Gonzalo Bernardos, economista, está harto por la subida del IVA a los pisos turísticos: "Son el chivo expiatorio"

El Gobierno estudia aplicar el tipo general del 21% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las viviendas de uso turístico. La iniciativa forma parte de un paquete legislativo destinado a mejorar el acceso a la vivienda, en un contexto de precios tensionados y escasez de oferta residencial.

La propuesta se fundamenta en la convicción de que el auge de plataformas como Airbnb ha contribuido a esta problemática. Se calcula que miles de pisos han sido desviados al alquiler turístico, reduciendo la disponibilidad para uso habitual y tensionando el mercado.

Esta tesis encuentra respaldo en diversos estudios. Investigadores de las universidades de Granada, Málaga y Sevilla, por ejemplo, establecieron que en barrios andaluces con más del 10% de viviendas turísticas, los precios del alquiler de larga temporada se elevaron hasta un 33%.

El debate sobre el impacto real y el tratamiento fiscal

El economista Gonzalo Bernardos ha criticado en una columna publicada en Expansión la propuesta de subir el IVA al 21%. Bernardos ve la medida como una penalización injusta a los propietarios, calificándola de "chivo expiatorio" de los errores en política residencial.

Bernardos se apoya en datos del INE: las viviendas turísticas son solo el 1,43% del total de inmuebles censados y un 7% de los de alquiler. Concluye que es "imposible" que sean la causa principal del encarecimiento. Sin embargo, expertos alertan que la concentración urbana (más del 30% en Málaga o 20% en Madrid y Barcelona) diluye su impacto en las estadísticas nacionales.

El economista destaca la disparidad fiscal: los hoteles tributan al 10% de IVA, mientras que los pisos turísticos, generalmente exentos, pasarían al 21%. A su entender, esto implica un trato más favorable a grandes empresas y fondos de inversión en comparación con los propietarios de clase media.

Las acciones del Ministerio de Consumo revelan un volumen considerable de anuncios irregulares. Más de 65.000 fueron retirados de Airbnb y 55.000, sin número de registro, denunciados. Esto sugiere un segmento fuera de las estadísticas oficiales, pese al compromiso de Airbnb de eliminarlos.

El giro en el discurso de Gonzalo Bernardos

Llama la atención la evolución de las posturas de Bernardos. Meses atrás, en un canal de YouTube, el economista proponía limitar por ley la expansión de viviendas turísticas. Defendía que ningún barrio debería superar el 5% de viviendas destinadas a este uso.

En aquel foro, Bernardos apoyaba tratar las viviendas turísticas como actividad económica sujeta a IVA y estándares hoteleros. Si bien consideraba oportuna su tributación, el 21% actual le parece desproporcionado frente al 10% de los hoteles.

Resta por ver si esta medida, que Bernardos califica de desproporcionada, logrará desincentivar el uso turístico de inmuebles para destinarlos al mercado residencial. Sus postulados actuales se alejan del discurso mayoritario de la izquierda, que exige medidas más firmes contra la expansión de plataformas como Airbnb.