El Gobierno aprueba el reglamento contra el acoso al colectivo LGTBI en las empresas

El Consejo de Ministros acaba de aprobar este martes el Real Decreto que regula el reglamento contra el acoso en el trabajo de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI, lo que obligará a que todas las empresas de más de 50 empleados cuenten con medidas para garantizar la igualdad de trato y la no discriminación.

El borrador de la nueva norma, que el ministerio de Trabajo planteó a patronal y sindicatos y al que tuvo acceso Efe, recoge una serie de medidas planificadas para lograr la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas, además de un protocolo ante situaciones de acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género. Asimismo, el texto dota de autoridad a la Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento de dichas medidas y a sancionar si hubiera ataques a la libertad sexual de los trabajadores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que gracias a esta norma se “lleva la democracia a las empresas” al acabar “con una de las formas más agresivas de discriminación en España”. En este contexto, la ministra ha visto preciso recordar que “cuatro de cada diez personas trans son expulsadas del mercado de trabajo en el proceso de selección y más del 42% de las personas LGTBI son discriminadas sin rubor en España”.

Este Real Decreto, que se enmarca dentro de la Ley Trans, viene tras el acuerdo alcanzado con los agentes sociales el pasado mes de junio, cuya negociación fue, en palabras de Díaz, “compleja y duró más de seis meses”. Ahora, las empresas deberán incorporar las medidas acordadas en sus convenios colectivos en el plazo de tres meses (seis si no cuentan con uno) desde el día siguiente a la publicación de la norma y será de aplicación a toda su plantilla, incluyendo a los empleados puestos a disposición y fijos discontinuos. Por su parte, las empresas de 50 trabajadores o menos podrán negociar estas medidas de manera voluntaria.

Las empresas que las apliquen deberán integrar en sus planes de formación módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI y, en sus convenios colectivos, medidas que atiendan a la realidad de las familias diversas, cónyuges y parejas de hecho LGTBI.