El Gobierno tiene en un limbo regulatorio 12.000 millones de fondos europeos no adjudicados y sin destino conocido

El Gobierno deberá hacer un «enorme esfuerzo de ejecución de los fondos pendientes», los que corresponden al 55% que queda por ejecutar del Plan de Recuperación original y los 10.300 millones en subvenciones y los 83.200 en forma de préstamos de los fondos adicionales de la Adenda. Así lo advierten los analistas de la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), que han constatado en su Observatorio Next Gen la ejecución del 45% de los fondos, lo que significa que se ha logrado alcanzar el 94% de los 70.346 millones comprometidos en subvenciones del Plan de Recuperación, un 2% por debajo del objetivo marcado a finales de 2023.

Según los datos aportados por el informe, el Ejecutivo ha comprometido hasta ahora 66.296 millones –sin incluir la Adenda– y, de ellos, 42.108 millones corresponden a ejecución por la Administración General del Estado (AGE) y 24.188 millones a la ejecución por las comunidades autónomas, con un protagonismo decreciente para estas últimas, que gestionan sólo el 36% de fondos, frente al 40% que el Gobierno tenía previsto transferir. También tiene un menor protagonismo el sector privado, que ha recibido el 40% del dinero, un 5% por debajo de lo que han recibido, administraciones, organismos e instituciones públicas.

Además, sólo un 46% de la dotación original del Plan de Recuperación habría llegado a los beneficiarios finales al cierre de 2023. Así, la AGE ha hecho convocatorias y licitaciones por el 78% de los fondos comprometidos, pero únicamente el 34% del plan inicial habría llegado a los beneficiarios finales (23.977 millones). A falta de datos sistematizados en el polémico sistema Coffee sobre la ejecución de las comunidades autónomas, LLYC sitúa en unos 8.600 millones los fondos adjudicados.

Otro de los puntos que preocupa tiene que ver con los fondos que han quedado como remanente. Desde LLYC alertan de la «acumulación significativa» de estos remanentes sin ejecutar –lo que serían fondos no adjudicados finalmente en convocatorias ya resueltas–, que sólo en el Estado acumulan un volumen de 6.575 millones de euros. En el caso de los fondos transferidos a los gobiernos autonómicos, la estimación –«puesto que no hay datos oficiales por cierta opacidad y falta de información de las regiones», apuntó en la presentación la directora de Asuntos Europeos de LLYC, Paloma Baena– se sumarían otros 5.205 millones a estos remanentes. La cifra total de los fondos que se quedan en un limbo ejecutorio se acercarían a los 12.000 millones, lo que supone casi un 17% de los fondos originales del Plan de Recuperación.

Un total que podría aumentar en los próximo meses hasta un 20% de los fondos originales a medida que avance la resolución de 7.784 millones de dotación ya convocados y los 4.020 millones pendientes de comprometer «si no se introducen medidas para agilizar de las convocatorias», apunta el informe. La cifra final del remanente podría situarse en 14.000 millones.

La Comisión Europea ha confirmado que no habrá prórrogas para el cumplimientos de hitos y requisitos por parte de los gobiernos más allá de 2026, por lo que España tendrá que cumplir 179 hitos de reforma y objetivos de inversión adicionales, lo que supone un total de 595 entre 2021 y 2026. «Si bien las nuevas reformas no suponen gran complejidad, el alto número de objetivos de inversión ponen un mayor énfasis en la necesidad de agilizar la convocatoria y resolución de fondos», recordó Francesc García Donet, analista de Asuntos Públicos de LLYC. Dada la improbabilidad de que se extienda el plazo de ejecución, «España tiene ante sí el desafío de continuar con la ejecución de los casi 70.000 millones ya asignados y comenzar la de 93.500 millones adicionales, la mayor parte en forma de préstamos», cuyo mecanismo de gobernanza, incluyendo la participación de entidades financieras, «no está aún del todo definido». García Donet apuntó que, con toda seguridad, el Gobierno, pese a haber solicitado el montante total de los préstamos, «finalmente, no los solicitará en su totalidad, dado que ya se están creando remanentes que no se han logrado ejecutar y que tendrán que ser redistribuidos».

Además, desde LLYC advierten de que a los retos estructurales que todavía están pendientes de resolver se unirán ahora nuevas exigencias para el cumplimiento de nuevos hitos y comprobación de los ya fijados anteriormente, «todo ello en un contexto de alta complejidad de la situación política en España, que está dificultando su aprobación».