Díaz Ferrán «urdió» una trama para vender Marsans a cambio de 8 millones

Gerardo Díaz Ferrán declaró en la Audiencia Nacional el pasado marzo que él y su socio, el ya fallecido Gonzalo Pascual, vendieron el Grupo Marsans a Ángel de Cabo sin recibir contraprestación alguna, únicamente a cambio de que asumiese los 600 millones de deuda del entramado empresarial. Pero el juez Eloy Velasco, que investiga al ex presidente de la CEOE por haber fingido supuestamente la quiebra de la sociedad con el fin de eludir los pagos a más de 10.000 acreedores, piensa todo lo contrario.

En el auto en el que ayer, tras un interrogatorio de unos 45 minutos, acordó la prisión del empresario, eludible con el pago de una fianza de 30 millones de euros, el magistrado afirma que Díaz Ferrán y Pascual pactaron con De Cabo unos honorarios para cada uno de ocho millones de euros, a razón de 100.000 euros mensuales. «Díaz Ferrán habría ido recibiendo las mensualidades acordadas, directa o indirectamente por parte de De Cabo», desplazándose «cada dos o tres semanas» a la sede de Ascendia en Valencia, añade. Pascual, sin embargo, «no habría recibido ningún pago de los estipulados hasta el momento de su fallecimiento».

Imputado por cinco delitos

Velasco imputa a Díaz Ferrán los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible (con la agravante de ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero), estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El ex presidente de la CEOE, sin embargo, negó ayer todas las acusaciones y, como ya hizo el pasado 7 de marzo, descargó la responsabilidad de la gestión de Marsans en su socio fallecido. Negó al juez Velasco tener bien alguno en el extranjero, salvo un apartamento en Nueva York, y desmintió que disponga de cuentas bancarias en paraísos fiscales. En su declaración, según fuentes jurídicas, explicó que decidieron poner en venta bienes de Marsans forzados por la crisis y ante la evidencia de que iban a ser embargados.

El instructor sostiene que los dos socios del Grupo Marsans «habrían diseñado una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial» traspasando a Posibilitum, propiedad de De Cabo, empresario experto en gestionar sociedades agonizantes (es también el actual dueño de Nueva Rumasa), no sólo el conglomerado de Marsans, sino también su «patrimonio personal y familiar».

Ese «apoderamiento» económico es el resultado de una «trama urdida» por Díaz Ferrán y Pascual, en connivencia con De Cabo, para dar esquinazo a sus más de 10.000 acreedores habría supuesto, afirma el juez Velasco, la ocultación de patrimonio y activos por valor de más de 30 millones de euros. Para ello se valieron de De Cabo y su red de testaferros, responsables de haber «maquinado operaciones para, lucrándose, revertirle efectivo y patrimonios detrayéndolos a sus legítimos acreedores».

El «desembarco»

La estrategia pasaba por «ceder el control» a De Cabo, que se comprometió «a realizar una serie de pagos a los empresarios» y, una vez tomó las riendas de Marsans, llevó a cabo operaciones orquestadas a través de su red de colaboradores y testaferros, «cuyo fin último sería su lucro personal». Con este guión, muchos activos del grupo terminaron concentrándose bajo el paraguas de sociedades controladas, directa o indirectamente, por De Cabo.

Velasco desgrana en el auto los mecanismos utilizados supuestamente para ocultar el patrimonio de Marsans y blanquear su capital: uso de sociedades instrumentales; interposición de testaferros y fiduciarios; simulación de contratos; «numerosos traspasos» de altas cantidades entre cuentas de los mismos titulares; operaciones «sin un sentido económico aparente», y el uso de paraísos fiscales.

En el eje de toda esa maquinaria evasiva estaba, según el juez, De Cabo, máximo responsable de una sociedad, Posibilitum, dedicada a captar empresas en dificultades «de las que se aprovecharía para su beneficio personal». Con esa tarjeta de visita «desembarca» en Marsans escoltado por dos personas «de su máxima confianza», los también imputados Iván Losada y Susana Mora («de los pocos con poder de decisión en la organización»). Losada controlaría también a los testaferros de De Cabo: su cuñado Teodoro Garrido, Antonio García Escribano, Carmelo Estelles y Enrique Pardo, todos ellos imputados.