sede del ministerio, fue convocado por el ministro para analizar la evolución de los códigos de buenas prácticas sobre medidas hipotecarias e inclusión financiera.

El pasado mes de mayo, Ángel Gabilondo registró en las Cortes Generales el Informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables. Un Informe que analiza los factores y barreras que suponen riesgos de exclusión financiera y plantea 32 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas y un paquete de propuestas de mejoras a las patronales bancarias, con el objetivo de garantizar el acceso a un servicio esencial como el bancario.

Durante la reunión, el Defensor ha recordado algunas de sus recomendaciones. Así, ha señalado que la institución ha propuesto que se declaren servicios económicos de interés general determinados servicios bancarios, como la apertura de cuentas corrientes y cuentas de pago básicas -cuenta abierta en una entidad de crédito que permite a su titular el depósito de fondos, la retirada de efectivo y operaciones de pago en la Unión Europea, y que no puede condicionarse a la contratación de otros servicios adicionales-, la realización de movimientos bancarios y la retirada de efectivo.

También ha destacado que en el Informe se solicita estudiar la posibilidad de que Correos preste servicios adicionales, por cuenta de las entidades bancarias, en la España vacía y el mundo rural, y se hace especial hincapié en la necesidad de asegurar atención presencial en las oficinas para, entre otras, personas mayores y personas con discapacidad.