El sistema de protección social español cuenta con un pilar fundamental para quienes, por distintas circunstancias, no han podido cotizar a la Seguridad Social o no han alcanzado el periodo mínimo para acceder a una pensión contributiva. Se trata de las pensiones no contributivas, una red de seguridad económica que garantiza unos ingresos mínimos a los ciudadanos más vulnerables. Para el próximo año 2025, la cuantía de esta ayuda se ha fijado en 564,70 euros mensuales, repartidos en 14 pagas anuales. De hecho, la relevancia de estas ayudas se acentúa en un contexto donde expertos como José Elías advierten que ganar 2.000 euros podría considerarse 'ser pobre' en pocos años, subrayando la necesidad de estas redes de apoyo.

Asimismo, esta prestación se articula en dos modalidades principales con requisitos diferenciados. Por un lado, la pensión no contributiva de jubilación, orientada a personas de 65 años o más que no tienen derecho a la pensión ordinaria. Por otro, la de invalidez, que está dirigida a quienes, con una edad entre los 18 y los 65 años, pueden acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Esta distinción es fundamental para cubrir situaciones diversas, incluyendo a aquellos que, por las particularidades de su actividad laboral, como muchos autónomos que enfrentan desafíos económicos, no logran cumplir los requisitos de cotización.

En este sentido, uno de los requisitos indispensables para optar a la pensión de jubilación es haber residido en territorio español durante un mínimo de diez años, que deben haberse cumplido después de los 16 años de edad. Es una condición de acceso básica, tal y como señala para una entrevista en 'Semana', que busca asegurar un vínculo estable con el país antes de conceder la ayuda.

Requisitos de residencia e ingresos para acceder a la ayuda

Por otro lado, para la pensión por invalidez, el periodo mínimo de residencia legal en España se reduce a cinco años. No obstante, en ambas modalidades se comparte una exigencia crucial: es imperativo que al menos dos de esos años sean consecutivos y además inmediatamente anteriores a la fecha en la que se presenta la solicitud formal de la prestación.

Además, el acceso a esta ayuda está estrictamente condicionado por el nivel de recursos del solicitante. Para una persona que viva sola, el límite de rentas anuales se ha establecido en 7.905,80 euros para el próximo ejercicio. Este umbral, sin embargo, es flexible y se amplía cuando el solicitante convive con otros familiares, aplicándose baremos específicos que tienen en cuenta la composición y los ingresos totales de la unidad familiar. Para muchos beneficiarios, la gestión de estos ingresos se vuelve crucial, haciendo indispensable conocer trucos efectivos para ahorrar y llegar a fin de mes.

De hecho, la cantidad final que recibe cada beneficiario puede variar. La normativa contempla que si en un mismo domicilio conviven varios perceptores de una pensión no contributiva, la cuantía individual se reduce para ajustar la ayuda global del hogar. Con todo, el sistema asegura siempre una cobertura mínima, garantizando por ley que el importe de la pensión nunca será inferior a los 141 euros al mes.