Frente único del PP contra Montero y amenaza de guerra en los tribunales de Page por la bilateralidad con Cataluña

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ha desarrollado por los cauces esperados: posiciones contrapuestas entre Gobierno y comunidades, con el ruido de Cataluña de fondo. Las comunidades autónomas reclaman un nuevo sistema de financiación autonómico más justo y equitativo, rechazan la bilateralidad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene con Cataluña en materia económica y abren la puerta actuaciones judiciales si no se asegura la igualdad financiera entre todas las regiones. Aunque los gobiernos populares han mostrado hoy su unión en un frente común ante la titular de Hacienda, María Jesús Montero, algunas autonomías socialistas se han mostrado aún más beligerantes contra las intenciones del Gobierno central de "avanzar en los privilegios de Cataluña".

Así, el representante de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, ha rechazado de plano el "modelo singular de negociación bilateral" sobre fiscalidad entre el Estado y Cataluña defendido por las fuerzas independentistas y auspiciado por el propio Sánchez, y ha cargado contra Montero por impedir que en el orden del día se trate la condonación de la deuda a las comunidades. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha advertido que los servicios jurídicos del Gobierno castellano-manchego presentarán batalla judicial para impedir "tratos de favor y privilegios" para una comunidad, en este caso Cataluña, que ni tan siquiera ha mostrado interés por el encuentro porque "ya tenemos una negociación bilateral", explicaron fuentes de la Generalitat, y tras limitarse a mandar como "observadores" el secretario general de Economía y la directora general de Presupuestos, dos cargos de segunda fila.

Ruiz Molina ha puesto de ejemplo que "la mayoría" de las comunidades "comen el menú del día" mientras algunas otras como Cataluña "quieren comer a la carta. No sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias", ha apostillado, antes de confirmar cualquier negociación del nuevo modelo de financiación autonómica "se tiene que desarrollar en el CPFF, como no podía ser de otra manera". Si no fuera así, pondrán "todas las herramientas jurídicas" a su alcance para que "no haya privilegios sólo para algunos territorios".

Los gobiernos autonómicos del PP también han anunciado una ofensiva unida contra la bilateralidad con Cataluña, la infrafinanciación y los ajustes de "déficit excesivos que se sustentan sólo por las comunidades". Por ello han anunciado que mantendrán una "estrategia común" para exigir a Montero que se apruebe "de una vez por todas" la reforma de la financiación autonómica, a la vez que han rechazado que la reunión del Consejo se haya limitado a informar a las comunidades de los objetivos de estabilidad, "dejando al margen la reforma del sistema de financiación o la condonación de la deuda pactada por PSOE y ERC", explicaron a LA RAZÓN fuentes del PP.

En este sentido, la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, reclama que se ponga en marcha la reforma, "porque es absolutamente prioritario y necesario porque es un sistema obsoleto", al tiempo que se ha mostrado "muy preocupada" porque la "excusa que da el Gobierno sobre la bilateralidad con Cataluña es que están negociando una financiación singular para esta comunidad y esto da en la línea de flotación del acuerdo, del espíritu de consenso que debe primar en este Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Por su parte, la consellera valenciana de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha subrayado que exigirán el mismo trato "o mejor" que a otras comunidades autónomas, ya que su comunidad está "infrafinanciada", algo que, a su juicio, "no ocurre en otras". Asimismo, ha tildado de "falta de respeto" la ausencia de la consejera catalana: "Nos parece una evidencia de lo que realmente está ocurriendo, la indignante hoja de ruta que tienen al hacer comisiones bilaterales con Cataluña que, por supuesto, esto está dentro de la agenda del señor Puigdemont. Rompe el principio de igualdad entre todos los españoles".

El actual modelo de financiación autonómica se aprobó en el año 2009 durante el Gobierno de Zapatero, con una negociación con los partidos independentistas mediante la cual Cataluña se aseguró casi 4.000 millones de euros adicionales. El criticado acuerdo entre PSOE y ERC recoge la condonación 15.000 millones de la deuda que la comunidad catalana tiene con el Estado, la apertura en el primer trimestre de 2024 de una comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat para determinar una "financiación adecuada" y asegurar "los compromisos de inversión contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña".

Esto es precisamente lo que critica el resto de autonomías. "No sería razonable que nos reuniéramos simplemente para vernos y que los asuntos importantes y relevantes para la financiación autonómica se decida fuera de España se decida en Suiza y se decida con los socios separatistas del Gobierno", ha sentenciado el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo,