El Gobierno de Sánchez no resuelve el problema de la vivienda, lo empeora

La vivienda escasa y cara no es una fatalidad, es una política. Los gobiernos más intervencionistas asfixian la oferta y desprotegen a la propiedad con un solos objetivo: Crear ciudadanos dependientes y presentarse como solución a los problemas que el gobierno mismo crea. Eso es exactamente lo que hace el Gobierno. Pedro Sánchez se presentó en las últimas elecciones con la promesa de construir 240.000 viviendas sociales y solucionar un problema que preocupa a todos los españoles. No ha hecho nada y solo ha impuesto una ley contraproducente que ha hundido la oferta y disparado los precios, como todas las medidas que atacan a la propiedad y penalizan la inversión.

La ley de la vivienda es, en realidad, la ley anti-vivienda. Desde su implementación se ha dado un aumento del 24% en los precios y una caída del 17% en la oferta. Es difícil conseguir un resultado peor en tan poco tiempo. Entre mayo de 2023 y octubre de 2025 la vivienda ha subido mucho más que el IPC y la oferta de alquiler se ha desplomado allá donde se ha aplicado la ley.

El precio medio de la vivienda de segunda mano alcanzó los 2.738 €/m² en agosto de 2025, un 45% más que cinco años antes, más del doble que la inflación (IPC) acumulada, según el INE.​ Solo en 2025, la vivienda se encareció un 12,7% en el segundo trimestre, la mayor subida en más de 18 años. Las estimaciones para todo el año 2025 apuntan a un alza entre el 10 y el 12%, lo que supone un máximo histórico de dificultad de acceso a la vivienda.​ El precio medio del alquiler a nivel estatal ha pasado de 906€ a alrededor de 1.146€ mensuales desde la ley de vivienda, más de un 26% de subida, especialmente severa allá donde se ha aplicado la ley porque la oferta, además, se ha desplomado un 17%.

En materia de vivienda, España no tiene un problema de “malos” y “buenos”, sino un problema mucho más difícil de vender ideológicamente en rueda de prensa por parte del Gobierno. La realidad es muy sencilla: no hay casas suficientes donde la gente quiere vivir, construir es un vía crucis y la inseguridad jurídica expulsa la oferta.

La población de España ha crecido hasta 49,3 millones, un incremento superior a 2 millones de personas desde los 47,1 millones de 2020, un aumento medio anual de población entre 2020 y 2025 de unas 430.000 personas. El número de viviendas iniciadas en España fue solo de 127.721 en 2024 y la tendencia anual se sitúa alrededor de 130.000 viviendas iniciadas. Es decir, ni siquiera se construye suficiente vivienda para la población nueva, y muchísimo menos si tenemos en cuenta el aumento de número de hogares anual. Desde 2021 hasta 2024, el número de hogares ha crecido a un ritmo medio de entre 200.000 y 259.000 cada año, según estadísticas del INE, y solo se construyen 130.000. El déficit entre demanda y oferta real de vivienda en España es uno de los más altos de países comparables.

La ultraizquierda argumenta que hay millones de pisos vacíos en España. Lo que no dicen es que la inmensa mayoría están en pequeños pueblos alejados de centros urbanos y gran parte ni siquiera son habitables.

España tiene escasez crónica de oferta y un Estado que llega tarde y mal. Los propios datos oficiales lo dicen: 3,8 millones de viviendas vacías (14,4% del parque), concentradas sobre todo en municipios pequeños y en muchos casos son pisos inhabitables, mientras faltan en las áreas demandadas por la población. No es que “sobren” casas, es que están donde no hace falta y, las que sí lo están, no se mueven por falta de seguridad jurídica para sacarlas al alquiler o rehabilitarlas.

Cuando existe la evidencia de que faltan viviendas, culpar a los agentes económicos que sí generan disponibilidad de vivienda es pura propaganda y muy mala política pública. A la vez, el ritmo de nueva producción es insuficiente y la inversión es inasumible en muchos casos. Sin licencias ágiles, suelo disponible y seguridad regulatoria, no hay solución eficaz.

El Gobierno ha encontrado su excusa perfecta, el chivo expiatorio, un villano falso pero cómodo: la vivienda de uso turístico. Ellos saben que las cifras no acompañan a su narrativa. Según el propio INE, las viviendas de uso turístico suponen solo el 1,5% del parque, sobre un parque total de 26,6 millones de viviendas. El que se piense que un 1,5% de la oferta de vivienda hace que los precios suban un 26% tiene un problema con la realidad y las matemáticas. Una fracción tan reducida no es en ningún caso la causa de la crisis de accesibilidad de la vivienda.

El intervencionismo sigue multiplicando medidas “anti-pisos turísticos” que no han puesto ni una vivienda más en alquiler residencial. Además, esta mala política lleva a un “cambio de carril” de la inversión. El ataque a los pisos turísticos, que son pequeños propietarios, y los falsos topes al alquiler tradicional no devuelven pisos al mercado estable y además hacen que la inversión se desplace a otros productos más flexibles.

El intervencionismo ha hecho que los precios del alquiler suban más rápido, la oferta se hunda y la obra residencial no despegue al ritmo que exige la demografía.

La evidencia de los controles estatales en materia de vivienda es tozuda: El profesor de economía sueco Assar Lindbeck afirmaba que «aparte de un bombardeo, el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes para destruir una ciudad», y tenía razón.

San Francisco y Berlín son dos ejemplos: cuando se interviene el precio y se penaliza la oferta, el mercado se hunde y el problema empeora. En San Francisco, al ampliar el mal llamado control de alquileres muchos propietarios sacaron sus pisos del alquiler y la oferta en los edificios afectados cayó en torno a un 15%, lo que a medio plazo tensó los precios del conjunto de la ciudad. En Berlín, se congelaron los alquileres y se partió el mercado: bajaron los precios de manera artificial en lo regulado, pero se desplomaron los anuncios disponibles y se encareció lo no regulado; además, el Tribunal Constitucional lo anuló. En Viena ocurre lo mismo: es imposible encontrar un piso disponible al precio “regulado”. En todos los casos, el resultado fue un desastre y menor acceso a la vivienda. El problema es que los intervencionistas siempre piensan que sus medidas fracasan porque no intervinieron lo suficiente.

No hay duda además que alquilar a largo plazo hoy es más arriesgado para el pequeño propietario. Las demoras e imposibilidad en desahucios por impago y los episodios de ocupación expulsan vivienda en alquiler. Sin plazos rápidos, ejecución efectiva y protección frente al impago, no habrá suficiente parque asequible. El Ministerio de Vivienda ha convertido la política de vivienda en una fábrica de anuncios: índices de referencia, ley de vivienda sin sentido y ahora un Observatorio de Vivienda Turística que hará “un atlas de intensidad turística por barrio”. Es difícil imaginar una herramienta menos conectada con el cuello de botella real, que son las licencias, suelo, fiscalidad y seguridad. Peor aún, ya existe un Observatorio de Vivienda y Suelo; lo que falta no es otro observatorio, sino más viviendas y menos postureo.

La estrategia estrella del Ministerio en materia de vivienda combina subsidios a la demanda (Bono Alquiler Joven) y avales públicos (línea ICO para la entrada), mientras el grifo de la oferta sigue cerrado. El resultado es menor oferta y precios más caros. El Bono Alquiler Joven, una nueva medida electoralista, nació supuestamente para ayudar a pagar el alquiler, pero no deja de ser una medida cosmética con impacto inexistente. El bono solo disfraza un problema creciente y además solo le llega a una parte mínima de los jóvenes que, además, tienen que pagar más impuestos para financiar el dichoso bono.

Los avales del ICO (hasta el 20% de la entrada) están oficialmente vigentes por convenio y supuestamente facilitan firmar hipoteca a jóvenes y familias, pero si no aumentamos el número de viviendas, estos avales empujan demanda sobre el mismo stock y no solucionan nada.

El relato oficial insiste en que “no hay recetas mágicas” y en exhibir nuevos planes intervencionistas estatales; pero el propio Ministerio no ha acreditado todavía con evaluaciones independientes que sus controles, bonos y avales hayan aumentado la oferta neta de alquiler y residencial en las zonas críticas. Sin KPI de licencias, viviendas iniciadas/terminadas y altas de alquiler de larga duración, la política es retórica, no gestión.

La salida no es otra medida propagandística, sino hacer crecer la oferta y quitar frenos. España debe construir más y mejor, reformar la Ley de Suelo, acotar licencias a menos de 60 días o silencio positivo y montar una ventanilla única que elimine duplicidades autonómicas y municipales. En paralelo, se debe implementar una fiscalidad pro-oferta que incluya bonificar IBI a quien rehabilite y a quien incorpore vivienda al alquiler asequible con contratos estables. Nada atraerá inversión si no hay seguridad para alquilar: Se deben dar plazos procesales breves, juzgados reforzados y seguros de impago con incentivos para el pequeño propietario.

Parece que el Gobierno y su Ministerio “estrella” confunden gestionar con propaganda y que el problema de España es por falta de información de los gestores públicos. Sin embargo, los agentes económicos que piensan que es todo un problema de información y educación se equivocan. El Ministerio no se equivoca, sigue un plan. El objetivo no es la vivienda asequible, sino el control y la erosión del derecho a la propiedad privada y utilizar constantemente el ataque al propietario y las empresas como arma ideológica.

Todas las medidas que solucionan el problema de la vivienda pueden ponerse en marcha en España, pero eso nunca ocurrirá cuando los responsables buscan la eliminación de la propiedad privada y la libertad empresarial. La solución al problema de la vivienda no es modificar la ley, sino derogarla y recuperar la seguridad jurídica, la defensa de la libertad y el derecho a la propiedad privada.