
Empleo
Las empresas agrarias podrán ampliar hasta 120 días la duración de los contratos temporales en las campañas
Los agricultores también podrán contratar dos tarifas energéticas al año adaptadas a la estación

España cuenta ya con una ley contra el desperdicio alimentario, que se ha materializado este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La ley tiene como objetivo frenar el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección, hasta los consumidores finales, tanto en los hogares como en bares y restaurantes.
Según el Ministerio de Agricultura, la norma beneficiará a todos los operadores de la cadena, ya que facilitará que "optimicen sus recursos y mejoren su eficiencia productiva y su rendimiento".
La nueva normativa introduce varios cambios que afectan a la contratación, al empleo y a la operatividad energética, entre otros. Por ejemplo, las empresas agrícolas ganaderas y forestales podrán hacer contratos temporales de una duración máxima de 120 días por circunstancias de la producción, frente a las 90 jornadas permitidas para el resto de los sectores. Una medida que quedará modificada en la Ley del Estatuto de los Trabajadores para poder establecer esa exención.
Esta disposición sobre los temporeros agrícolas entrará en vigor con carácter retroactivo desde el 2 de enero de 2025. La ampliación a 120 días al año de los contratos temporales agrícolas fue añadida a la Ley del Desperdicio por las Cortes Generales, como consecuencia de una enmienda que promovió el Senado, a iniciativa del PP.
Los 120 días en la contratación de las explotaciones y empresas agroalimentarios "no podrán ser utilizados de manera continuada. Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos", según recoge el BOE. "No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa", añade.
Por otra parte, esta Ley habilita a los agricultores, las cooperativas y las comunidades de regantes para que puedan contratar dos tipos de tarifas energéticas al año con potencias diferentes, adaptadas al momento de la cosecha o del riego. "Podrán hacer uso del derecho al contrato de acceso con posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para la actividad, con la mera comunicación por medios telemáticos y/o telefónicos a su suministrador", apunta la disposición. Para ello, las compañías suministradoras facilitarán un número de atención telefónica gratuito y los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema.
Esta doble tarifa, con entrada en vigor retroactiva el 2 de enero de este año, es una reivindicación de las organizaciones agrarias y de los regantes, que han reclamado insistentemente que para ajustar mejor sus costes de producción se aplicarán dos importes diferentes al consumo energético, dependiendo, por ejemplo, si es el momento del año en que hay más o menos riego.
Asimismo, la Ley contra el Desperdicio incluye la declaración de interés general de numerosos proyectos de modernización y mejora de regadíos. Entre ellos figuran obras en: los Barrancos de Sierra Nevada en Abla y Abrucena (Almería); el Canal de La Retención en Ribas de Campos, Monzón de Campos, Grijota, Villaumbrales, Becerril de Campos, Husillos y Palencia (Palencia); Torreblanca (Ponts) y Basella en Lleida. También los proyectos de ampliación de zona regable tramo II Canal de la Margen Izquierda del Najerilla en Alesanco (La Rioja); Río de la Fuente en Navarrete (La Rioja) y Bajo Tuerto (León).
Recoge además modernizaciones en otras zonas regables de la provincia de León, Salamanca, Motril (Granada), San Roque (Murcia) y en el ámbito del Trasvase Tajo-Segura de Sangonera la Seca (Murcia).
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