El aceite de oliva al fin se abarata

Los precios en origen del aceite de oliva han mantenido una clara tendencia a la baja desde principios de año. En estos momentos las cotizaciones son inferiores a las que se registraban durante estas mismas fechas de 2017 en algo más de un 10 por ciento. Las caídas más acusadas se han registrado durante las dos primeras semanas de febrero, debido a la corta demanda existente en el mercado frente a una elevada oferta, cuando está a punto de finalizar la recolección de aceituna para molino en las zonas más tardías. Según fuentes de Oleoestepa, se hicieron operaciones a 3.250 euros por tonelada, frente a los 3.300-3.350 de la semana anterior; el aceite virgen se pagó a 3.400 euros (3.450) y los extras cotizaron a 3.550 euros (3.600).

En la última sesión de la Lonja de Extremadura se anotaron descensos de entre 25 y 50 euros en todas las calidades.

Mientras tanto, la comercialización de aceite de oliva en los cuatro primeros meses (octubre-enero) de la actual campaña 2017-18 se ha situado en 426.580 toneladas, de acuerdo con los datos provisionales que ha presentado la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA).

Más de un millón de toneladas

En caso de confirmarse estas cifras, se registraría una disminución del 12 por ciento en relación con el mismo periodo de la campaña anterior. A medida que se suceden los meses, se amplía la diferencia con esta última en lo que respecta a las salidas.

En el caso de la producción, con datos de finales de enero, habría superado ya el millón de toneladas, llegándose a 1,043 millones.

Las últimas previsiones apuntan a una cantidad final de entre 1,1 y 1,2 millones de toneladas. Por último, las existencias de aceite de oliva a finales de enero ascendían, según esas mismas fuentes, a 970.000 toneladas.

Por otro lado, hoy se reúnen en Bruselas los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) para continuar con sus reflexiones sobre la PAC del futuro, aunque siempre muy pendientes de lo que suceda con la negociación del Marco Financiero de la UE para el periodo 2021-27.

Está previsto que los ministros del ramo aborden con detalle las cuestiones relativas a las ayudas directas, el pago verde y todo lo relacionado con la política de desarrollo rural. El objetivo es llegar a un acuerdo sobre las grandes orientaciones, que deberían adoptarse en el Consejo Agrícola de marzo. España, y otros estados miembros también, ha dejado clara su oposición a la cofinanciación de las ayudas directas, idea planteada por la Comisión Europea en su última Comunicación.