Los desastres naturales, la covid y las sentencias legales contra el Estado han costado a las arcas públicas el menos 57.000 millones de euros desde 2005

Los denominados riesgos fiscales han dejado una elevada factura para las cuentas públicas, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Estos eventos imprevistos, como la pandemia del coronavirus o un rescate bancario como el de Bankia provocado por una crisis y que conducen a que los resultados fiscales se desvíen de los previstos, le han costado a las arcas del Estado al menos 57.000 millones de euros desde 2005, según el Observatorio sobre riesgos fiscales que ha presentado hoy la AIReF.

La autoridad ha elaborado este estudio con el objetivo de lograr estrategias para mitigar estos riesgos que, de materializarse, pueden incluso suponer una desviación del PIB del 10%, según las evidencias internacionales; y poner en riesgo las finanzas públicas al provocar desviaciones del gasto público o la deuda esperada. En concreto, la AIReF se ha centrado en los riesgos que considera más relevantes para las cuentas de la administración central: los macroeconómicos, los ambientales y los de acciones legales contra el Estado.

En cuanto a los ambientales, la AIReF estima que el coste total para el Estado de desastres naturales como incendios, sequías o temporales extremos como la DANA de Valencia, así como otros como la pandemia del coronavirus, ha sido de 47.157 millones de euros entre 2005 y 2023 en conceptos como pagos del Consorcio de Compensación de Seguros, reconstrucción de infraestructuras o ayudas a damnificados. La cantidad, sin embargo, podría ser mayor dado que la AIReF reconoce que estos datos sólo recogen una aproximación a partir de las fuentes disponibles y de las bases de datos que se han desarrollado para esta opinión.

La autoridad considera que, para estar mejor preparado fiscalmente ante estos eventos, se debería mejorar la información disponible sobre desastres naturales, que es, en general, amplia pero muy fragmentada. Asimismo, cree que, dado que el coste en desastres ambientales va a ser cada vez mayor, "lo ideal es que se presupuestase ex ante porque al final los vas a tener que abordar", según han explicado fuentes de la autoridad.

Litigios

La AIReF también destaca en su informe que las demandas judiciales contra el Estado han representado un coste significativo para las finanzas públicas que cifra en 1.000 millones de euros anuales entre 2014 y 2023, cantidad a la que habría que sumar los intereses, que la AIReF no ha podido calcular; así como la minoración de ingresos posteriores. En este apartado, la autoridad destaca que numerosas sentencias han sido desfavorables para España, afectando a los ingresos de figuras tributarias como el IRPF o el Impuesto de Sociedades. La AIReF también destaca el uso inadecuado de instrumentos legales, especialmente el Real Decreto-ley, que ha derivado en varias sentencias de inconstitucionalidad, como la del caso sobre el Impuesto de Sociedades y la indemnización por el cierre de almacén de gas Castor.

Asimismo, la institución que preside Cristina Herrero advierte de que recientemente se han dictado sentencias desfavorables para administraciones públicas de una cuantía que estima en unos 12.000 millones de euros, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y a los años siguientes. Entre ellas, destaca la del tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que asciende a 6.500 millones de euros. En todo caso, la AIReF asegura que el impacto de estas sentencias todavía está por ver.

Entre las sentencias que más impacto han tenido ya en las cuentas públicas, la autoridad destaca la del denominado "céntimo sanitario" -1.671 millones de euros-, el efecto retroactivo del canon hidráulico -1.737 millones de euros-.

Para reducir la factura que dejan estos litigios, la AIReF considera que el Gobierno debería implementar políticas fiscales prudentes y adoptar estrategias que minimicen la exposición a estos litigios. Además, propone reforzar la evaluación del posible impacto financiero y legal antes de implementar cambios significativos del posible impacto financiero y legal antes de implementar cambios significativos.

En cuanto a los riesgos macroeconómicos, que se producen cuando hay perturbaciones macro imprevistas que provocan desviaciones inesperadas en los resultados fiscales como la Gran Recesión o también la pandemia, la autoridad propone mejorar el análisis de errores de previsión e incluir en los informes de la planificación fiscal un análisis de los errores de previsión de las proyecciones macroeconómicas y fiscales y de la correlación entre ambos. De igual modo, propone que la AIReF realice una evaluación sistemática de la calidad de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias de las administraciones públicas en el que se cuantifiquen estos riesgos que subyacen en las previsiones.

Para mitigar esta serie de riesgos, la AIReF recuerda que el Estado dispone de una herramienta concreta, el Fondo de Contingencia. Sin embargo, como alerta su informe, su capacidad para corregir estos eventos inesperados es limitada puesto que el gasto recurrente compromete, de media, el 43% del gasto asignado anualmente en los Presupuestos a este fondo en aspectos como misiones del Ejército en el exterior, que ha copado un 33% del importe ejecutado total ejecutado desde 2012; limitando así su capacidad para afrontar imprevistos. Por ello, la autoridad propone restringir el uso para gastos recurrentes de este fondo.