La industria intensiva en calor acusa al Gobierno de firmar su sentencia de muerte

"Una sentencia de muerte". Así de tajante se ha mostrado el sector industrial calorintensivo ante la propuesta de recorte al sector planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La patronal que agrupa a la industria de la cogeneración -que representa el 20% del PIB industrial y el 6% de la electricidad del país y más del 15% del consumo nacional de gas- ha encendido las alarmas ante una propuesta de orden para la retribución del sector en el periodo 2026–2031 que incluye un recorte de más de 250 millones de euros anuales, un 25% menos de retribución regulada.

Acogen, que agrupa a los sectores alimentario, papelero, químico, cerámico, de refino o del automóvil, califica de "claramente lesivo" y "equivalente a una sentencia de muerte del sector cogenerador en el medio plazo".

El sector advierte que este recorte llega con una producción que ha caído ya un 50% en los últimos cinco años y 1.300 millones de inversión bloqueados por el retraso de las subastas prometidas por el propio ministerio. "Estamos ante una propuesta de ruina, con nuevas caídas de facturación tras las más de 1.500 millones ya sufridas, pérdida de empleo y repunte de precios para un sector castigado por años de parálisis regulatoria", denuncia la patronal.

El "nuevo volantazo" regulatorio del Gobierno modifica los criterios de reconocimiento de costes que se venían aplicando desde 2014 y reducido los parámetros retributivos de la nueva metodología aprobada en 2024, degradando estructuralmente el marco establecido en la Ley 24/2013 y el Real Decreto 413/2014.

"Con esta modificación propuesta por el Ministerio, se llevaría a cabo un recorte severo de la retribución para 2026-2031 y una degeneración del marco en vigor que -de aprobarse- abocaría al cierre completo de la cogeneración en España en los próximos años", alertó la asociación.

Derechos de CO2

Acogen señaló que el cambio "más grave" en la revisión regulatoria afecta al reconocimiento de los costes de CO2, más de 500 millones de euros anuales que las cogeneraciones pagan al Ministerio por los derechos efectivamente adquiridos menos los asignados gratuitamente a sus industrias asociadas.

El nuevo criterio del Ministerio reduce los costes reconocidos e implica que todas las industrias deberán abonar ahora a las plantas de cogeneración costes de CO2 del calor suministrado, una hipótesis que Acogen calificó de "injusta" e "inviable" con un impacto directo superior a 250 millones de euros anuales.

Además, añadió que el Ministerio reconoce para 2026 solo un incremento de un 1% anual en los costes de operación y mantenimiento (O&M) desde el año 2020, "cuando las cuentas auditadas en un reciente informe de PwC sobre los costes que ha registrado el sector acreditan que en seis años han subido en torno a un 50%, equivalentes a 11 euros/MWh, lo que supone otros 150 millones de euros no reconocidos", afirmo.

A ello, la asociación estimó que "se suma un posible error" en el cálculo del valor de ajuste de 2023, que Acogen cifra en 200 millones de euros aún pendientes de cobro, de los cuales el Ministerio habría detraído arbitrariamente unos 75 millones de euros al modificar el método de cálculo.

Acogen, que está ultimando unas alegaciones cuyo plazo vence el próximo 24 de noviembre, instó así al Ministerio a corregir la propuesta estructuralmente antes de su aprobación definitiva prevista para febrero de 2026, ya que advirtió de que de aprobarse esta orden, "se destruiría una tecnología clave para la eficiencia y la competitividad industrial de España".