Guerra regional a la vista si Sánchez cambia deuda por votos

La posibilidad de que Pedro Sánchez pueda negociar una «quita» de la deuda autonómica de Cataluña a cambio de los votos para su investidura como nuevo presidente del Gobierno ha hecho saltar todas las alarmas entre las comunidades más solventes y las que tienen menos números rojos con el Estado, como Castilla y León, Canarias, Asturias o Galicia. Especialmente agraviadas se pueden sentir las que no tienen ninguna dependencia de liquidez con la Administración Central. Tal es el caso de Madrid, País Vasco y Navarra, que decidieron prescindir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiarse y que ahora, si se confirma ese vuelco en las reglas de juego, pasarían a liderar el podium entre las regiones con mayor deuda, sea nominal o porcentual. Por ello, varias de ellas –de todo signo–, ya han anunciado que, de aprobarse la condonación general de la deuda que mantienen con el Estado algunas autonomías, se opondrían y plantearían medidas de presión, que podrían derivar en contenciosos judiciales, que serían más amplios si las prebendas solo van en una dirección –hacia Cataluña– y no se tienen en cuenta a todos los que tienen deudas o a los que no las tienen.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que los independentistas hayan puesto sobre la mesa la posibilidad de que les sea perdonada esa deuda. «Todavía no está oficialmente encima de la mesa», defendió esta semana, aunque sí que se abrió a la posibilidad a que pudiera plantearse una quita parcial a través de la reforma del sistema de financiación autonómica, que «quiero llevar adelante de una vez por todas si al final conseguimos formar Gobierno». Por tanto, Montero aprovecharía esa reforma para llevar a cabo esa condonación –que en principio fuentes gubernamentales reconocen a LA RAZÓN que apuestan porque fuera parcial y dirigida–, y rebajar de forma directa las obligaciones con el FLA. Lo que estas fuentes no han sido capaces de precisar es cómo, en qué medida o con qué sistema se llevaría a cabo este ajuste del endeudamiento, si se aplicaría a todas las comunidades, si se llevaría a cabo de forma lineal o de forma porcentualmente selectiva. «Todavía no hay nada sobre la mesa. Solo se están explorando posibles escenarios de negociación, nada más», precisaron.

Lo que queda claro es que si Pedro Sánchez diera luz verde a perdonar los 187.029 millones que las comunidades adeudan a las arcas del Estado para posibilitar la renovación de su Gobierno, a nadie se le escapa que Cataluña –cuyos partidos independentistas tienen la llave de la investidura– sería la más beneficiada, ya que dejaría de ser la región más endeudada en detrimento de Madrid, que accedería al primer puesto de este ranking al tener más de 37.000 millones en rojo pero al margen del FLA. Otras comunidades con mucha dependencia de este instrumento, como la Comunidad Valenciana –con más de 46.000 millones de deuda–, Andalucía –con 11.648– o Castilla La Mancha –con más de 11.000–, también podrían verse beneficiadas si esta condonación se extendiera a todas las regiones, por lo que acentuaría la tensión política entre gobiernos del mismo signo político, que compartirían o no esta rebaja.

Según los datos facilitados por el Banco de España, Cataluña es la comunidad que más a acudido a la «financiación blanda» del FLA, el mecanismo creado por el PP para solventar los problemas de liquidez que sufrieron los gobiernos autonómicos cuando los mercados financieros cortaron el grifo a destinatarios que consideraban de dudosa solvencia. Por ello, la región que preside Pere Aragonés acumula 71.852 millones de euros de deuda con el Estado, la que más, alcanzando casi el 40% del total de la deuda que todas las regiones tienen con este organismo. Si se aprobara la rebaja, Cataluña reduciría su deuda hasta el 5,25% de su PIB anual, en detrimento de otras regiones que desecharon la financiación, como País Vasco o Navarra. La primera cuenta con una deuda del 14,1% del PIB al margen del Estado, por el 13,5% del Gobierno navarro, por lo que casi triplicarían de golpe su porcentaje en relación con la catalana. Peor panorama se le presenta a Madrid, que logró desendeudarse al completo del Fondo hace justo un año y pasaría a ser la más endeudada, con un 37%.

Si como ha asegurado Montero el objetivo de la reforma del sistema de financiación y de una posible condonación es solucionar los problemas de liquidez y acabar con las «disfunciones» que el actual sistema tiene por la «asimetría» de la propia deuda, realizar una «quita» de forma general sin tener en cuenta factores de proporcionalidad entre regiones, podría provocar la rebelión de algunos gobiernos, como ya ha advertido Madrid, que sí que ha controlado su endeudamiento con el FLA y lo ha dejado a cero.

Además, hay que tener en cuenta la subida de los tipos de interés, tras el cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) para controlar la inflación, que no solo incide sobre las hipotecas y el crédito empresarial, sino también en el coste de financiación de la deuda, tanto la del Estado como la de las comunidades autónomas, que ha crecido exponencialmente durante el último año.

Según reconoce el propio Ministerio de Hacienda, el gasto en intereses de las regiones en el primer cuatrimestre de este año –el último dato disponible– se ha disparado casi un 40%, para superar los 1.360 millones, mientras que en el Estado ha crecido un 3% –un 103% en el caso de los organismos dependientes– y un 5,2% en el conjunto de las Administraciones Públicas, hasta los 10.000 millones. Este es otro problema para las comunidades, que tienen en el Estado la mayor parte de la gestión de su pasivo, 187.000 millones de los 322.000 millones de deuda total. Un importe que, en algunos casos como Cataluña o la Comunidad Valenciana, les ha evitado declararse en quiebra. Si se dibuja una proporción ascendente de esos 1.360 millones acumulados en intereses hasta abril con un arco hasta final de año, la situación podría ser preocupante para algunos gobiernos, ya que la factura extra final podría superar los 4.300 millones, con una desviación superior al 10% del presupuesto estimado, que estaría situado en los 3.900 millones, y que se acumularía en el déficit.

Asimismo, en el horizonte también aparecen dos nuevos nubarrones para los territorios con el diámetro del agujero de su deuda más grande: una menor capacidad para financiarse tras la finalización de los programas de compra de pasivo sin límite por parte del BCE y el regreso a las reglas fiscales que reactivará el Bruselas el próximo ejercicio, dentro del Pacto de Estabilidad de la UE de reducción del déficit al 3% y de la deuda al 60% del PIB.